"¡Basta de represión, basta de injusticia!": la comunidad wichí de Tres Palmas volvió a marchar y reclamó respuestas educativas al Gobierno de Insfrán

La imagen debería incomodar a cualquier gobierno que se reivindique como defensor de la inclusión social y de los pueblos originarios.

Hombres y mujeres de la comunidad wichí de Tres Palmas, en el extremo oeste de Formosa, volvieron a salir a manifestarse con una consigna contundente:

"¡Basta de represión! ¡Basta de injusticia!"

No marcharon reclamando privilegios.

No pidieron cargos políticos.

No exigieron beneficios extraordinarios.

Reclamaron educación para sus hijos.

El conflicto que atraviesa a la comunidad tiene como uno de sus ejes centrales el pedido de un anexo de educación secundaria en la zona, para garantizar que los adolescentes puedan continuar sus estudios sin que la distancia termine convirtiéndose en otra barrera para acceder a un derecho elemental.

Sin embargo, lo que debía resolverse mediante educación, diálogo y política terminó derivando en policías, enfrentamientos, detenciones y expedientes judiciales.

Cuando la respuesta al reclamo terminó siendo la Policía

El episodio más grave ocurrió durante el operativo desplegado recientemente en sectores de Misión Nueva y Tres Palmas.

Según la información oficial difundida sobre aquel procedimiento, 18 personas fueron detenidas, seis en Misión Nueva y doce en Tres Palmas. La versión policial sostuvo que existían órdenes judiciales y que algunos manifestantes ofrecieron resistencia.

Desde las comunidades, en cambio, se denunciaron represión, golpes, persecución y abuso de la fuerza.

Precisamente porque existen versiones contrapuestas, corresponde que cada episodio sea investigado y que se determine si el accionar policial se ajustó a derecho.

Pero existe algo que ninguna discusión sobre el procedimiento puede borrar:

antes de que llegara la Policía había un reclamo.

Y ese reclamo era educativo.

¿Cómo terminó una escuela convertida en un problema policial?

Esa debería ser la primera pregunta que responda el Gobierno provincial.

¿Cómo puede una demanda por educación secundaria escalar hasta terminar con integrantes de comunidades originarias detenidos?

¿En qué momento el conflicto dejó de ser responsabilidad de las autoridades educativas y pasó a ocupar a las fuerzas de seguridad?

¿Qué instancias de diálogo se agotaron?

¿Qué respuesta concreta recibió Tres Palmas?

¿Cuál es el impedimento para habilitar el anexo solicitado?

Porque si existen razones técnicas, administrativas, presupuestarias o de matrícula que dificultan su creación, el Gobierno debe explicarlas públicamente a la comunidad.

Y si existe una alternativa educativa, debe garantizar que sea realmente accesible para todos los jóvenes afectados.

Lo que no puede ocurrir es que el silencio administrativo termine transformando una demanda social en un conflicto policial.

"No piden privilegios, piden educación"

La consigna que acompañó la nueva movilización sintetiza perfectamente el problema.

No piden privilegios. Piden educación.

Y en una provincia donde el oficialismo lleva décadas reivindicando la igualdad territorial como uno de los mayores logros del denominado Modelo Formoseño, la situación adquiere una dimensión política inevitable.

Porque la igualdad no puede medirse únicamente contando edificios inaugurados.

Debe medirse preguntando si un chico que nace en Ramón Lista dispone efectivamente de las mismas oportunidades educativas que uno que vive en la capital provincial.

La infraestructura es importante.

Pero una escuela no es solamente paredes, techo y pintura.

Es docentes.

Es nivel educativo disponible.

Es continuidad pedagógica.

Es transporte cuando resulta necesario.

Es acceso.

Y, fundamentalmente, es conseguir que ningún adolescente abandone sus estudios porque el Estado no logró acercarle una alternativa viable.

Después de décadas de "justicia social", una comunidad sigue reclamando

La situación también golpea directamente sobre el discurso político del Gobierno de Gildo Insfrán.

Durante décadas el oficialismo provincial convirtió conceptos como justicia social, inclusión, igualdad de oportunidades y reparación histórica en pilares de su narrativa.

Precisamente por eso Tres Palmas interpela al poder.

Después de tantos años de continuidad gubernamental, una comunidad originaria del oeste no debería necesitar movilizarse reiteradamente para conseguir una respuesta sobre la educación secundaria de sus jóvenes.

Mucho menos debería terminar enfrentándose con efectivos policiales.

La verdadera inclusión se demuestra justamente allí donde resulta más difícil garantizarla.

En los lugares alejados.

En las comunidades pequeñas.

Entre quienes tienen menos posibilidades de hacer escuchar sus reclamos.

El ministro Jorge González también debe dar explicaciones

El operativo coloca inevitablemente bajo discusión la responsabilidad política del área de seguridad provincial, encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González.

Eso no significa adjudicarle personalmente, sin investigación previa, cada supuesto exceso cometido durante el procedimiento.

Pero sí existe una responsabilidad política institucional que no puede eludirse.

Si integrantes de las comunidades denuncian golpes, persecuciones o utilización desproporcionada de la fuerza, corresponde determinar qué ocurrió.

¿Quién diseñó el operativo?

¿Qué órdenes recibieron los efectivos?

¿Qué protocolos fueron utilizados?

¿Hubo personas lesionadas?

¿Existieron denuncias contra policías?

¿Se utilizaron registros audiovisuales para reconstruir los hechos?

El Gobierno debería ser el primer interesado en responder estas preguntas.

Porque cuando existen acusaciones de violencia institucional, la transparencia protege tanto a los ciudadanos como a los policías que hayan actuado correctamente.

Un antecedente que vuelve desde 2017

El episodio adquiere una dimensión todavía más inquietante cuando se revisa la historia reciente del oeste formoseño.

En septiembre de 2017, un informe televisivo del programa de Jorge Lanata viajó hasta Ingeniero Juárez y Las Lomitas para abordar el caso de Agustín Santillán, referente wichí que permanecía detenido después de participar de reclamos vinculados a las necesidades de comunidades afectadas por inundaciones.

Familiares y referentes denunciaban entonces golpes, persecución y criminalización de las protestas.

El caso había alcanzado repercusión nacional e internacional y Amnistía Internacional cuestionó públicamente la detención de Santillán.

Casi nueve años después, las imágenes actuales obligan a formular una pregunta incómoda:

¿Qué cambió para las comunidades que reclaman frente al poder?

En 2017 la discusión era asistencia, alimentos, medicamentos y condiciones de vida.

En 2026 aparece la educación secundaria.

Cambian las demandas.

Pero nuevamente encontramos comunidades originarias reclamando derechos básicos y un conflicto que termina atravesado por Policía, Justicia y detenciones.

Eso debería encender una alarma institucional.

La protesta tampoco puede estar por encima de la ley

Defender el derecho a reclamar no significa sostener que cualquier método de protesta sea válido.

Si durante una manifestación existieron delitos, agresiones, amenazas, daños o bloqueos ilegales, corresponde investigarlos individualmente y con todas las garantías constitucionales.

Pero existe una diferencia fundamental entre investigar conductas concretas y convertir la intervención penal en la respuesta habitual frente a un conflicto social.

El Estado democrático dispone de muchas herramientas antes de llegar a la fuerza pública.

Negociación.

Mediación.

Mesas de diálogo.

Autoridades educativas.

Defensorías.

Funcionarios políticos.

La Policía debería aparecer cuando verdaderamente resulta necesaria, no convertirse en sustituto de esas herramientas.

El problema no se resuelve deteniendo al que reclama

Hay algo que el operativo no solucionó.

Después de las detenciones, la pregunta por el anexo secundario continúa exactamente en el mismo lugar.

Ese es el fracaso político central.

Se puede despejar un camino.

Se puede detener a manifestantes cuando existe una orden judicial.

Se pueden iniciar expedientes.

Pero ninguna de esas medidas responde:

¿Dónde van a estudiar los chicos?

Y mientras esa pregunta permanezca sin una respuesta satisfactoria, el conflicto seguirá existiendo.

Gildo Insfrán debe escuchar el reclamo

Después de décadas al frente del poder provincial, el gobernador Gildo Insfrán tiene la responsabilidad política de conseguir que un conflicto educativo no continúe escalando.

No alcanza con delegarlo en la Policía.

No alcanza con judicializar.

No alcanza con explicar que existen establecimientos educativos en la región si las familias sostienen que la solución disponible no responde a las necesidades concretas de sus hijos.

Hay que sentar a las partes.

Mostrar matrícula.

Distancias.

Infraestructura.

Docentes disponibles.

Costos.

Alternativas.

Y encontrar una solución.

Eso es gobernar.

"Basta de represión, basta de injusticia"

La nueva marcha de Tres Palmas deja una imagen mucho más profunda que una protesta circunstancial.

Una comunidad originaria está diciéndole al Estado provincial que no se siente escuchada.

Eso debería preocupar más que cualquier consigna.

Porque cuando ciudadanos sienten que necesitan llegar al corte, a la movilización o al enfrentamiento para obtener una respuesta, existe un problema previo de representación y diálogo.

Y cuando quienes reclaman son comunidades históricamente vulnerables, la obligación estatal de escuchar es todavía mayor.

NO PIDEN PRIVILEGIOS. PIDEN EDUCACIÓN. NO NECESITAN QUE EL ESTADO APAREZCA SOLAMENTE CON POLICÍAS: NECESITAN QUE APAREZCA CON SOLUCIONES.

El Gobierno provincial tiene ahora una oportunidad.

Puede continuar administrando el conflicto como un problema de seguridad.

O puede reconocer que detrás de cada pancarta, cada marcha y cada reclamo existe una pregunta mucho más sencilla:

¿Qué futuro educativo tendrán los chicos de Tres Palmas?

Responderla debería ser bastante más importante que cualquier operativo policial.