¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS, SENADOR?: Mayans exige que la Justicia actúe contra Milei, pero ¿qué pasa con el Banco de Formosa, REFSA y la Justicia provincial?

José Mayans volvió a utilizar la tribuna del Senado de la Nación para lanzar una durísima ofensiva contra el Gobierno de Javier Milei. Esta vez no se limitó a cuestionar políticas económicas: habló directamente de "delincuentes", sostuvo que funcionarios nacionales pretenden "quedarse con el Banco Central" y reclamó que intervenga la Justicia.

"Estos cuatro delincuentes que están en Economía (...) se quieren quedar con el Banco Central y acá va a tener que actuar la Justicia", disparó el senador formoseño.

La gravedad de semejante acusación exige algo elemental: si Mayans posee pruebas de la comisión de delitos, corresponde que sean presentadas ante los tribunales.

Pero hay una segunda cuestión, quizás mucho más incómoda para el senador.

Si Mayans reclama Justicia, controles e independencia institucional en Buenos Aires, ¿por qué no aplicar exactamente la misma vara en Formosa?

"Acá va a tener que actuar la Justicia"

La frase podría ser perfectamente compartida.

Que actúe la Justicia. Que investigue. Que determine responsabilidades. Que ningún funcionario nacional pueda esconderse detrás del poder político.

Pero que esa misma regla valga también cuando las preguntas apuntan al poder provincial.

Porque Mayans no es un senador recién llegado a la política ni un dirigente ajeno a la estructura gubernamental formoseña. Es una de las principales figuras nacionales del peronismo provincial que conduce Gildo Insfrán.

Por eso, cuando reclama enfáticamente controles republicanos sobre Milei y sus funcionarios, aparece inevitablemente una pregunta:

¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS, SENADOR?

El Banco de Formosa: una historia que merece ser contada con precisión

Mayans asegura que funcionarios nacionales pretenden "quedarse con el Banco Central". Pero la comparación con Formosa obliga a revisar qué ocurrió efectivamente con su antiguo banco público.

Y aquí los documentos permiten evitar consignas y hablar de hechos.

El Banco de la Provincia de Formosa fue privatizado en diciembre de 1995, durante el primer año de Gildo Insfrán como gobernador. 

El actual Banco de Formosa reconoce en su propia reseña histórica que "en 1995 el Banco es privatizado". Además, se define actualmente como una "organización económica privada" y señala que actúa como agente financiero del Gobierno provincial desde 1995, vínculo que fue prorrogándose posteriormente.

Por eso, la afirmación que "Insfrán se quedó con el Banco de Formosa" responde a que impuso a todos los directivos.

La crítica más sólida es otra: mientras Mayans denuncia hoy una supuesta intención de apropiación del Banco Central, sería interesante escucharlo explicar y evaluar con idéntica severidad la privatización del histórico banco público formoseño bajo el gobierno de su propio espacio político y la prolongada relación financiera entre la Provincia y la entidad privada que lo sucedió.

¿Eso no merece también debate, transparencia y control?

REFSA: cuando el Estado provincial decidió quedarse con la distribución eléctrica

El caso de REFSA presenta otra particularidad.

La documentación oficial muestra que en marzo de 2010, mediante la Ley provincial 1547, Formosa revocó la concesión que tenía EDEFOR y otorgó la distribución eléctrica provincial a REFSA, sociedad constituida en 2006 con participación mayoritaria estatal. El Poder Ejecutivo provincial tomó posesión de los bienes afectados al servicio para aportarlos a REFSA, e Insfrán impuso los accionistas del Estado y también los privados.

La Secretaría de Energía de la Nación posteriormente reconoció a REFSA como el nuevo titular del servicio público de distribución que anteriormente prestaba EDEFOR.

Es decir: el control provincial sobre el servicio eléctrico no es una interpretación opositora; surge del propio proceso legal mediante el cual REFSA pasó a prestar el servicio.

Eso, por supuesto, aumenta la responsabilidad política del Gobierno provincial frente a los cuestionamientos por tarifas, facturación, calidad del servicio y funcionamiento de la distribuidora.

Y allí aparece nuevamente la pregunta para Mayans.

Si el senador considera gravísimo que un gobierno pueda concentrar poder sobre instituciones estratégicas, ¿qué nivel de control, auditoría, transparencia y rendición de cuentas reclama para una distribuidora eléctrica controlada mayoritariamente por el Estado de su propia provincia?

Mayans también disparó contra la Justicia

El senador fue todavía más lejos y calificó a la Justicia nacional de "altamente ineficiente", atribuyéndole un enorme descrédito social.

También denunció irregularidades en los procedimientos para seleccionar magistrados.

La independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de una República y ningún gobierno —nacional ni provincial— debería pretender una Justicia subordinada.

Precisamente por eso la afirmación vuelve como un búmeran político hacia Formosa.

¿Qué evaluación hace Mayans sobre la independencia, eficiencia y capacidad de control del Poder Judicial formoseño después de décadas de predominio político del mismo oficialismo provincial?

¿Qué opina de las denuncias contra funcionarios provinciales?

¿Considera que todas fueron investigadas adecuadamente?

¿Reclama públicamente la misma celeridad cuando una denuncia compromete a integrantes o estructuras vinculadas al poder formoseño?

Porque si el problema es institucional, el código postal del denunciado no debería modificar la indignación del senador.

La doble vara que Mayans debería explicar

No se trata de defender a Caputo, Sturzenegger, Milei ni a ningún funcionario nacional.

Si existen delitos, que sean investigados.

Si existen pruebas, que lleguen a un expediente.

Si alguien cometió actos de corrupción, que responda ante la Justicia.

Pero ese principio pierde enorme autoridad política cuando parece funcionar solamente en una dirección.

Mayans exige controles sobre el Gobierno nacional. Perfecto.

Exige una Justicia eficiente. Perfecto.

Denuncia supuestos negociados. Que presente las pruebas.

Reclama transparencia sobre instituciones económicas estratégicas. También es razonable.

Ahora falta completar la ecuación: exigir exactamente lo mismo en Formosa.

"Que actúe la Justicia": totalmente de acuerdo, senador

Quizás, involuntariamente, Mayans dejó una de las mejores frases para sintetizar el debate:

"Acá va a tener que actuar la Justicia".

Totalmente de acuerdo.

En Buenos Aires y en Formosa.

Con Milei y con Insfrán.

Con funcionarios libertarios y con funcionarios peronistas.

Con el Banco Central y también cuando se discuten los negocios, contratos y decisiones que involucran al Estado formoseño.

Con las instituciones nacionales y con REFSA.

Porque la independencia judicial no puede convertirse en una bandera republicana únicamente cuando gobierna el adversario.

Y mucho menos después de décadas ocupando lugares centrales dentro de un proyecto político provincial.

MAYANS EXIGE JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y CONTROLES EN NACIÓN. LA PREGUNTA ES MUCHO MÁS SENCILLA: ¿ESTÁ DISPUESTO A EXIGIR EXACTAMENTE LO MISMO EN FORMOSA?

Ese es el verdadero debate.

Y frente a semejante discurso pronunciado desde el Senado, la pregunta inevitable sigue resonando:

¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS, SENADOR?