FORMOSA: JUECES EN MODO MILITANCIA, EL COLEGIO DE LA MAGISTRATURA CRUZÓ UNA LÍNEA ROJA INSTITUCIONAL

El reciente pronunciamiento del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Formosa encendió todas las alarmas institucionales. Lejos de limitarse a una reflexión técnica o jurídica, el documento firmado por la entidad que preside la Dra. Viviana Taboada se convirtió en una pieza de posicionamiento político explícito contra el proyecto de intervención federal impulsado en el Senado de la Nación.

El eje del cuestionamiento no radica en el rechazo en sí —la intervención federal, prevista en la Constitución Nacional Argentina, es una medida excepcional y debatible— sino en el lugar desde donde se formula. Cuando quienes deben garantizar la imparcialidad del sistema judicial abandonan la prudencia institucional y se expresan como actores políticos, el problema deja de ser jurídico para convertirse en estructural.

El comunicado del Colegio no sólo cuestiona la viabilidad del proyecto, sino que ensaya una defensa cerrada del funcionamiento institucional de la provincia gobernada por Gildo Insfrán. En ese gesto, para sus detractores, se configura una situación alarmante: jueces y magistrados asumiendo un rol de respaldo político al poder Ejecutivo, en abierta tensión con el principio de división de poderes.

La doctrina constitucional es clara: el Poder Judicial debe actuar como contrapeso, no como sostén del gobierno. La cercanía —o peor aún, la subordinación— erosiona el equilibrio institucional y compromete la credibilidad del sistema. Cuando esa alineación se expresa de manera pública e institucional, la sospecha deja de ser una hipótesis para convertirse en evidencia política.

El documento también intenta desestimar los fundamentos del pedido de intervención, al sostener que no existe alteración del orden republicano ni impedimentos en el funcionamiento de los poderes del Estado. Sin embargo, ese planteo omite deliberadamente el contexto que motiva la iniciativa: denuncias reiteradas sobre concentración de poder, cuestionamientos al sistema electoral, señalamientos sobre uso de recursos públicos con fines partidarios y acusaciones de persecución política.

 Para sectores críticos no hay dudas sobre la degradación institucional de un sistema que lleva décadas bajo el control de una misma conducción política.

El punto más delicado, sin embargo, es de naturaleza ética. Los códigos que rigen la magistratura establecen que los jueces deben evitar cualquier conducta que comprometa su independencia o los involucre en disputas políticas. El pronunciamiento del Colegio, con un tono que excede lo técnico y se adentra en lo militante, es una franca contradicción con esos principios.

No se trata de limitar la libertad de expresión de los magistrados, sino de recordar que su rol institucional impone restricciones. No son actores políticos, no pueden comportarse como tales y, mucho menos, hacerlo en defensa corporativa de un gobierno.

El impacto de este episodio va más allá del debate puntual sobre la intervención. Lo que queda en discusión es la confianza pública en la Justicia. Cuando quienes deben garantizar imparcialidad aparecen tomando partido, se resiente uno de los pilares básicos del sistema republicano.

Paradójicamente, el intento de deslegitimar el pedido de intervención federal terminó alimentando uno de sus argumentos centrales: la presunta falta de independencia de los poderes del Estado en la provincia.

Porque si el Poder Judicial se expresa como parte de un mismo esquema político, la pregunta deja de ser si corresponde intervenir, para pasar a ser qué grado de autonomía real conservan las instituciones formoseñas.