Multitudinaria marcha universitaria en Plaza de Mayo para exigir financiamiento y recomposición salarial

Una nueva marcha federal universitaria se llevó adelante este martes con una masiva convocatoria en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país, donde docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones sindicales reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para el sector.

La movilización fue convocada por la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Gremial Universitario, quienes llamaron "a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad" a participar de la protesta en defensa del sistema universitario público.

En la ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a concentrarse desde el mediodía y la Plaza de Mayo quedó colmada para el acto central, que se inició a las 17 horas con la entonación del Himno Nacional Argentino. También participaron distintos gremios y organizaciones sindicales que acompañaron el reclamo con banderas, bombos y consignas contra las políticas del Gobierno nacional.

Durante el acto, representantes de los gremios docentes y no docentes, junto al CIN y la FUA, denunciaron que el financiamiento universitario se encuentra en una situación "crítica" debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Según expresaron los organizadores, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que —aseguraron— representa "una reducción inédita" de los recursos destinados al sostenimiento del sistema universitario público. Además, advirtieron sobre el deterioro salarial de docentes y trabajadores universitarios tras el cierre de las paritarias.

"Esta situación ubica actualmente a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia", sostuvieron desde los sectores gremiales, al tiempo que remarcaron que los trabajadores universitarios perciben "los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina".

También cuestionaron el estado financiero de las universidades y hospitales universitarios, señalando que el poder adquisitivo de las partidas de funcionamiento no supera el 64% del que tenían en enero de 2023. Según indicaron, se perdieron alrededor de nueve meses de transferencias presupuestarias.

En ese contexto, los organizadores apuntaron contra el Gobierno nacional por lo que calificaron como un "acto de desprecio institucional sin precedentes", al considerar que se ignoró la ratificación parlamentaria de la Ley de Financiamiento Universitario y los fallos judiciales que ordenaban su cumplimiento inmediato.

Durante la jornada también solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se garantice el cumplimiento de la normativa y el financiamiento de las universidades públicas.

Por su parte, desde el Gobierno nacional, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez calificaron a la protesta como "completamente política" y sostuvieron que la única ley que cumplirán será la del presupuesto vigente.

El conflicto entre las universidades y la administración del presidente Javier Milei se remonta a 2024, cuando comenzaron las primeras marchas reclamando actualizaciones presupuestarias. Posteriormente, en 2025, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, aunque su aplicación quedó suspendida por decisión del Poder Ejecutivo hasta que se definan las fuentes de financiamiento correspondientes.

Desde el Gobierno argumentaron que la normativa no especifica claramente el origen de los recursos y advirtieron que su implementación podría afectar la estabilidad macroeconómica del país. Incluso, señalaron que cumplir íntegramente con la ley requeriría reasignar gran parte de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.

Mientras tanto, la disputa judicial continúa abierta luego de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario para frenar la aplicación de la norma, medida que fue aceptada por la Justicia y que dejó suspendida la cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas universitarias hasta que se expida la Corte Suprema.