"El productor ya no sabe con qué regla se va a encontrar": la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Fontana denunció arbitrariedad, abuso de poder e inseguridad jurídica en los controles al campo formoseño
La médica veterinaria Lourdes Ferrari aseguró que los pequeños productores enfrentan cambios permanentes de reglas, controles sin previo aviso, exceso de atribuciones policiales, una burocracia y arbitrariedad que desalienta la producción. Advirtió que las medidas afectan el bienestar animal, provocan pérdidas económicas y generan una creciente incertidumbre en el sector ganadero.
Las críticas del sector rural a los controles que se vienen aplicando sobre el transporte y la comercialización de hacienda en Formosa siguen sumando voces. Luego de los pronunciamientos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Cha-For y del presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, ahora fue la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Comandante Fontana, la médica veterinaria Lourdes Ferrari, quien realizó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan los pequeños productores de la provincia.
En declaraciones a Radio Parque, Ferrari denunció un escenario caracterizado por abuso de poder, trabas burocráticas, arbitrariedad, cambios permanentes de reglas sin previo aviso y una profunda inseguridad jurídica, factores que —según sostuvo— terminan castigando a quienes producen y cumplen con las normas.
"Todo comenzó a fines de marzo"
Ferrari recordó que el conflicto comenzó a fines de marzo, cuando efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales se presentaron en el predio de la Sociedad Rural de Comandante Fontana durante un remate feria.
Lourdes Ferrari, denunció arbitrariedad, abuso de poder e inseguridad jurídica que frenan la producción y la comercialización del ganado formoseño
Según explicó, los policías pretendieron volver a controlar documentación que ya había sido previamente verificada y comenzaron a impedir la carga de animales y la circulación de los tráileres que los transportaban.
"Sin previo aviso empezaron a impedir la carga de tres o cuatro vacunos, secuestraron animales y los productores tuvieron que contratar abogados para poder recuperarlos", relató.
Ante esa situación, la Sociedad Rural presentó una nota formal al Gobierno provincial solicitando que informara cuál era la normativa que justificaba esos procedimientos.
Ferrari recordó además que Formosa continúa siendo una de las pocas provincias que exige simultáneamente Documento de Tránsito Electrónico (DTE) y guía provincial, mientras gran parte del país ya opera mediante un Documento Único de Tránsito, que simplifica significativamente la operatoria.
Cambios de reglas sin previo aviso
La dirigente rural sostuvo que el problema no terminó allí.
Explicó que, en el remate siguiente, aparecieron nuevas exigencias que tampoco habían sido comunicadas previamente.
En esa oportunidad comenzaron a requerir que todos los medios de transporte contaran con habilitación sanitaria.
Según Ferrari, esa decisión impactó especialmente sobre los pequeños productores que trasladan uno, dos, tres o cuatro animales en pequeños tráileres particulares para participar de los remates.
"Muchos tuvieron que regresar con sus animales porque la Policía directamente no los dejaba circular", afirmó.
"La Policía no puede impedir la circulación"
Uno de los cuestionamientos más fuertes formulados por Ferrari apunta a las competencias legales de la Policía provincial.
La médica veterinaria sostuvo que los controles sanitarios corresponden al SENASA, como autoridad sanitaria nacional, mientras que la Policía provincial únicamente puede realizar controles viales y, eventualmente, labrar actas de infracción.
"No puede impedir la circulación", aseguró.
En ese sentido hizo referencia al video recientemente difundido donde un camionero era obligado a detener su actividad por cuestiones vinculadas al certificado de desinfección del vehículo.
Explicó que ese certificado posee una vigencia legal de 72 horas o hasta el próximo movimiento, por lo que exigir un nuevo lavado después de cada viaje resulta, según su interpretación, técnicamente injustificado.
"Con cada movimiento mandan nuevamente a lavar el camión. Eso es imposible porque implica pérdida de tiempo, mayores costos y hace que el transportista no pueda realizar varios viajes como antes", cuestionó.
Una cadena de pérdidas
Ferrari advirtió que estas situaciones afectan mucho más que un simple trámite administrativo.
Según explicó, los retrasos repercuten sobre toda la cadena ganadera.
Cada hora que un animal permanece detenido sobre un transporte representa pérdida de peso, mayor estrés y un deterioro de su bienestar.
La veterinaria sostuvo además que durante algunos procedimientos observó que ni siquiera se aplicaban correctamente las normas básicas de bioseguridad y bienestar animal.
"Eso genera desbaste, pérdida de kilos e incluso hubo animales muertos durante estos operativos", denunció.
"El productor ya no sabe qué le van a pedir"
Quizá la definición más contundente de Ferrari fue la que resume el clima de incertidumbre que, según sostiene, atraviesa hoy el sector.
"El productor ya no sabe qué le van a pedir la próxima vez que necesite mover hacienda."
Para la dirigente, el principal problema es la falta de previsibilidad.
Denunció que los criterios cambian constantemente, que muchos efectivos desconocen la normativa vigente y que esa falta de capacitación termina traduciéndose en controles arbitrarios que paralizan la actividad.
"El policía que no sabe exactamente cómo debe proceder termina entorpeciendo y frenando la producción", afirmó.
"No buscamos una pelea política"
Pese a la dureza de sus cuestionamientos, Ferrari insistió en que el reclamo no tiene motivaciones partidarias.
Aseguró que el objetivo de la Sociedad Rural es exclusivamente institucional y busca garantizar que se respeten los derechos de quienes producen.
"Esperamos que la Provincia tome estos reclamos y no haga una lectura político-partidaria. No es nuestra intención. Lo único que buscamos es que los derechos de los productores sean respetados."
También pidió que los productores conozcan cuáles son sus derechos y recordó que, frente a eventuales conflictos relacionados con cuestiones sanitarias, pueden recurrir directamente al veterinario local del SENASA para recibir el asesoramiento correspondiente.
Un conflicto que suma respaldo institucional
Las declaraciones de Lourdes Ferrari se incorporan a una serie de cuestionamientos formulados en las últimas semanas por distintas entidades representativas del campo.
CRA y Cha-For solicitaron al Gobierno provincial la conformación de una Mesa Técnica para revisar los procedimientos de control, mientras que el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, calificó como un "abuso de autoridad" que la Policía impida la carga de hacienda por cuestiones vinculadas al certificado de lavado de los transportes.
Con la voz de Ferrari, el reclamo incorpora además la mirada de una profesional veterinaria y dirigente rural que convive diariamente con la realidad de los pequeños productores, quienes —según describió— enfrentan no solo mayores costos y burocracia, sino también un escenario de incertidumbre permanente que termina afectando la producción, la comercialización y el desarrollo de una de las principales actividades económicas del interior formoseño.
