Amenazas a docentes: jornada clave en Formosa por una causa denunciada por el GDA
Este martes declarará un director en una causa penal por amenazas a una docente. El caso reaviva la preocupación por la violencia creciente en las escuelas de la provincia.
Una causa judicial que expone la creciente conflictividad en el ámbito educativo tendrá este martes una instancia clave en la ciudad de Formosa. Se trata de la investigación iniciada a partir de la denuncia de una docente de la EPEP N° 445 del barrio Liborsi, quien aseguró haber sido víctima de amenazas, en un hecho que generó fuerte repercusión dentro de la comunidad educativa.
Desde la agrupación Docentes Autoconvocados recordaron que el caso fue visibilizado públicamente el año pasado, tras el acompañamiento gremial a la denuncia presentada por la docente Marcelina Correa Torres. La causa se encuentra actualmente en el fuero penal y continúa avanzando con nuevas declaraciones.
Según se informó, este martes 31 de marzo a las 9 horas prestará declaración el director de la institución, William Iván Karpiel, mientras que el miércoles está prevista la comparecencia de la persona acusada de las agresiones.
El caso ha despertado una fuerte expectativa en el sector docente, que observa con preocupación el incremento de episodios de violencia dentro de las escuelas. Desde el espacio gremial advirtieron que las amenazas y agresiones hacia docentes —ya sea por parte de directivos, coordinadores, tutores o incluso estudiantes— se han vuelto cada vez más frecuentes.
En ese marco, miembros de la comisión directiva de Docentes Autoconvocados confirmaron que acompañarán a la docente denunciante y se harán presentes en las inmediaciones del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, ubicado en San Martín 641, donde se desarrollarán las audiencias.
La causa, que se tramita bajo la órbita del juez Marcelo López Picabea, se ha convertido en un caso testigo para el sector, que reclama garantías de seguridad y condiciones dignas para el ejercicio de la docencia en la provincia.
Con este nuevo avance judicial, la comunidad educativa de Formosa sigue de cerca un expediente que podría sentar un precedente en la respuesta institucional frente a situaciones de violencia en las aulas.
