BLAS HOYOS: EL RELATO NO PUEDE REEMPLAZAR A LA HISTORIA
Cada 24 de marzo, la Argentina vuelve a caer en la misma trampa: la utilización política de una de las etapas más trágicas de su historia. Lo que debería ser un ejercicio de memoria colectiva se transforma, año tras año, en una disputa por imponer un relato conveniente.
No se busca comprender el pasado, se busca dominar el presente
Cada vez que se conmemora un nuevo aniversario del más nefasto golpe de Estado que dio inicio a la dictadura más sanguinaria de las tantas que padeció este país, se reitera la misma discusión.
Es una conducta recurrente, ya que los sectores enfrentados en aquel entonces pujan por imponer su propia versión de lo ocurrido.
En primer lugar, el golpe de 1976 fue la culminación de un proceso mucho más largo que comenzó a mediados de la década del 60, en el que las Fuerzas Armadas y el peronismo —con Perón operando desde el exilio—, en una relación de intereses y tensiones, contribuyeron a la caída del gobierno constitucional de Arturo Illia.
A partir de allí, Perón advirtió que, si bien el golpe había sido exitoso, no le garantizaba su regreso al país ni al poder. Un sector importante de las Fuerzas Armadas desconfiaba de él, y dentro del propio peronismo comenzaba a gestarse la idea de un "peronismo sin Perón", impulsado por dirigentes sindicales como Augusto Vandor.
En ese contexto se inicia el operativo retorno de Perón. Paralelamente, surgen organizaciones armadas que impulsan acciones de propaganda y violencia política en un clima de creciente conflictividad. En ese período, Perón respaldó a sectores juveniles a los que denominó "juventud maravillosa".
El fenómeno de la violencia política se intensificó luego del Cordobazo en 1969, que debilitó al gobierno de facto de Onganía. Finalmente, el general Lanusse convocó a elecciones. Ante la imposibilidad de que Perón fuera candidato, se conformó la fórmula encabezada por Héctor Cámpora, con el objetivo de facilitar el retorno del líder justicialista.
El breve gobierno de Cámpora estuvo marcado por una fuerte influencia de sectores de la izquierda peronista, la liberación de presos políticos y una creciente radicalización. Tras el regreso de Perón al país, las tensiones internas del movimiento se profundizaron, evidenciándose dramáticamente en episodios como la masacre de Ezeiza.
Con la consolidación del liderazgo de Perón, la ruptura con las organizaciones armadas se volvió definitiva. El asesinato de José Ignacio Rucci marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, Perón condenó a los Montoneros, calificándolos de "imberbes" y "estúpidos", y los expulsó de la Plaza de Mayo.
Desde ese momento, las organizaciones como Montoneros pasaron a la clandestinidad, intensificando acciones armadas como atentados, secuestros y ataques, en un contexto de creciente violencia política.
Frente a este escenario, el gobierno constitucional impulsó medidas para combatir la subversión. Entre ellas, la creación de estructuras parapoliciales como la Triple A, y posteriormente, los decretos firmados en 1975 que ordenaban a las Fuerzas Armadas "aniquilar el accionar subversivo".
Con la muerte de Perón, asumió la presidencia María Estela Martínez, en un contexto de extrema debilidad institucional y creciente violencia. La situación derivó en un escenario de descontrol político y social que precedió al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Con el golpe, se instauró un régimen dictatorial que implementó un sistema represivo ilegal y sistemático, con desapariciones, torturas, asesinatos y apropiación de menores.
Con el retorno de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín impulsó la CONADEP y el histórico Juicio a las Juntas, sentando un precedente internacional en materia de derechos humanos. Ese proceso se basó en la recopilación de testimonios y pruebas que documentaron miles de casos de desapariciones forzadas.
Posteriormente, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y más tarde los indultos de los años 90, generaron fuertes controversias en torno al alcance de la justicia.
En los años 2000, los gobiernos kirchneristas se apropiaron de la agenda de derechos humanos, impulsando la reapertura de los juicios, aunque también fueron cuestionados por una lectura parcial de los hechos, centrada exclusivamente en los crímenes del terrorismo de Estado.
Lo cierto es que la historia argentina de los años 70 fue compleja y atravesada por múltiples violencias:
✔ Existieron organizaciones armadas con acciones violentas.
✔ Hubo una escalada de violencia política previa al golpe.
✔ El terrorismo de Estado implicó un sistema ilegal y sistemático desde el aparato estatal.
La memoria debe construirse sobre la base de la verdad completa, sin omisiones ni manipulaciones.
Cuando cada sector intenta imponer una versión parcial de la historia, lo que se pierde no es solo el debate, sino el sentido mismo de la memoria.
La memoria debe servir para no repetir errores. La verdad no puede ser fragmentada según conveniencias políticas.
Y el gran punto de inflexión institucional que permitió reconstruir la democracia fue el proceso iniciado en 1983, con el Juicio a las Juntas, que marcó un hito en la historia argentina y mundial.
Porque la memoria sin verdad se convierte en relato.
Y la verdad, en democracia, debe ser siempre una sola.
