La Cámara Federal suspendió parte de la sesión del Consejo Superior de la UNaF y profundizó la crisis institucional universitaria

La Cámara Federal resolvió hacer lugar a una medida precautelar presentada por los decanosRafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria, suspendiendo el tratamiento de puntos centrales de la sesión extraordinaria convocada para el 8 de mayo por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

El fallo, dictado con habilitación de días y horas inhábiles ybajo un trámite de extrema urgencia, representa un nuevo capítulo en la escalada judicial que atraviesa la casa de estudios yvuelve a dejar bajo sospecha el creciente nivel de intervención judicial sobre la autonomía universitaria.

La resolución de la Cámara no ingresa todavía al fondo de la cuestión, pero sí toma una decisión de enorme impacto político e institucional:paralizar parcialmente una sesión del máximo órgano de gobierno universitario, en base al planteo de tres decanos suspendidos previamente por el propio Consejo Superior.

El argumento formal del Tribunal es evitar que se consoliden actos administrativos que luego puedan resultar de "imposible o dificultosa reparación". Sin embargo, detrás de ese razonamiento jurídico aparece un dato inocultable:la Justicia federal termina condicionando directamente el funcionamiento político e institucional de una universidad nacional.

La medida genera fuertes interrogantes porque la Cámara admite expresamente que el análisis realizado es "limitado" y que todavíano cuenta con todos los elementos necesarios para resolver la cautelar principal.Aun así, decidió intervenir preventivamente sobre una sesión universitaria soberana, aceptando el planteo de los decanos alineados políticamente con el oficialismo provincial.

El fallo además deja expuestauna contradicción de fondo: mientras en el discurso institucional se invoca permanentementela defensa de la autonomía universitaria, en la prácticael gobierno de la universidad queda cada vez más judicializadoy sujeto a decisiones cautelares que alteran su dinámica interna.

La resolución también llama la atención por la velocidad de su tratamiento. La Cámara habilitó días y horas inhábiles y resolvió en cuestión de horas un planteo presentado apenas el 7 de mayo, argumentando la "urgencia" derivada de la proximidad de la sesión extraordinaria.Esa celeridad contrasta con otros expedientes de alto interés público que suelen dormir durante meses o años en los tribunales federales.

En términos estrictamente jurídicos, la Cámara fundamentó su decisión en la figura de la "medida precautelar", prevista en la Ley 26.854, sosteniendo que el requisito central en esta etapa es el peligro en la demora y no la verosimilitud del derecho. Es decir,el Tribunal ni siquiera se pronuncia sobre quién tiene razón en el conflicto, pero aun así decide frenar el tratamiento institucional dentro de la universidad.

Ese punto resulta particularmente sensible. Porqueel fallo reconoce que todavía no analiza el fondo del planteo ni la legalidad definitiva de las decisiones cuestionadas,pero igualmente avanza sobre el funcionamiento del Consejo Superior, configurando una intervención judicial directa sobre la vida institucional universitaria.

La disputa de fondo excede ampliamente una cuestión administrativa o reglamentaria.Lo que está en juego es el control político de la UNaF, una institución atravesada desde hace años por enfrentamientos internos, denuncias cruzadas, operaciones políticas, embates del gobierno provincial y alineamientos partidarios.

En ese contexto,el fallo de la Cámara aparece como mucho más que una simple resolución cautelar. Para sectores críticos, constituyeun nuevo avance de la judicialización de la política universitaria y una señal preocupante sobre el debilitamiento progresivo de la autonomía institucional.

Mientras tanto, la crisis sigue escalando yla UNaF permanece atrapada en una guerra de poder donde las decisiones judiciales ya no solo interpretan conflictos: también moldean el rumbo político de la universidad.