Tras el escándalo de González con Tyntu Ruiz, la Policía salió a justificar al ministro y culpó a las víctimas por los robos de motos

La Policía de Formosa quedó nuevamente en el centro de una controversia institucional después de difundir una campaña preventiva sobre el robo de motocicletas que, por contenido y oportunidad, aparece llamativamente alineada con las declaraciones realizadas por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, durante su fuerte cruce con el periodista independiente Antonio Antonio"Tyntu" Ruiz.

De "desclasadito" a culpar a las víctimas: González derrapó con Tyntu Ruiz y la Policía salió a justificar su relato

La publicación policial llegó después de que González protagonizara un tenso intercambio con el periodista, quien lo interrogó sobre una preocupación cotidiana de miles de formoseños: la cantidad de motocicletas que son sustraídas en distintos puntos de la provincia.

Pero antes incluso de responder sobre seguridad, González recibió al trabajador de prensa con una expresión despectiva: "¿Qué dice el desclasadito Tyntu?".

No se trataba de una discusión partidaria ni de un intercambio entre dos dirigentes políticos. Ruiz se acercó como periodista para formular preguntas a un funcionario público sobre cuestiones directamente relacionadas con el área que conduce.

De las motos robadas a responsabilizar a sus propietarios

El intercambio adquirió mayor relevancia cuando Ruiz preguntó por los reiterados robos de motocicletas.

En lugar de concentrar su respuesta en estadísticas, investigaciones, detenciones, recuperación de vehículos o políticas destinadas a combatir este delito, González puso el foco en las precauciones que deberían adoptar los propios ciudadanos.

Incluso relativizó la utilización de la palabra "robo" al referirse a determinadas "sustracciones" y mencionó situaciones en las que propietarios dejan motocicletas con las llaves colocadas.

El razonamiento provocó inmediatamente una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede trasladarse sobre la víctima la responsabilidad de evitar un delito?

Que un ciudadano tenga la obligación elemental de cuidar sus pertenencias es indiscutible. Que dejar una motocicleta asegurada disminuye las posibilidades de sustracción también.

Pero ninguna de esas afirmaciones modifica una cuestión básica: quien se apropia de una motocicleta ajena comete un delito independientemente de si encontró la llave colocada, el vehículo tenía cadena o estaba equipado con cinco sistemas de seguridad.

Y precisamente existe un Ministerio de Seguridad y una Policía para prevenir, investigar y combatir esos delitos.

Entonces, ¿para qué está el Ministerio de Seguridad?

El planteo de González resulta todavía más controvertido porque durante el intercambio reconoció que Formosa cambió respecto de décadas anteriores y que actualmente existen problemas de inseguridad que antes tenían características diferentes.

La comparación utilizada por el propio ministro resulta reveladora: hubo una época, sostuvo, en la que podía dejarse una bicicleta sin llave y nadie se la llevaba.

Si hoy eso ya no ocurre, la pregunta periodística es absolutamente legítima: ¿qué ocurrió con la seguridad durante todos estos años y qué responsabilidad tiene el Estado encargado precisamente de garantizarla?

¿El problema es que el "oportunista" se la llevó o que el propietario que se descuidó?

La respuesta no puede reducirse a pedirle al ciudadano que compre cadenas, candados, alarmas, trabadiscos y sistemas de corte eléctrico.

Porque llevado al extremo, semejante razonamiento termina invirtiendo las responsabilidades.

Si te roban la moto porque dejaste la llave puesta, ¿el problema principal es el delincuente que se la llevó o el propietario que se descuidó?

La prevención ciudadana es necesaria. La responsabilidad estatal de brindar seguridad también. Y una cosa jamás puede utilizarse como excusa para diluir la otra.

La Policía salió con una campaña sorprendentemente oportuna

La controversia habría quedado limitada al cruce entre un ministro y un periodista de no haber ocurrido algo inmediatamente después.

La Policía de la Provincia difundió institucionalmente una campaña denominada "Un descuido frecuente: motos con llaves puestas y riesgos evitables".

El contenido parece prácticamente una prolongación comunicacional de los argumentos utilizados por González.

La fuerza informó que observa diariamente motocicletas estacionadas en la vía pública y pidió a la ciudadanía adoptar "hábitos de autocuidado".

Hasta allí, nada objetable: prevenir también es responsabilidad policial.

Pero la publicación avanzó sobre un terreno semántico particularmente llamativo.

Según el mensaje institucional, dejar las llaves colocadas "facilita el accionar de oportunistas".

¿Oportunistas?

El término resulta cuanto menos curioso cuando se está hablando de personas que aprovechan una circunstancia para apoderarse de bienes ajenos.

El lenguaje importa, particularmente cuando proviene de la institución encargada de prevenir delitos.

Porque una cosa es advertir que un descuido facilita la comisión de un ilícito y otra muy diferente es construir un mensaje donde el protagonismo termina desplazándose desde quien delinque hacia quien no tomó suficientes precauciones.

Cadenas, candados, trabadiscos y alarmas

La Policía recomendó retirar siempre las llaves, asegurar el manubrio y complementar las medidas originales de las motocicletas con "cadenas, candados, trabadiscos, alarmas o sistemas de corte eléctrico".

Son recomendaciones perfectamente razonables.

Lo cuestionable es el contexto político en el que aparecen.

La extraordinaria proximidad entre las declaraciones del ministro y una comunicación institucional que reproduce esencialmente el mismo argumento genera un interrogante legítimo sobre el funcionamiento de la comunicación pública.

¿La Policía decidió espontáneamente que ese era precisamente el momento para lanzar una campaña sobre motocicletas con llaves colocadas o la institución salió a reforzar comunicacionalmente la posición de su superior político después de una entrevista incómoda?

Sin elementos que acrediten una orden política, no corresponde afirmar lo segundo como un hecho.

Pero la coincidencia temporal y discursiva existe y, precisamente por tratarse de una institución estatal, merece ser señalada y explicada.

Una fuerza pública no debería convertirse en aparato de defensa política

La Policía no pertenece a Jorge González, a Gildo Insfrán ni a ningún gobierno circunstancial.

Es una institución del Estado y, por lo tanto, pertenece a todos los formoseños.

Su comunicación institucional debería informar sobre prevención, procedimientos, resultados, estadísticas y políticas de seguridad, no funcionar —ni siquiera aparentar funcionar— como una herramienta destinada a respaldar a un funcionario después de una controversia pública.

Cuando la comunicación de una institución armada se confunde con la defensa política de quien circunstancialmente conduce el área, la frontera entre Estado y gobierno comienza peligrosamente a desdibujarse.

Y esa discusión es mucho más importante que una simple publicación en redes sociales.

Tyntu Ruiz y una relación incómoda con el poder

El episodio tampoco aparece aislado en la trayectoria de Antonio "Tyntu" Ruiz.

El periodista ya protagonizó otros cruces con funcionarios provinciales cuando formuló preguntas incómodas.

Uno de los más recordados ocurrió durante una conferencia de prensa del gobernador Gildo Insfrán, cuando Ruiz intentó preguntar por el impacto de las tarifas sobre la economía de las familias formoseñas y planteó la situación de quienes debían administrar ingresos cada vez más ajustados.

En lugar de limitarse a responder la consulta, Insfrán cuestionó políticamente al periodista, lo identificó con el libertarismo, lo instó a preguntarle al presidente Javier Milei y manifestó que no continuaría respondiéndole.

Ese antecedente vuelve más preocupante cualquier episodio en el que la requisitoria periodística sea respondida con descalificaciones personales.

Un periodista no tiene obligación de agradarle al poder.

Tiene obligación de preguntar.

Y un funcionario público, mucho menos uno encargado de la seguridad provincial, debería comprender que las repreguntas, las contradicciones y las consultas incómodas forman parte elemental del ejercicio periodístico.

El problema no son solamente las llaves puestas

La discusión que dejó el episodio va mucho más allá de cómo estacionar una motocicleta.

Se trata de determinar dónde termina la responsabilidad razonable del ciudadano y dónde comienza la obligación indelegable del Estado.

Se trata también de preguntarse si la Policía provincial puede comunicar con autonomía institucional o si sus publicaciones terminan confundidas con las necesidades políticas de quienes conducen el Gobierno.

Y finalmente se trata de algo todavía más elemental: el derecho de un periodista a preguntarle a un ministro de Seguridad por la inseguridad sin recibir descalificaciones personales, insultos ni empujone por hacerlo.

Recomendar cadenas, candados y alarmas está muy bien.

Pero ninguna campaña de "autocuidado" debería servir para esconder la pregunta que originó toda esta controversia:

¿qué está haciendo el Estado para evitar que, con llave o sin llave, a los formoseños les sigan robando sus motos?