Formosa y el suicidio juvenil: cuando las estadísticas dejan de ser números

Hay estadísticas que sirven para describir una realidad. Y hay otras que, además, deberían interpelar a toda una sociedad.

Las cifras sobre suicidio adolescente en Formosa pertenecen indudablemente a la segunda categoría.

De acuerdo con las estadísticas sanitarias nacionales, durante el período 2020-2022 Formosa registró 48 muertes por suicidio entre adolescentes de 10 a 19 años , equivalentes a una tasa trienal de 14,8 casos cada 100.000 adolescentes . En el conjunto del país, durante el mismo período, la tasa fue de 5,4 cada 100.000 .

La diferencia es contundente: la tasa formoseña fue aproximadamente 2,7 veces la media nacional.

Un problema que no comenzó ayer

El dato resulta todavía más preocupante cuando se observa la evolución histórica.

No se trata simplemente de una anomalía estadística concentrada en un año.

La serie oficial muestra que Formosa registró una tasa trienal de suicidio adolescente de 9,6 cada 100.000 habitantes entre 2005 y 2007; 9,2 entre 2008 y 2010; 14,9 entre 2011 y 2013; 10,7 entre 2014 y 2016; 10,1 entre 2017 y 2019; y 14,8 entre 2020 y 2022 .

Hay oscilaciones, naturalmente. Pero detrás de ellas aparece una persistencia imposible de ignorar: durante años el suicidio adolescente ha constituido un serio problema de salud pública en Formosa.

Ya en 2020, por ejemplo, un informe sobre la situación de la adolescencia señalaba que Formosa se encontraba entre las jurisdicciones con mayores tasas del país: registraba 5,6 casos cada 100.000 adolescentes de 10 a 14 años y 30,6 cada 100.000 entre los de 15 a 19 años.

2023: una fuerte concentración en edades jóvenes

Los registros provinciales correspondientes a 2023 aportan otra dimensión al problema.

Un informe elaborado con datos proporcionados por la Dirección General de Informática de la Policía de Formosa contabilizó 55 suicidios durante ese año . De ellos, 14 correspondieron a personas de entre 10 y 20 años; 24, al segmento de 21 a 30; y otros 11, al comprendido entre 31 y 40 años.

En otras palabras, 49 de los 55 casos relevados correspondieron a personas de entre 10 y 40 años.

Aquí es indispensable introducir una aclaración metodológica: son números absolutos y no tasas específicas por edad. Por lo tanto, no permiten afirmar por sí solos cuál de esos grupos presenta mayor riesgo relativo. Para establecerlo sería necesario relacionar cada cantidad de casos con la población de su correspondiente franja etaria.

Pero la concentración generacional existe. Y merece ser estudiada.

También existe una diferencia entre los sistemas estadísticos disponibles. El informe provincial basado en datos policiales calculó para esos 55 casos una tasa de 9,05 cada 100.000 habitantes, tomando como referencia los 607.419 habitantes registrados por el Censo 2022. Otros registros nacionales de mortalidad presentan valores diferentes para Formosa, lo que refuerza además la necesidad de contar con información homogénea, actualizada y públicamente accesible.

La pregunta que Formosa debería hacerse

Frente a estos números, la discusión no debería limitarse a preguntar cuántas personas mueren por suicidio.

La pregunta mucho más profunda es otra:

¿Qué está ocurriendo socialmente para que tantos adolescentes y jóvenes lleguen a situaciones de sufrimiento extremo?

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. Sería irresponsable atribuirlo exclusivamente a la pobreza, al desempleo, los conflictos familiares, el consumo problemático, la violencia, el aislamiento, la falta de expectativas o las dificultades para acceder a atención en salud mental.

Pero resultaría igualmente equivocado analizar cada muerte únicamente como un acontecimiento individual, completamente separado de su contexto.

Hace más de un siglo, el sociólogo francés Émile Durkheim planteó una idea que continúa teniendo enorme vigencia: incluso una decisión profundamente individual como el suicidio presenta regularidades sociales.

Cuando los casos se acumulan, determinadas edades aparecen reiteradamente afectadas y una provincia mantiene durante años tasas elevadas, resulta necesario ampliar la mirada.

Hay que estudiar las condiciones económicas.

Hay que analizar la integración comunitaria y familiar.

Hay que mirar qué sucede en las escuelas.

Hay que estudiar el consumo problemático, las violencias y el aislamiento.

Hay que conocer cuál es el acceso real —no solamente formal— a psicólogos, psiquiatras y equipos interdisciplinarios, especialmente en el interior provincial.

Y hay que investigar un elemento mucho más difícil de medir: qué expectativas de futuro tienen los jóvenes formoseños.

El derecho a imaginar un futuro

Una sociedad no se sostiene únicamente con infraestructura, empleo o indicadores macroeconómicos. También necesita producir horizontes de vida.

Un adolescente necesita poder imaginar que existe un mañana posible.

Necesita oportunidades educativas y laborales. Espacios deportivos y culturales. Vínculos familiares y comunitarios. Instituciones capaces de advertir señales de sufrimiento. Docentes, profesionales y adultos preparados para escuchar.

Y cuando la situación lo requiere, necesita encontrar rápidamente una puerta abierta en el sistema sanitario.

Es allí donde aparece inevitablemente la responsabilidad del Estado.

No porque ningún gobierno pueda impedir todos los suicidios. Sería absurdo formular semejante afirmación.

Pero el Estado sí tiene la responsabilidad de diseñar y sostener políticas de prevención, detección temprana, asistencia y seguimiento.

Eso supone fortalecer equipos interdisciplinarios de salud mental; articular hospitales y centros de salud con las escuelas; capacitar docentes y preceptores; establecer protocolos claros de actuación; acompañar a las familias y garantizar acceso a profesionales especializados también fuera de la ciudad de Formosa.

Porque una política de prevención que comienza después de una muerte comienza demasiado tarde.

La prevención debe estar antes.

En la escuela.

En el barrio.

En el club.

En los centros de salud.

En las familias.

En las organizaciones comunitarias.

Y también en la producción de información pública confiable.

Sin estadísticas confiables, las políticas trabajan a ciegas

Formosa necesita información sistemática, actualizada y transparente sobre suicidios e intentos de suicidio, desagregada por edad, sexo, localidad y departamento, con criterios metodológicos claramente establecidos.

No para construir rankings morbosos.

Mucho menos para convertir una tragedia humana en una herramienta de confrontación partidaria.

Los datos son necesarios para identificar poblaciones y territorios de mayor vulnerabilidad y dirigir allí los recursos públicos.

Porque sin información adecuada no existe diagnóstico serio.

Y sin diagnóstico, cualquier política pública termina trabajando a ciegas.

El suicidio juvenil debería constituirse en una verdadera política de Estado , sostenida independientemente de las administraciones y las diferencias políticas.

Gobierno provincial, municipios, sistema sanitario, escuelas, universidades, clubes, organizaciones sociales, profesionales y familias tienen necesariamente que formar parte de esa estrategia.

Cuando 14,8 deja de ser solamente un número

La discusión pública también debe escapar de dos extremos.

Uno es esconder el problema por temor a hablar del suicidio.

El otro es transformar cada tragedia en espectáculo.

Entre ambos existe un camino mucho más responsable: hablar del suicidio con evidencia, prudencia, prevención y humanidad.

Las estadísticas de Formosa están diciendo algo.

No explican por sí mismas las causas. No autorizan a establecer una relación automática entre una muerte y una determinada condición económica, familiar, política o social. Tampoco permiten señalar responsables individuales.

Pero sí permiten formular una advertencia que ninguna política sanitaria debería ignorar:

cuando una provincia registra entre sus adolescentes una tasa de suicidio 2,7 veces superior al promedio nacional, investigar profundamente qué está ocurriendo deja de ser una inquietud académica. Se convierte en una obligación sanitaria, social e institucional.

Porque detrás de cada número hubo una persona.

Detrás de cada persona quedó una familia.

Y detrás de cada adolescente o joven que dejó de poder imaginar un futuro queda una pregunta dirigida a toda la sociedad formoseña:

¿qué señales podríamos haber visto antes y no vimos?

Esa debería ser la pregunta inicial.

No para buscar culpables.

Sino para evitar que las próximas estadísticas vuelvan a contar historias que ya no pueden repararse.

Información de ayuda: si vos o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o presenta riesgo de suicidio, se puede llamar al 0800-345-1435 , línea del Centro de Asistencia al Suicida disponible desde todo el país. Ante una situación de riesgo inminente, se recomienda acudir a una guardia médica o solicitar asistencia de emergencia.