¿Estado para perseguir o para proteger? Las graves denuncias de una familia de Ingeniero Juárez vuelven a poner bajo la lupa el accionar policial

En Formosa parece repetirse una lógica que cada vez genera mayor indignación entre quienes trabajan y producen: cuando el Estado debe brindar soluciones, suele llegar tarde o directamente no aparece; pero cuando se trata de desplegar todo el peso de su aparato de control, lo hace con una rapidez y una contundencia que difícilmente exhibe para resolver los problemas de la gente.

La denuncia realizada por los propietarios de una carnicería de Ingeniero Juárez vuelve a colocar esa contradicción en el centro del debate.

Según relataron públicamente, un procedimiento policial derivó en el secuestro del vehículo utilizado para transportar la mercadería, la pérdida de las llaves de la unidad y una cadena de decisiones que terminó ocasionando importantes pérdidas económicas para una familia que vive de su trabajo.

Si esos hechos ocurrieron como fueron denunciados, el interrogante es inevitable: ¿quién responde por los perjuicios ocasionados?

Porque el Estado tiene la obligación de controlar. Nadie discute esa facultad. Lo que resulta inadmisible es que un procedimiento oficial termine, presuntamente, destruyendo la economía de un pequeño comerciante sin que posteriormente aparezca ningún funcionario dispuesto a hacerse cargo de las consecuencias.

Lo más preocupante es que este episodio no aparece aislado.

Desde hace años, comerciantes, productores y vecinos de Ingeniero Juárez denuncian la falta de infraestructura, el deterioro de servicios esenciales y las enormes dificultades para desarrollar cualquier actividad económica en el oeste provincial.

El funcionamiento del matadero local, la logística para el abastecimiento y la escasa presencia estatal para resolver problemas estructurales forman parte de reclamos históricos que rara vez encuentran respuestas concretas.

Sin embargo, cuando llega el momento de controlar, decomisar o secuestrar bienes, el Estado demuestra una eficiencia que contrasta con la lentitud que exhibe para solucionar las necesidades más básicas de la comunidad.

Ese doble estándar alimenta una sensación de indefensión cada vez más profunda.

Muchos pequeños comerciantes sienten que trabajan con el permanente temor de convertirse en la próxima víctima de un procedimiento que, lejos de brindar seguridad jurídica, termina colocando en riesgo la continuidad de sus emprendimientos.

En cualquier Estado de derecho, el ejercicio del poder público exige una enorme responsabilidad.

Cada procedimiento debe respetar protocolos, preservar los derechos de los ciudadanos y evitar causar daños innecesarios. La autoridad no se mide por la capacidad de imponer fuerza, sino por la capacidad de actuar dentro de la ley, con razonabilidad y respeto por quienes viven de su esfuerzo.

Por eso este caso no puede archivarse como un simple conflicto administrativo.

Las autoridades provinciales tienen la obligación de explicar qué ocurrió durante el procedimiento, si se respetaron todos los protocolos establecidos, quién debe responder por las pérdidas denunciadas y qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Porque cuando una familia siente que el mayor riesgo para su trabajo no proviene de la inseguridad, sino de un procedimiento estatal que considera arbitrario, el problema deja de ser individual.

Se convierte en un síntoma institucional.

Y cuando ese temor comienza a extenderse entre quienes invierten, producen y generan empleo, el Estado debería dejar de preguntarse cómo controlar más y empezar a preguntarse por qué tantos ciudadanos ya no se sienten protegidos por quienes tienen precisamente esa obligación.