Militancia, represión y uniformes: el caso Arce expone la politización de la Policía en Formosa
La difusión de fotografías y videos que circularon en las últimas horas volvió a poner en el centro de la escena a la María Estela Arce, una funcionaria policial que había salido a la palestra pública tras encabezar la violenta represión contra mujeres y niños que reclamaban pacíficamente el acceso a una vivienda, un derecho que —según denuncian— les es negado desde hace décadas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Las nuevas imágenes no solo confirman su exposición pública, sino que la muestran participando activamente de un acto de campaña electoral del gildismo provincial, posando junto al gobernador Gildo Insfrán y a la cuestionada ministra de la Comunidad.
La escena resulta particularmente sensible por tratarse de una comisaria en actividad, cuya intervención política se encuentra expresamente prohibida por la normativa vigente.
Un ministerio bajo sospecha
Lo llamativo es que, en las fotografías, Arce aparece rodeada de militantes del Ministerio de la Comunidad, cartera controlada por la agrupación 17 de Octubre, que arrastra graves denuncias públicas. Entre ellas, la acusación contra un concejal de esa línea política señalado por haberse quedado con dos viviendas sociales, además de cuestionamientos por la entrega de módulos habitacionales que habrían terminado funcionando como centros de venta de drogas o aguantaderos.
Ese mismo ministerio también fue señalado por desalojar a la familia de una nena de 9 años víctima de abuso sexual, mientras el falso pastor denunciado recuperaba la libertad y, de manera escandalosa, accedía a una vivienda nueva.
En ese contexto, la presencia activa de una jefa policial en actos y espacios de militancia partidaria profundiza la gravedad institucional del caso.
Una prohibición legal explícita
La participación política de la comisaria Arce no es un hecho aislado. Según se denuncia, a pesar de la prohibición establecida en la Ley Provincial N.º 672/87, Arce no solo habría militado activamente sino que, además, desarrollaría tareas administrativas dentro del Ministerio de la Comunidad, aun siendo miembro en actividad de la fuerza policial.
Este caso aparece como la punta de un iceberg mucho más amplio: el de jueces militantes, ex funcionarios del "Modelo Formoseño" y oficiales policiales afiliados ilegalmente al Partido Justicialista.
Denuncias reiteradas y una lista extensa
Estas irregularidades fueron denunciadas en reiteradas oportunidades por el abogado Gabriél Hernández, quien sostuvo que existen Oficiales Superiores y Oficiales Jefes de la Policía de la Provincia de Formosa afiliados a un partido político, en violación directa del artículo 24 inciso c) de la Ley Nacional N.º 23.298, que prohíbe expresamente la afiliación partidaria del personal de las fuerzas de seguridad, tanto en actividad como en retiro cuando son llamados a prestar servicios.
En ese marco, se solicitó la ampliación de una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal, contra una extensa nómina de jefes y oficiales de la Policía de la Provincia de Formosa.
Pruebas documentales
Como sustento de la acusación, se incorporó un Acta de Constatación notarial labrada en agosto de 2017 por el escribano Miguel Carlos Torres Barberis, en la que se certifica que, mediante consultas en padrones oficiales y partidarios, los oficiales denunciados figuran como afiliados al Partido Justicialista. A ello se suman constancias impresas del padrón nacional de afiliados, que coinciden con los registros partidarios provinciales.
Un problema estructural
La aparición pública de la comisaria Arce en actos de campaña, sumada a su rol protagónico en episodios represivos, reaviva un debate de fondo: la utilización de las fuerzas de seguridad como herramienta política, la confusión entre Estado, partido y aparato represivo, y la erosión de la neutralidad institucional que debería regir en una democracia.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso vuelve a desnudar un entramado de poder donde la militancia partidaria y el ejercicio de la fuerza pública parecen avanzar peligrosamente sin controles ni sanciones, mientras las denuncias se acumulan y las respuestas oficiales siguen ausentes.
