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Otra victoria del Gobierno en Diputados: aprobó Inocencia Fiscal II y amplió el régimen para incorporar dólares al sistema

Tras conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo logró aprobar otro proyecto clave de su agenda económica. Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, restringe las facultades de ARCA para impugnar declaraciones y busca incentivar que unos USD 179.000 millones actualmente fuera del sistema ingresen al circuito formal. Ahora deberá tratarla el Senado.

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El Gobierno de Javier Milei cerró una extensa jornada en la Cámara de Diputados con una segunda victoria legislativa de peso. Luego de obtener la media sanción para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo consiguió aprobar durante la madrugada de este jueves el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

La iniciativa obtuvo 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones, y será girada al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

La Libertad Avanza consiguió construir una mayoría con el acompañamiento del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, el MID y diferentes bloques provinciales.

El proyecto profundiza el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre pasado y apunta fundamentalmente a facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.

Según las estimaciones mencionadas por el oficialismo durante el debate, existirían alrededor de USD 179.000 millones en esa situación, parte de los cuales el Gobierno aspira a movilizar hacia la inversión y la actividad económica.

¿Qué cambia con Inocencia Fiscal II?

Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los límites que actualmente condicionan el ingreso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA.

Hasta ahora existían topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. La nueva iniciativa elimina esas restricciones, por lo que cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá optar por el sistema simplificado.

El esquema reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo reducido y modifica también las condiciones bajo las cuales ARCA puede cuestionar la información presentada.

El organismo recaudador podrá impugnar una declaración simplificada cuando encuentre una diferencia de al menos 15% sobre el impuesto determinado.

Además, se establece que no existirá una discrepancia considerada significativa cuando la diferencia nominal sea igual o inferior a $5 millones.

El contribuyente dispondrá, además, de 15 días hábiles para corregir la declaración e ingresar el saldo adeudado antes de que se configure una causal de impugnación.

ARCA deberá probar las irregularidades

Otro cambio significativo afecta directamente la capacidad fiscalizadora del organismo.

El proyecto determina que la carga de la prueba recaerá sobre ARCA, que deberá respaldar cualquier cuestionamiento utilizando información declarada, registros disponibles en sus sistemas o datos proporcionados por terceros.

También limita la utilización de determinadas presunciones para realizar ajustes patrimoniales.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, por ejemplo, quedará vedada para quienes adhieran al régimen la utilización de la presunción basada exclusivamente en depósitos bancarios.

El objetivo declarado por el Gobierno es modificar la relación entre el organismo recaudador y quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, partiendo de una presunción de inocencia del contribuyente.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa señalando que fiscalizar la evasión no debe significar considerar sospechoso permanentemente a quien cumple con sus obligaciones.

Beneficio para las PyMEs

La reforma incorpora además un alivio específico para pequeñas y medianas empresas.

Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no estén consideradas Grandes Contribuyentes Nacionales accederán a una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Los funcionarios públicos quedaron afuera de los beneficios

Uno de los cambios introducidos durante las negociaciones con los bloques aliados fue la exclusión de los funcionarios públicos de los principales beneficios.

Quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en cualquiera de los tres poderes del Estado durante los últimos cinco años podrán utilizar el mecanismo simplificado para presentar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes, pero no gozarán de la presunción de exactitud ni de las demás protecciones contempladas en el régimen.

La modificación fue incorporada después de las objeciones planteadas por sectores que acompañaron al oficialismo.

El debate por los "dólares del colchón"

Uno de los aspectos que mayor discusión generó fue el eventual ingreso al circuito formal de dinero que hasta ahora permanecía sin declarar.

El proyecto no establece un blanqueo o amnistía general, sino que modifica las reglas bajo las cuales ARCA puede investigar el patrimonio de los contribuyentes que adhieran al sistema.

Desde el Gobierno consideran que una menor presión fiscalizadora permitirá que parte de esos ahorros se incorpore a la economía formal.

La oposición, en cambio, cuestionó duramente este punto. Diputados opositores advirtieron que la iniciativa podría debilitar los controles sobre grandes evasores y facilitar la incorporación de fondos sin suficiente trazabilidad.

Con la votación de Inocencia Fiscal II, el Gobierno consiguió dos medias sanciones centrales de su agenda económica en una misma sesión: primero avanzó con la reforma del Banco Central para restringir el financiamiento monetario del Tesoro y posteriormente consiguió modificar el régimen tributario para incentivar la formalización de capitales.

Ambas iniciativas tienen ahora un nuevo desafío político: conseguir los votos necesarios en el Senado para convertirse definitivamente en ley.

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