EESCÁNDALO NACIONAL EN FORMOSA: CONDENARON PERIODISTAS POR INFORMAR, ADEPA REPUDIÓ EL FALLO Y CRISTINA PÉREZ FULMINÓ A INSFRÁN: "TIRANO Y DICTADOR"

La condena contra cuatro periodistas de LN+ provocó un escándalo que ya trascendió ampliamente las fronteras de Formosa.

Y esta vez la reacción llegó con una contundencia pocas veces vista.

La periodista Cristina Pérez lanzó durísimas acusaciones contra el gobernador Gildo Insfrán y reclamó la intervención de la Justicia nacional para garantizar el ejercicio de la libertad de prensa, mientras que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó formalmente su rechazo al fallo dictado en Las Lomitas.

El detonante fue la sentencia contra cuatro integrantes del equipo "Hambre de Futuro" , de LN+, que habían realizado entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José.

Los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán fueron condenados a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno .

Entre los argumentos consignados en la sentencia aparece la realización de la actividad sin una supuesta autorización previa y la carencia de un carnet para ejercer el periodismo.

Y allí estalló la polémica nacional.

CRISTINA PÉREZ: "DELITO FILMAR Y ENTREVISTAR, DELITO HACER PERIODISMO"

Cristina Pérez no buscó eufemismos para expresar su posición.

La periodista calificó la sentencia como un "desastre" y cuestionó que cuatro trabajadores de prensa puedan terminar sancionados por realizar entrevistas y filmaciones.

" Delito filmar y entrevistar, delito hacer periodismo ", cuestionó.

Pero inmediatamente fue mucho más allá.

Pérez sostuvo que Formosa "se empeña en estar al margen de la República" y reclamó directamente la intervención de la Justicia nacional para garantizar los derechos constitucionales de los periodistas.

"Como periodista profesional le pido a la Justicia nacional que haga valer las garantías democráticas para el trabajo de la prensa", reclamó.

Y entonces lanzó una de sus acusaciones políticas más fuertes contra Insfrán:

"Dejen de ser tibios y pacientes con el dictador y tirano que gobierna Formosa, porque es eso Insfrán. Dejemos de usar eufemismos".

Se trata de una caracterización política de Cristina Pérez, pero refleja la enorme gravedad institucional que la periodista atribuye al episodio.

"FORMOSA ES VENEZUELA, NO EN EL FUTURO: EN EL PRESENTE"

La conductora de LN+ también cuestionó duramente el funcionamiento institucional de la provincia.

Según Pérez, "en Formosa la legalidad republicana es utópica".

Además, sostuvo que existen desde hace tiempo motivos suficientes para discutir una intervención federal y vinculó el episodio con otros cuestionamientos institucionales formulados contra el sistema político provincial.

Finalmente lanzó la frase que probablemente tendrá mayor repercusión:

"FORMOSA ES VENEZUELA, NO EN EL FUTURO, EN EL PRESENTE".

La comparación pertenece exclusivamente a Cristina Pérez y constituye una valoración política de la periodista.

Pero el episodio concreto que provocó semejante reacción no es una opinión.

Hay cuatro periodistas condenados.

Existe una sentencia.

Y existe ahora un pronunciamiento institucional de ADEPA cuestionando severamente sus fundamentos.

ADEPA: "EN ARGENTINA NO SE NECESITA LICENCIA, MATRÍCULA NI AUTORIZACIÓN ESTATAL PARA SER PERIODISTA"

El pronunciamiento de ADEPA resulta particularmente contundente porque lleva la controversia desde el terreno político hasta el constitucional.

La entidad expresó su "profunda preocupación y rechazo" por la sentencia.

ADEPA consideró especialmente preocupante que una controversia surgida durante una cobertura periodística haya terminado en una sanción contravencional contra quienes se encontraban desarrollando una tarea informativa.

Y estableció un principio elemental:

En la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo.

Investigar.

Preguntar.

Entrevistar.

Filmar.

Publicar.

Ninguna de esas actividades puede quedar condicionada a que un organismo estatal decida previamente quién posee una credencial que lo habilite para informar.

EL ARGUMENTO DEL "CARNET" QUE ENCENDIÓ TODAS LAS ALARMAS

Uno de los puntos más controvertidos de la sentencia es precisamente la referencia a la ausencia de una acreditación periodística.

Según informó ADEPA, el propio fallo sostiene que sin esa acreditación "cualquier persona podría arrogarse la condición de periodista".

La entidad cuestionó frontalmente ese razonamiento porque entiende que contradice garantías constitucionales y estándares interamericanos sobre libertad de expresión.

La cuestión no es menor.

Aceptar que el Estado pueda determinar mediante una credencial quién está habilitado para ejercer periodismo abriría la puerta a un mecanismo de autorización previa sobre una actividad cuya función esencial consiste precisamente en controlar, investigar e incomodar al poder .

¿Quién entregaría la credencial?

¿Quién decidiría quién es periodista?

¿Quién podría negarla?

¿Y qué ocurriría con quien investigara al mismo poder encargado de habilitarlo?

Ese es el peligro institucional que plantea ADEPA.

EL PROPIO FALLO RECONOCE QUE HABÍAN SIDO AUTORIZADOS

Existe otro elemento que profundiza las dudas.

ADEPA remarcó que el propio fallo reconoce que los periodistas habían sido inicialmente autorizados a ingresar y realizar entrevistas .

También reconoce que posteriormente se retiraron cuando les solicitaron hacerlo.

La entidad destacó además que no se describe un ingreso violento o clandestino, una permanencia contra la voluntad de integrantes de la comunidad, una agresión física ni una intromisión concreta en la intimidad de alguna persona.

Por eso reclama que el criterio sea revisado.

UNA HISTORIA QUE HABÍA COMENZADO UN AÑO ANTES

El conflicto tampoco comenzó con esta sentencia.

En septiembre de 2025, el equipo de "Hambre de Futuro" había denunciado públicamente una serie de episodios ocurridos durante aquella cobertura en Formosa.

Relataron controles policiales, fotografías de sus documentos, seguimientos y filmaciones.

También denunciaron haber permanecido retenidos durante aproximadamente dos horas cuando fueron notificados de la actuación que posteriormente desembocaría en el expediente judicial.

Es decir:

primero hubo una cobertura periodística.

Después aparecieron los controles y los seguimientos denunciados.

Luego llegó una actuación policial.

El expediente continuó en la Justicia.

Y un año después terminó con cuatro trabajadores de prensa condenados.

La secuencia merece una explicación institucional completa.

CUANDO LA JUSTICIA TERMINA DECIDIENDO QUIÉN PUEDE HACER PERIODISMO

Este es el punto que excede completamente la disputa política entre oficialismo y oposición.

La libertad de prensa no pertenece a LN+.

No pertenece a Cristina Pérez.

No pertenece a ADEPA.

Tampoco pertenece a ningún partido político.

Es una garantía constitucional de toda la sociedad.

Porque cuando un periodista puede investigar libremente al poder, el ciudadano tiene posibilidades de conocer aquello que ese poder preferiría mantener oculto.

Y cuando aparecen decisiones estatales capaces de desalentar, condicionar o sancionar esa actividad, el problema deja de afectar solamente al periodista.

Afecta al derecho de todos a estar informados.

ADEPA PIDIÓ QUE EL CRITERIO SEA REVISADO

La organización fue categórica al advertir que transformar una credencial profesional en condición para ejercer periodismo supondría establecer un mecanismo de habilitación previa incompatible con una sociedad democrática.

También alertó sobre el riesgo de que las autorizaciones estatales terminen convirtiéndose en instrumentos para decidir qué periodistas pueden investigar determinados asuntos .

Por eso reclamó que el criterio judicial sea revisado y sostuvo que un precedente semejante debe ser categóricamente rechazado.

FORMOSA, OTRA VEZ EN EL CENTRO DE UNA DISCUSIÓN NACIONAL

Cristina Pérez eligió las palabras más duras posibles.

Habló de "tiranía".

Habló de "dictador".

Comparó Formosa con Venezuela.

Y reclamó dejar de utilizar "eufemismos".

Esas definiciones son responsabilidad de la periodista y forman parte de su valoración sobre el gobierno de Insfrán.

Pero detrás de esa durísima editorial existe un hecho institucional concreto que no admite eufemismos:

cuatro periodistas fueron condenados después de realizar una cobertura periodística y una de las principales entidades representativas de la prensa argentina considera que el fallo desconoce garantías elementales de la libertad de expresión.

Ese debería ser el centro de la discusión.

Porque ningún gobierno debería decidir qué periodista puede preguntar.

Ningún funcionario debería decidir quién puede investigar.

Y ninguna credencial estatal debería convertirse en el pasaporte necesario para informar.

Ahora corresponde que las instancias judiciales competentes revisen la sentencia y determinen su validez.

Pero políticamente el daño ya está hecho.

La controversia salió de Las Lomitas.

Salió de Formosa.

Y llegó al escenario nacional.

Cristina Pérez puso palabras extremadamente duras al escándalo. ADEPA aportó el cuestionamiento institucional.

Ahora quienes tienen que hablar son las instituciones de Formosa.

Y explicar cómo una cobertura periodística terminó con cuatro periodistas condenados.