Bullrich apuntó al corazón del poder formoseño: las críticas al "régimen feudal" también dejaron bajo sospecha al juez federal Pablo Morán

Cuando Bullrich calificó a Formosa como "el régimen más feudal, corrupto y antirrepublicano del país", pocos dudaron de que el destinatario principal era el modelo político construido por Gildo Insfrán durante más de tres décadas de poder ininterrumpido.

Pero el mensaje fue todavía más profundo cuando la ministra afirmó que en Formosa "la Justicia no existe" porque responde directamente al poder político y garantiza impunidad.

Allí, para numerosos sectores opositores, las palabras dejaron de apuntar únicamente al gobernador y comenzaron a rozar directamente a uno de los nombres más cuestionados del sistema judicial federal formoseño: el juez Pablo Fernando Morán.

La referencia no parece casual.

Bullrich recordó durante su intervención las condenas por corrupción contra el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone Calcográfica y cuestionó con dureza el funcionamiento institucional de Formosa.

"En Formosa el monarca juzga. Nosotros vivimos en una República, no en una republiqueta", disparó.

La frase resonó con fuerza especialmente porque la provincia fue el único distrito del país donde ni Boudou ni Insfrán terminaron condenados dentro de un expediente judicial vinculado a la operatoria de The Old Fund, la firma asociada a Alejandro Vandenbroele y al entorno del ex vicepresidente kirchnerista.

La historia judicial detrás del caso sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos de la relación entre política y Justicia en Formosa.

Mientras el Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó en 2018 a Boudou a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública —condena luego confirmada por Casación y ratificada por la Corte Suprema—, la derivación formoseña del expediente terminó con sobreseimientos y cierre de actuaciones.

La causa vinculaba a Insfrán con operaciones de reestructuración de deuda pública provincial donde apareció involucrada The Old Fund.

Sin embargo, tras el desdoblamiento del expediente impulsado por la jueza Ariel Lijo y el envío de una parte de la investigación a Formosa, el juez Pablo Morán terminó sobreseyendo a Insfrán y cerrando el expediente provincial en 2022.

Para la oposición, aquello representó un claro caso de "doble vara judicial".

Mientras en Buenos Aires el expediente derivaba en condenas firmes y prisión efectiva para Boudou, en Formosa la misma trama judicial terminaba sin responsables políticos ni consecuencias penales.

Por eso, cuando Bullrich habló de una Justicia sometida al poder político provincial, numerosos dirigentes interpretaron que el señalamiento alcanzaba también directamente al funcionamiento del juzgado federal conducido por Morán.

Las críticas al magistrado no son nuevas.

Desde hace años, sectores opositores y organismos críticos del gobierno provincial lo señalan como un juez funcional al poder político formoseño.

Entre los antecedentes más mencionados aparece el rechazo a los habeas corpus presentados durante la pandemia por ciudadanos formoseños que denunciaban abusos, restricciones extremas y violaciones de derechos humanos durante los cierres provinciales y los centros de aislamiento.

También se cuestiona su rol como juez con competencia electoral, señalando una supuesta pasividad frente a denuncias históricas sobre clientelismo político, uso de recursos estatales y presuntas maniobras de distorsión electoral en la provincia.

Ahora, el conflicto universitario de la Universidad Nacional de Formosa volvió a colocar al magistrado en el centro de las críticas.

Sectores vinculados a la actual conducción universitaria sostienen que existe una avanzada judicial orientada a debilitar la autonomía universitaria y favorecer políticamente los intereses del oficialismo provincial sobre la estructura de poder de la UNaF.

La paradoja política resulta evidente:

mientras el oficialismo formoseño denuncia como "antidemocrático" el proyecto de intervención federal impulsado desde la oposición, al mismo tiempo sectores críticos sostienen que el gobierno provincial busca intervenir indirectamente la Universidad Nacional de Formosa a través de decisiones judiciales.

En ese contexto, las declaraciones de Bullrich terminaron funcionando como mucho más que un simple cruce parlamentario con José Mayans.

Para la oposición formoseña, el discurso dejó instalado nuevamente un debate incómodo para el poder provincial:
si en Formosa existe realmente independencia judicial o si parte del sistema institucional funciona subordinado a las necesidades políticas del modelo construido alrededor de Gildo Insfrán.