La Iglesia rompió el silencio por los wichís y dejó un duro mensaje al poder de Insfrán: calificó de "excesiva y abusiva" la detención de los 18 originarios

La Iglesia Católica de Formosa tomó posición frente al conflicto que sacude al oeste provincial y lo hizo con palabras que difícilmente puedan pasar inadvertidas para el Gobierno de Gildo Insfrán.

El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Formosa difundió un comunicado titulado "Solidaridad con el pueblo Wichí. Por la paz, el diálogo y la escucha de nuestros pueblos", en el que expresó su acompañamiento a las comunidades de la zona de Lote 8.

Pero el documento no se quedó en una expresión genérica de solidaridad.

La Pastoral reclamó concretamente la pronta liberación de los 18 hombres y mujeres detenidos y calificó la medida adoptada contra ellos como "excesiva y abusiva".

Una definición particularmente fuerte porque llega desde un organismo de la Iglesia que trabaja directamente con los pueblos originarios.

Seis meses reclamando y una respuesta que terminó en detenciones

El comunicado aporta además un dato que profundiza el cuestionamiento político.

Según la Pastoral Aborigen, los 18 detenidos pertenecen a comunidades que durante seis meses estuvieron reclamando ser atendidas en pedidos vinculados principalmente con la educación de sus hijos, mediante protestas que incluyeron dos cortes en el camino vecinal que atraviesa la propiedad comunitaria.

Es decir, antes de las detenciones hubo —según la propia Iglesia— medio año de reclamos.

Y ése es un punto que el Gobierno provincial debería explicar.

¿Qué respuestas institucionales recibieron las comunidades durante esos seis meses?

¿Qué funcionarios viajaron a dialogar?

¿Qué alternativas educativas fueron propuestas?

¿Por qué el conflicto se prolongó hasta terminar judicializado?

Porque aun cuando existan actuaciones judiciales relacionadas con los cortes y deba garantizarse el derecho a circular, eso no elimina la responsabilidad política de atender el conflicto que existía mucho antes de la intervención policial.

"Excesiva y abusiva"

La expresión elegida por la Pastoral es contundente:

"Consideramos excesiva y abusiva la medida de la detención".

Además, pidió una pronta resolución judicial mediante la excarcelación y eximición de prisión solicitadas por la defensa.

La Iglesia no está diciendo que cualquier forma de protesta esté por encima de la ley.

De hecho, el propio comunicado repudia expresamente toda violencia.

Lo que cuestiona es la proporcionalidad de la respuesta y reclama que los derechos de las comunidades también formen parte de la ecuación.

Y allí aparece posiblemente el párrafo políticamente más incómodo de todo el documento.

"Una pobre y parcializada justicia"

La Pastoral reclamó directamente que "la justicia y el poder ejecutivo" respondan con claridad a las comunidades de Tres Palmas y Misión Nueva.

Y agregó una definición durísima:

"La causa judicial, si solo atiende los derechos del libre tránsito y olvida los derechos a la seguridad, la educación, el agua potable y el buen vivir de las comunidades indígenas, es una pobre y parcializada justicia".

La frase merece ser leída completa.

Porque desplaza la discusión del simple corte de un camino hacia el origen del conflicto.

Sí, existe el derecho a circular.

Pero también existen el derecho a la educación, al agua potable, a la salud, al territorio, a la seguridad y a condiciones dignas de vida.

Y el Estado no puede recordar únicamente unos derechos cuando necesita despejar una protesta y olvidarse de los otros durante meses.

Una interpelación directa al Gobierno de Insfrán

Aunque el comunicado mantiene un lenguaje pastoral y no convierte su pronunciamiento en una proclama partidaria, hay un destinatario institucional imposible de ignorar: el Poder Ejecutivo provincial.

La Iglesia lo menciona expresamente.

Y ese Poder Ejecutivo es conducido por Gildo Insfrán, quien gobierna Formosa desde diciembre de 1995.

Después de más de tres décadas de continuidad gubernamental, resulta difícil atribuir los problemas estructurales del oeste provincial exclusivamente a administraciones anteriores, transiciones políticas o falta de tiempo.

Si todavía existen comunidades reclamando acceso adecuado a educación, salud, agua potable y territorio, corresponde preguntar qué resultados concretos produjo allí el modelo de inclusión que el Gobierno provincial reivindica permanentemente.

Educación: la causa del reclamo

La Pastoral vuelve sobre una cuestión que el debate político no debería permitir que quede sepultada detrás de las detenciones.

El comunicado pide expresamente respeto a "una Educación de calidad -causa del reclamo-", además de los derechos vinculados con salud y territorio.

Tres palabras resultan fundamentales:

"Causa del reclamo".

El origen no fue una disputa partidaria.

Según el documento de la Iglesia, fue la educación.

Y eso vuelve todavía más incómoda la escena para un Gobierno que presenta la infraestructura educativa y la inclusión de los pueblos originarios como algunas de las principales banderas del "Modelo Formoseño".

Si la política educativa funciona adecuadamente en esa región, el Gobierno tiene una oportunidad sencilla para demostrarlo: explicar públicamente cuál es la oferta secundaria disponible, cuántos alumnos comprende, cuáles son las distancias que deben recorrer, qué respuesta recibió el pedido de las comunidades y qué solución concreta propone.

La Iglesia pide exactamente lo contrario a la lógica del enfrentamiento

Mientras el conflicto fue escalando hacia la judicialización, las detenciones y las denuncias de persecución, la Iglesia propuso otro camino:

escuchar, respetar y dialogar.

"Cuando existen diferencias, necesidades o demandas, es allí donde más necesitamos encontrarnos, mirarnos, escucharnos y buscar juntos caminos de entendimiento y de paz", sostiene el comunicado.

No parece una exigencia revolucionaria.

Parece, sencillamente, aquello que debería haber ocurrido antes de que un reclamo educativo de seis meses terminara con 18 personas detenidas.

"No están solos"

El cierre del documento contiene probablemente su mensaje humano y político más poderoso.

La Pastoral recuerda que los cuatro pueblos originarios forman parte constitutiva de la historia y de la identidad formoseña, reivindicando sus lenguas, territorios, memorias, espiritualidades y formas comunitarias de vida.

Y finalmente se dirige directamente a las comunidades wichís:

"NO ESTÁN SOLOS".

La frase adquiere una enorme dimensión en este contexto.

Porque después de las marchas de las propias comunidades, de los reclamos de familiares y caciques y de las denuncias públicas sobre lo ocurrido, ahora una voz institucional de la Iglesia de Formosa reclama también la liberación de los detenidos y exige respuestas al Poder Ejecutivo y a la Justicia.

Gildo Insfrán puede elegir nuevamente el silencio.

Pero el reclamo ya no puede ser presentado como la protesta aislada de un puñado de personas.

DIECIOCHO ORIGINARIOS SIGUEN EN EL CENTRO DEL CONFLICTO. LA IGLESIA CALIFICÓ SU DETENCIÓN DE "EXCESIVA Y ABUSIVA", RECLAMÓ SU PRONTA LIBERACIÓN Y LE PIDIÓ RESPUESTAS AL PODER EJECUTIVO.

Y detrás de toda la discusión continúa existiendo una pregunta mucho más elemental:

¿Cómo pudo un reclamo de seis meses por la educación de los hijos de una comunidad terminar con madres y padres wichís detenidos en lugar de una mesa de diálogo?

La Iglesia ya tomó posición: paz, justicia, escucha y diálogo.

Ahora le toca responder al poder.