Histórica familia rural denuncia que el Gobierno busca quitarles un campo que poseen desde 1932 para adjudicárselo a Miguel Insfrán

Según relataron, el conflicto se remonta a 2006, cuando el entonces director del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, Manuel Rodríguez, dictó una resolución que, de acuerdo con la familia, contenía afirmaciones falsas sobre el estado del establecimiento, al sostener que el predio estaba abandonado y sin mejoras.

Fernanda Herrera rechazó esa versión y afirmó que el campo se encuentra alambrado en aproximadamente un 95%, que durante generaciones realizaron inversiones para su desarrollo y que la familia mantiene una ocupación histórica y productiva del lugar.

"Siempre tuvieron intenciones de quitarnos el campo", sostuvo, al tiempo que denunció que desde hace cinco años funciona un destacamento policial dentro del establecimiento rural, situación que —según aseguró— les impide desarrollar normalmente las tareas productivas.

Denuncian que un fallo judicial favorable fue desconocido

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la referencia a un proceso judicial que, según la familia, concluyó con una sentencia favorable dictada por el entonces juez Gustavo Shaeffer, quien habría rechazado las pretensiones del Estado provincial y reconocido la legitimidad de la posesión ejercida por los Herrera.

Iris Fernández Insaurralde aseguró que ese fallo nunca fue apelado y quedó firme. Sin embargo, afirmó que en 2016 el Gobierno provincial impulsó una nueva resolución administrativa firmada, según dijo, por el gobernador Gildo Insfrán, la fiscal de Estado Stella Maris Zabala y el entonces director de Tierras, Manuel Rodríguez, reabriendo el conflicto pese a la existencia de aquella decisión judicial.

"Ellos perdieron el juicio y nunca lo apelaron. No entendemos cómo ahora pueden intentar despojarnos nuevamente de nuestra tierra", manifestó.

"Nos quieren fundir para que abandonemos el campo"

Durante la entrevista, la familia describió un escenario que calificó como de persecución permanente.

Según denunciaron, la presencia policial dentro del establecimiento no tendría fines de seguridad sino de presión sobre los propietarios.

"La Policía no nos deja trabajar ni producir. Está ahí para desgastarnos, para presionarnos y que terminemos abandonando el campo", afirmó Iris Fernández Insaurralde.

Además, sostuvo que el verdadero interés detrás del conflicto sería favorecer a un tercero.

En ese sentido, señaló a Miguel Insfrán, exintendente de Villa Escolar, como el presunto beneficiario de las actuaciones administrativas cuestionadas, pese a que —según expresó— esa localidad se encuentra a unos 600 kilómetros del establecimiento en disputa.

Una denuncia que trasciende un conflicto de tierras

Más allá del litigio sobre la propiedad o la posesión del inmueble, la denuncia adquiere especial relevancia por la gravedad de las acusaciones formuladas.

La familia sostiene que existe una utilización coordinada de herramientas administrativas, policiales y judiciales para desplazar a pequeños productores rurales en beneficio de personas con vínculos políticos.

También denunciaron amenazas, presiones y una situación de permanente hostigamiento que, según afirman, afecta no solo su actividad económica sino también su vida cotidiana.

Con visible emoción, Iris Fernández Insaurralde aseguró que la familia continuará defendiendo el establecimiento que heredó de sus antepasados.

"No vamos a tirar por la borda tantos años de sacrificio. Es la tierra donde crecimos y donde queremos que también crezcan nuestras hijas", expresó.

Un caso que reabre el debate sobre las tierras fiscales

Las denuncias de la familia Herrera vuelven a colocar bajo la lupa el manejo de las tierras fiscales en Formosa, una temática que desde hace años genera controversias y cuestionamientos por parte de productores rurales, comunidades originarias y sectores de la oposición.

Si las acusaciones formuladas por la familia fueran corroboradas por las instancias judiciales correspondientes, el caso podría representar uno de los episodios más graves denunciados en los últimos años respecto de la utilización del aparato estatal en conflictos por la tenencia de tierras.

Hasta el momento, las afirmaciones difundidas corresponden a la versión brindada públicamente por la familia Herrera. No obstante, por la magnitud de las denuncias —que incluyen presuntas irregularidades administrativas, desconocimiento de decisiones judiciales y utilización de recursos estatales para ejercer presión sobre productores rurales— el caso plantea interrogantes que podrían requerir una respuesta institucional y el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades competentes.