Con la mira en 2027, el Gobierno analiza una reforma electoral que podría eliminar las PASO e impulsar la Boleta Única de Papel

En la Casa Rosada admiten que todavía no existe un proyecto consensuado, pero reconocen que el tema de la reforma politica y electoral comenzó a discutirse en reuniones reservadas de la mesa política del oficialismo. La intención sería avanzar una vez que el Congreso concluya el tratamiento de las reformas económicas en marcha, particularmente la laboral y la impositiva, consideradas prioritarias dentro del programa de gobierno.

PASO en la mira

Las PASO continúan vigentes para el calendario electoral de 2027, ya que en 2025 solo se aprobó su suspensión transitoria y no su derogación definitiva. Sin embargo, sectores del oficialismo sostienen que, con una mayor fortaleza parlamentaria, podrían insistir con su eliminación.

Entre los argumentos esgrimidos aparece el costo fiscal que implica su organización, en línea con la política de déficit cero que impulsa el Poder Ejecutivo. Además, dentro del espacio de Javier Milei consideran que el esquema interno de La Libertad Avanza, de conducción centralizada, no requiere una instancia de competencia primaria a nivel nacional.

La eventual ausencia de PASO obligaría a las fuerzas opositoras a ordenar sus candidaturas directamente de cara a las elecciones generales, modificando las estrategias de armado y negociación interna.

Boleta Única y "lista completa"

Otro punto bajo análisis es el perfeccionamiento de la Boleta Única de Papel. El oficialismo evalúa incorporar un casillero que permita votar por lista completa con una sola marca, en un contexto en el que el instrumento electoral será más extenso que en comicios anteriores, ya que en 2027 se elegirán Presidente y Vicepresidente, parlamentarios del Mercosur, diputados nacionales y, en ocho provincias, también senadores.

En distritos donde aún rige la Ley de Lemas, la expansión del uso de la BUP podría tener impacto indirecto sobre sistemas que han sido cuestionados por distorsionar la representación, aunque cualquier modificación en ese sentido dependerá de la Corte Suprema de Justicia o de las legislaturas provinciales.

Cambios en el financiamiento partidario

La reforma también podría retomar un proyecto presentado a fines de 2024 que proponía modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La iniciativa contemplaba eliminar el aporte extraordinario estatal para campañas electorales, bajo el argumento de que la Constitución garantiza el sostenimiento institucional de los partidos, pero no necesariamente el financiamiento pleno de sus campañas.

El esquema mantendría el Fondo Partidario Permanente, pero promovería una mayor participación de aportes privados y mixtos. Paralelamente, se proponía endurecer los requisitos de supervivencia de los partidos políticos, elevando el piso electoral necesario para evitar la caducidad y aumentando las exigencias para la creación de fuerzas nacionales.

Entre los cambios planteados figuraban: elevar del 2% al 3% el mínimo de votos en dos elecciones consecutivas para conservar la personería; incrementar el porcentaje de electores requeridos para constituir un partido de distrito; exigir reconocimiento en al menos diez jurisdicciones para conformar un partido nacional y alcanzar un piso aproximado de 35.000 afiliados.

Secuencialidad política y económica

Desde el entorno presidencial explican que cualquier reforma electoral debe inscribirse en una "secuencialidad" que acompañe el programa económico. La prioridad inmediata es consolidar las reformas estructurales en materia laboral e impositiva. Recién luego podría abrirse el debate político-institucional.

Aunque por ahora no hay definiciones formales, en el oficialismo reconocen que el fortalecimiento parlamentario alimenta la expectativa de avanzar en cambios de fondo. De concretarse, la reforma electoral sería una de las apuestas estratégicas más relevantes de cara al ciclo político que culminará en 2027.