Casación confirmó el archivo de la causa contra Insfrán por $1.660 millones al PJ y reavivó la polémica sobre el financiamiento político

La investigación había puesto la lupa sobre movimientos bancarios realizados entre el 2 y el 7 de octubre de 2024, cuando se transfirieron más de $1.660 millones desde una cuenta del Gobierno provincial en el Banco de Formosa hacia una cuenta del PJ en el Banco de la Nación Argentina. Según la Justicia, los fondos correspondían a descuentos aplicados a salarios de funcionarios jerárquicos afiliados al partido y no a recursos públicos desviados.

El argumento legal y las dudas políticas

Los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky entendieron que la operatoria se apoyó en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y normativa provincial. Además, señalaron la existencia de un convenio firmado en 2007 entre el Ministerio de Economía formoseño y el PJ que habilita las retenciones del 10% sobre las remuneraciones de funcionarios políticos.

En su voto, Mahiques sostuvo que la operatoria estuvo "debidamente documentada y bancarizada" y contó con controles de la Justicia Federal con competencia electoral y de la Cámara Nacional Electoral. Para la mayoría del tribunal, no correspondía cuestionar judicialmente la conveniencia de las normas que permiten estas deducciones.

Sin embargo, más allá de la formalidad jurídica, la magnitud de los montos transferidos vuelve a instalar el debate sobre la frontera entre partido y Estado en provincias donde el oficialismo gobierna de manera ininterrumpida desde hace décadas.

La controversia por los funcionarios

La querella, encabezada por el abogado David Gamarra, había cuestionado la cantidad de funcionarios alcanzados por los descuentos. Mientras el Ministerio de Economía informó retenciones vinculadas a 90 funcionarios jerárquicos, un organigrama oficial publicado en la web institucional mencionaba solo 38 autoridades de ese rango.

El tribunal desestimó el planteo al considerar que el organigrama no necesariamente refleja la totalidad de los cargos jerárquicos existentes y que hay distintas escalas contempladas en resoluciones internas.

Votos en disidencia y posible llegada a la Corte

No fue un fallo unánime. El juez Juan Carlos Gemignani votó en disidencia y sostuvo que debía realizarse una audiencia para profundizar el análisis antes de cerrar definitivamente la causa. En instancias anteriores, también hubo posturas minoritarias que consideraron prematuro el archivo.

La querella dejó planteada la reserva del caso federal, lo que habilita la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Legalidad y legitimidad

Aunque la Justicia consideró que las transferencias fueron legales, el cierre del expediente no despeja el cuestionamiento político sobre un esquema en el que aportes partidarios se canalizan directamente desde estructuras estatales, bajo convenios vigentes desde hace más de una década.

La resolución judicial pone punto final —al menos por ahora— a la causa penal. Pero no clausura el debate público sobre transparencia, autonomía institucional y la relación entre el aparato estatal y el financiamiento del partido gobernante en Formosa.