Denunciaron que el juez Pablo Morán disfruta del Mundial en EE.UU., como si no hubieran problemas en Formosa

La figura del juez federal Pablo Morán volvió a quedar bajo la lupa luego de un informe emitido por LN+, donde periodistas del canal cuestionaron su presencia en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes y plantearon interrogantes respecto de su situación funcional e imparcialidad en su desempeño en distintos ámbitos institucionales.

El informe generó repercusiones inmediatas en Formosa, donde desde hace años diversos dirigentes opositores vienen cuestionando la manifiesta parcialidad actuación del magistrado en causas de alto impacto político, electoral e institucional.

"UN JUEZ GILDISTA"

Si bien el programa televisivo centró parte de su análisis en la presencia del juez en el exterior, y en el pedido de apartamiento del cargo que ocupa irregularmente en la AFA, el debate rápidamente se trasladó hacia un tema mucho más amplio: la confianza pública en la independencia del Poder Judicial.

Morán no solo garantizó la impunidad de Gildo Insfrán en la causa Ciccone-The old Fund, desdoblada la misma por la que Boudou estuvo preso en Buenos Aires, sino es un juez con competencia electoral, que fue sistemáticamente funcional a las maniobras de fraude de El Modelo Formoseño.

Los periodistas denunciaron que Morán tiene pedido de apartamiento del cargo que ocupa irregularmente en el Tribunal de ETICA en la AFA, donde blindó las maniobras del Chiqui Tapia.

En el video también se lo ve al juez Pablo Morán, fabulando a favor de la reelección indefinida de Gildo Insfrán, y atacando a la oposición que al igual que la Corte Suprema sostiene que la reelección indefinida: es inconstitucional, mintiendo que en la mayor democracia del mundo, los gobernadores tienen reelecciones indefinidas. "UN JUEZ GILDISTA" sentenció el periodista Majul.

Un magistrado cuestionado por la oposición

Desde distintos espacios políticos opositores sostienen desde hace tiempo cuestionamientos sobre la imparcialidad de Morán, particularmente en expedientes vinculados con actores políticos e institucionales de la provincia.

Esas críticas forman parte de un debate público que se mantiene abierto desde hace varios años y que se intensificó a partir de distintas decisiones judiciales adoptadas por el magistrado en causas de fuerte repercusión política.

El antecedente de la causa UNaF

Uno de los episodios que más alimentó ese debate fue la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que revocó el procesamiento del rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Parmetler, y de la secretaria privada del Rectorado, Zully Rivero.

El tribunal también dejó sin efecto la medida cautelar que los había apartado preventivamente de sus cargos durante 90 días.

En su resolución, la Cámara entendió que el procesamiento presentaba deficiencias en su fundamentación y consideró que existían controversias normativas que impedían sostener, con el grado de probabilidad requerido por la ley, la responsabilidad penal atribuida a los imputados.

Asimismo, ordenó que el juez de primera instancia dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios fijados por el tribunal de alzada.

El fallo también incluyó observaciones sobre el prolongado tiempo que llevaba la investigación y exhortó a imprimir mayor celeridad al trámite de la causa.

Aquella decisión representó un cambio sustancial en el expediente y volvió a instalar cuestionamientos sobre el desarrollo de procesos judiciales con fuerte impacto institucional.

La imagen pública de los jueces

Más allá de las posiciones políticas y de las opiniones que despierta cada resolución judicial, el episodio volvió a abrir una discusión que excede al caso particular.

En cualquier sistema republicano, la independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho.

Pero esa independencia no sólo debe garantizarse en los hechos. También debe proyectarse hacia la sociedad.

La confianza pública en la Justicia depende, en gran medida, de que sus integrantes mantengan una conducta que preserve la percepción de imparcialidad y evite situaciones que puedan generar dudas sobre su independencia frente al poder político o frente a intereses ajenos a la función judicial.

Por esa razón, la participación pública de magistrados, sus declaraciones sobre temas políticos o cualquier circunstancia que pueda afectar esa percepción suele generar intensos debates, especialmente cuando se trata de jueces que intervienen en causas de alta sensibilidad institucional.

Un debate que sigue abierto

La difusión del informe de LN+ volvió a colocar ese debate en el centro de la agenda política formoseña.

Mientras desde la oposición reiteran sus cuestionamientos sobre la actuación de Morán y reclaman una Justicia Federal plenamente independiente, desde otros sectores sostienen que las críticas responden al contenido de determinadas decisiones judiciales.

En cualquier caso, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo que trasciende a una persona o a un expediente determinado: la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Porque en una democracia consolidada, los jueces no sólo deben actuar con independencia. También deben preservar una imagen pública que contribuya a fortalecer la credibilidad del sistema judicial y la confianza de la sociedad en que las decisiones se adoptan exclusivamente conforme a la Constitución y a la ley.