Represión, mentiras y viviendas de privilegio: las grietas del relato policial tras el reclamo habitacional
Las declaraciones del comisario general Néstor Oviedo, titular de la Unidad Regional N°1, lejos de aportar claridad sobre los graves hechos ocurridos en el Instituto Provincial de la Vivienda, profundizaron las dudas y las críticas sobre el accionar policial frente a un reclamo social pacífico encabezado mayoritariamente por mujeres, con presencia de niños y bebés.
Oviedo intentó justificar la violenta intervención policial afirmando que "la prioridad fue proteger a los menores", argumento que, según denunciaron las manifestantes, no resiste el contraste con lo ocurrido en el interior del organismo. Las mujeres reclamaban por el acceso a viviendas sociales que esperan desde hace décadas sin obtener respuestas, mientras —según expusieron— existen adjudicaciones irregulares y casos de funcionarios que dispondrían de más de una vivienda social.
En ese sentido, el reclamo volvió a poner el foco en la situación de Marcelo Sosa, a quien las vecinas señalan por poseer dos viviendas sociales contiguas, presuntamente transformadas en una lujosa casa quinta.
La denuncia del oficialismo contrasta con la realidad de cientos de familias que, tras más de 30 años de inscripción, continúan excluidas del acceso a una vivienda digna.
Según la versión oficial, unas 30 mujeres ingresaron al IPV simulando realizar trámites y luego cuatro o cinco se encadenaron en la escalera de acceso, afectando el funcionamiento del organismo, que cerró cerca de las 12:30 por receso vacacional. Oviedo evitó mencionar que el conflicto se habría originado cuando las autoridades del IPV se negaron a recibir a las manifestantes y a brindar explicaciones sobre las adjudicaciones cuestionadas.
El jefe policial sostuvo que la mayor preocupación de las fuerzas de seguridad fue la presencia de cuatro menores lactantes expuestos a altas temperaturas durante más de 12 horas. Sin embargo, las mujeres denunciaron que las condiciones se agravaron porque se habría cortado el aire acondicionado, se cerraron los baños y se impidió el ingreso de agua, alimentos y medicamentos. Lejos de una acción preventiva, describieron un escenario de hostigamiento y coerción.
Oviedo afirmó que se convocó a personal del SAME, a la Línea 102, a efectivos del área de Minoridades y Familias y a una psicóloga, y que el diálogo fue "permanente". No obstante, responsabilizó a la doctora Gabriela Neme por los incidentes, mientras aseguró que el desalojo ordenado por el López Picabéa se realizó "de manera pacífica y sin lesionados".
Las imágenes y testimonios que circularon posteriormente contradicen esa versión, al mostrar forcejeos, empujones y un uso desproporcionado de la fuerza contra mujeres indefensas. Aun así, la Policía informó el inicio de una causa por daño, atentado y resistencia a la autoridad e instigación a cometer delitos, y sostuvo que el edificio quedó en "condiciones deplorables".
El contraste entre el discurso oficial y los hechos denunciados vuelve a encender el debate sobre el uso del poder coercitivo del Estado para acallar reclamos sociales legítimos, así como sobre la falta de transparencia en la política habitacional. Mientras familias enteras esperan respuestas desde hace décadas, las explicaciones oficiales se multiplican, pero las soluciones siguen ausentes, en un contexto político atravesado por denuncias de favoritismo hacia militantes y allegados al poder que encabeza Gildo Insfrán.
