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La Justicia falló contra el senador Francisco Paoltroni y lo condenó a pagar más de $101 millones por desmonte ilegal

La fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, confirmó que la Justicia de primera instancia rechazó los planteos de inmunidad parlamentaria del legislador y ratificó la multa impuesta por daño ambiental.

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La Justicia de primera instancia de Formosa dictó un fallo favorable a la provincia en una causa por desmonte ilegal que provocó daño ambiental, condenando al senador nacional Francisco Paoltroni al pago de una multa superior a 101 millones de pesos, más intereses y costas judiciales.

La información fue confirmada por la fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, quien explicó que la sanción había sido aplicada originalmente por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia tras detectarse la infracción ambiental.

Según detalló la funcionaria, el legislador —que forma parte del oficialismo a nivel nacional— no cumplió con el pago de la multa administrativa, lo que llevó al Estado provincial a iniciar la correspondiente ejecución judicial, mecanismo habitual cuando una sanción no es abonada voluntariamente.

Durante el proceso judicial, la defensa de Paoltroni presentó distintos planteos para evitar el pago de la sanción, entre ellos la inmunidad parlamentaria, falta de legitimación y la inconstitucionalidad de la norma que sustenta la multa.

Sin embargo, todos esos argumentos fueron rechazados por la Justicia, que avaló la actuación del Estado provincial.

"La inmunidad parlamentaria no corresponde en este caso", explicó Zabala. "La inmunidad es para no ir preso por sus dichos en el recinto o en el ejercicio de su función legislativa, pero no para evitar el pago de deudas o multas como cualquier ciudadano", sostuvo.

La fiscal de Estado remarcó además que el productor fue debidamente notificado de la sanción administrativa y que tuvo la posibilidad de regularizar la situación antes de que la provincia avanzara con la vía judicial.

"El monto de la condena en primera instancia es de 101 millones de pesos, más los intereses correspondientes y las costas del juicio", precisó.

Asimismo, explicó que este tipo de procedimientos forman parte de las herramientas legales que posee el Estado para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales cuando una persona sancionada no cumple con el pago de una multa administrativa.

Finalmente, Zabala anticipó que es probable que la defensa del senador apele la resolución judicial.

"Seguramente lo va a apelar y nosotros defenderemos la decisión también en esa instancia, porque estamos convencidos de que es lo que corresponde", afirmó.

En ese sentido, subrayó que la provincia busca hacer valer la normativa vigente y proteger el derecho ambiental, principio consagrado tanto en la legislación provincial como en la Constitución Nacional.

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