Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados como el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. El peronismo, en tanto, votó en contra en general, aunque durante el tratamiento en particular el Frente Renovador acompañó el artículo que fija la edad de punibilidad en 14 años, al argumentar que se trata de una posición histórica del espacio.

Cambios centrales del nuevo régimen

El proyecto no solo reduce la edad de imputabilidad, sino que fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos agravados, abusos sexuales o secuestros.

Para delitos con penas menores a 10 años, prevé alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de concurrencia a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

La norma también contempla la creación de institutos especializados para adolescentes, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad.

Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con consentimiento expreso de la víctima.

Debate político y posiciones enfrentadas

Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que el régimen vigente —sancionado en 1980— "no previene, no resocializa y no repara", y afirmó que la nueva ley incorpora estándares internacionales que el país suscribió pero no había reglamentado.

Desde el oficialismo, el diputado Santiago Santurio defendió la reforma al señalar que busca dar una respuesta frente a delitos graves cometidos por menores y garantizar que "no queden impunes", además de reforzar el rol del Estado en materia de seguridad.

En la vereda opuesta, el dirigente social y diputado Juan Grabois cuestionó que la discusión se centre exclusivamente en la edad de punibilidad y reclamó un abordaje integral que incluya salud mental y tratamiento de consumos problemáticos. En la misma línea, el legislador peronista Juan Carlos Molina planteó que la prioridad debería estar en fortalecer la educación y las políticas sociales.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto consideró que la baja de la edad es una medida "acorde a estándares internacionales", pero advirtió que sin inversión en infraestructura y programas educativos "es solo una medida declamativa".

Presupuesto y respaldo de víctimas

En la última versión del texto se incorporó una partida presupuestaria de $23.739 millones para la implementación del régimen: $3.131 millones destinados al Ministerio de Justicia y $20.607 millones a la Defensoría General de la Nación. La modificación respondió a reclamos de gobernadores, que habían advertido sobre el impacto fiscal en las provincias.

El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos integrantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, quienes respaldaron la reforma.

Con la media sanción obtenida, el oficialismo confía en lograr la aprobación definitiva en el Senado antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.