Insfrán acusó de "robo" y expuso la falta de transparencia y la opacidad en su propia gestión
En un acto por el Día del Trabajador, el gobernador Gildo Insfrán acusó de "ladrones" que "no pueden justificar sus patrimonios", a funcionarios del gobierno nacional. La frase reaviva una vieja deuda de su gestión: la falta de transparencia en Formosa, donde el acceso a la información pública y datos clave como los salarios de los funcionarios, sus declaraciones juradas e información sobre su meteórica evolución patrimonial sigue siendo un secreto guardado bajo 7 llaves.

Cuando la transparencia no empieza por casa, las acusaciones pierden fuerza
En política, el peso de las palabras suele medirse por el contexto en el que se pronuncian. Y en ese sentido, las recientes declaraciones del gobernador Gildo Insfrán no pasaron inadvertidas. Durante un acto por el Día del Trabajador, el mandatario cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei, al que acusó de cometer un "robo" y de no poder justificar sus gastos en relación con sus ingresos.
La frase, contundente, abrió una discusión inevitable: ¿desde qué lugar se emite una acusación de ese calibre en una provincia donde, desde hace años, distintos sectores cuestionan la falta de acceso a la información pública?
La vara que se levanta para otros también debería aplicarse puertas adentro
Formosa arrastra críticas persistentes en materia de transparencia y la imposibilidad de acceder a datos básicos de gestión: cuánto ganan los funcionarios, cuáles son sus declaraciones juradas patrimoniales y cómo evolucionaron sus bienes a lo largo del tiempo.
Información que, en otros distritos, suele estar disponible de manera pública y sistematizada, aquí aparece directamente inaccesible.
La frase que se vuelve espejo
Este déficit no es menor. En términos institucionales, la publicidad de esos datos constituye una herramienta central para el control ciudadano y la rendición de cuentas. Su ausencia, en cambio, alimenta sospechas, debilita la confianza en las instituciones y son un campo fértil para la impunidad de la corrupción administrativa.
En ese marco, las palabras del gobernador adquieren otra dimensión. Cuando Insfrán plantea que "el día que ellos me puedan demostrar que su gasto es fruto de sus esfuerzos y de su trabajo, los va a aplaudir", la frase inevitablemente se vuelve espejo. Porque el mismo estándar que exige hacia afuera es el que, según sus críticos, no se aplica hacia adentro de la estructura provincial.
El contraste se profundiza al considerar la prolongada permanencia del mandatario en el poder. Más de tres décadas de gestión consolidaron un esquema político con fuerte centralización, donde los mecanismos de control institucional y acceso a la información han sido objeto de cuestionamientos recurrentes. En ese escenario, la opacidad no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica estructural.
El discurso también incluyó referencias al contexto internacional, al conflicto en Medio Oriente y a la situación económica global, pero fue su crítica al gobierno nacional la que concentró la atención pública. No tanto por su contenido —habitual en la confrontación política— sino por la contradicción: exigir transparencia mientras se gobierna bajo un sistema que, según denuncian, no la garantiza ni minimamente.
Así, más allá del tono encendido del acto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la necesidad de fortalecer los estándares de acceso a la información y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.
Porque en democracia, la transparencia no debería ser un argumento de ocasión, sino una práctica constante. Y las acusaciones, para sostenerse, requieren de un respaldo que empiece por casa.










