Formosa: médicos denuncian que el Hospital Central se quedó sin unidad coronaria competente y que la provincia no tiene reumatólogo pediátrico

El mejor sistema de salud del país, pero con servicios esenciales bajo cuestionamiento

La distancia entre el discurso oficial y las denuncias que se acumulan sobre el funcionamiento de la salud pública formoseña vuelve a abrir un interrogante de enorme gravedad.

Mientras el gobernador Gildo Insfrán proclama, "sin ponerse colorado", que Formosa tiene "el mejor sistema de salud pública del país" , profesionales médicos advierten sobre problemas que comprometen áreas especialmente sensibles de la atención sanitaria.

Dos señalamientos sobresalen por su gravedad.

El primero: la presunta desaparición de la unidad coronaria del área de Emergencias del Hospital Central , una dependencia cuya función está vinculada con la atención y vigilancia especializada de pacientes con enfermedades cardíacas agudas.

El segundo: la denunciada falta de especialistas en reumatología pediátrica en toda la provincia , situación que obligaría a las familias de niños con enfermedades reumáticas complejas a buscar alternativas de atención fuera de Formosa o mediante derivaciones.

Ambas denuncias necesitan una respuesta oficial documentada.

Porque no se trata de cuestiones administrativas menores.

Se trata de la capacidad de atender patologías que requieren conocimientos especializados, continuidad asistencial y, en muchos casos, intervenciones urgentes.

La denuncia más preocupante: ¿qué pasó con la unidad coronaria del Hospital Central?

Según los testimonios de profesionales sanitarios recibidos por este medio, la unidad coronaria que funcionaba en el área de Emergencias del Hospital Central habría dejado de prestar servicios como tal.

La denuncia abre preguntas que el Ministerio de Desarrollo Humano debe responder inmediatamente.

¿La unidad fue cerrada?

¿Se reorganizó dentro de otro servicio?

¿Los profesionales fueron trasladados?

¿Existe actualmente una dotación permanente de médicos especializados en la atención de emergencias cardiovasculares?

¿Dónde se internan y monitorizan los pacientes que necesitan cuidados coronarios?

¿Se modificaron los protocolos de derivación?

La existencia de otros establecimientos provinciales con capacidad cardiológica no elimina la necesidad de esclarecer lo ocurrido en el Hospital Central.

El Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón informa públicamente que cuenta con una Unidad Coronaria.

Pero una cosa es publicitar disponer de una red cardiovascular provincial y otra distinta es determinar si una unidad específica del Hospital Central fue cerrada, reducida o reemplazada, y si los pacientes conservan una atención equivalente.

Si la unidad coronaria de Emergencias dejó de funcionar, la ciudadanía tiene derecho a conocer quién tomó esa decisión, por qué motivo y cómo se garantiza actualmente la atención de los pacientes.

Un informe expone por qué cada minuto importa

La preocupación adquiere una dimensión todavía mayor a partir de un reciente informe de la Sociedad Argentina de Cardiología  sobre la mortalidad hospitalaria por infarto en la Argentina.

El trabajo periodístico, basado en información de la Sociedad Argentina de Cardiología, señala que durante una década el país no consiguió reducir significativamente la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes que sufrieron la forma más grave del infarto agudo de miocardio.

El registro ARGEN-IAM-ST reunió 7.690 casos atendidos en 209 instituciones entre 2015 y 2024.

Los resultados mostraron una mortalidad hospitalaria del 8,6%.

Pero el dato más revelador fue otro.

En más del 60% de los casos, el tratamiento destinado a restablecer la circulación sanguínea del corazón se realizó fuera de los tiempos recomendados.

La investigación demuestra la importancia de una red asistencial que pueda reconocer rápidamente un infarto, iniciar el tratamiento indicado y derivar al paciente cuando sea necesario.

La Sociedad Argentina de Cardiología también identificó un problema particularmente delicado en las derivaciones entre instituciones.

Los pacientes trasladados desde otros centros experimentaron demoras adicionales importantes antes de recibir el tratamiento de reperfusión.

La conclusión resulta especialmente relevante para provincias extensas, con poblaciones rurales y establecimientos sanitarios distribuidos en distintas localidades.

En una emergencia cardiovascular, disponer de equipamiento no es suficiente: el sistema debe garantizar que el tratamiento adecuado llegue a tiempo.

La paradoja formoseña: se anuncia un Código Infarto mientras se denuncia la pérdida de una unidad coronaria

En junio de 2026, el Gobierno provincial presentó públicamente acciones de coordinación del Código Infarto entre hospitales formoseños.

La iniciativa busca organizar la atención de pacientes con infarto agudo de miocardio, mejorar los tiempos de respuesta y establecer circuitos entre los servicios de cardiología y hemodinamia.

Se trata de un objetivo sanitario importante.

Sin embargo, la denuncia sobre el Hospital Central obliga a examinar cómo funciona esa red en la práctica.

Porque el éxito de un protocolo no depende solamente de su presentación institucional.

Depende de que cada establecimiento conozca sus responsabilidades, disponga de profesionales capacitados, cuente con recursos adecuados y pueda concretar derivaciones oportunas.

Si se reorganizó la atención coronaria del Hospital Central, corresponde explicar cuál es el nuevo circuito asistencial.

Si el servicio fue trasladado, debe informarse dónde funciona.

Y si se redujo la capacidad de atención, deben conocerse las medidas adoptadas para evitar que esa decisión perjudique a los pacientes.

El Código Infarto debe evaluarse por sus tiempos de respuesta y resultados clínicos, no solamente por los anuncios oficiales.

Sin reumatólogo pediátrico: otra denuncia que afecta a los niños

La segunda denuncia es igualmente preocupante.

Profesionales médicos sostienen que Formosa no cuenta actualmente con disponibilidad de especialistas en reumatología pediátrica.

La afirmación requiere una verificación mediante el registro de especialistas y las nóminas de prestadores públicos y privados.

Pero, si se confirma, expondría una brecha importante en la atención de niños con enfermedades inflamatorias, autoinmunes y reumatológicas.

La reumatología pediátrica interviene en patologías como la artritis idiopática juvenil, el lupus de inicio pediátrico y otras enfermedades que pueden requerir diagnósticos complejos y tratamientos prolongados.

Estos pacientes necesitan seguimiento especializado para prevenir complicaciones y preservar su calidad de vida.

No siempre resulta imprescindible que cada localidad tenga un especialista de todas las disciplinas.

Pero sí es responsabilidad de la red sanitaria garantizar el acceso efectivo a consultas, diagnósticos, tratamientos y derivaciones cuando la especialidad no está disponible localmente.

Por eso, el Ministerio debería responder:

¿Existe algún reumatólogo pediátrico prestando servicios en establecimientos públicos provinciales?

¿Hay convenios con especialistas de otras jurisdicciones?

¿Cómo se atiende actualmente a los niños que necesitan esa especialidad?

¿Cuánto demoran las consultas?

¿Quién cubre los traslados y tratamientos?

¿Se realizan interconsultas mediante telemedicina?

Una familia no debería quedar sin una respuesta sanitaria adecuada porque la especialidad que necesita su hijo no se encuentra disponible cerca de su domicilio.

Atencia y una gestión que acumula cuestionamientos

Juan Carlos Atencia asumió el Ministerio de Desarrollo Humano en abril de 2026, en reemplazo de Aníbal Gómez.

Desde entonces, diferentes sectores sanitarios han planteado cuestionamientos por modificaciones en las condiciones laborales, recortes de guardias y problemas en la organización de servicios.

Entre los antecedentes difundidos aparece un informe de junio sobre la avería de un tomógrafo del Hospital Central, que obligaba a coordinar estudios en otros establecimientos.

También se publicaron reclamos relacionados con cambios en las guardias pasivas y su remuneración.

Estas situaciones no prueban por sí mismas un deterioro generalizado de toda la red provincial.

Pero sí justifican un examen de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias sobre la atención.

El ministro Atencia debe explicar qué cambios introdujo en la estructura hospitalaria, qué servicios fueron reorganizados y qué medidas está implementando para garantizar una cobertura profesional adecuada.

No se puede responsabilizar automáticamente a una nueva conducción por todas las dificultades acumuladas durante décadas.

Pero tampoco puede utilizarse la continuidad del Modelo Formoseño como argumento para evitar rendir cuentas.

La muerte de Bauti y la importancia de las derivaciones oportunas

La discusión sobre los servicios especializados aparece además en un momento de profunda conmoción por la muerte de Bauti, el niño de cinco años que falleció después de recibir atención en General Manuel Belgrano, Laguna Blanca y el Hospital de la Madre y el Niño.

Su familia cuestiona el alta inicial y los tiempos de derivación.

La Justicia deberá determinar si existieron errores médicos o demoras evitables.

No corresponde vincular esa muerte con los problemas denunciados en cardiología sin pruebas específicas.

Pero el caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental para toda la red sanitaria:

¿Están los hospitales del interior preparados para reconocer oportunamente los cuadros graves y derivarlos sin demoras injustificadas?

La calidad de un sistema público no depende solamente de la complejidad de su hospital más equipado.

Depende también de la capacidad de sus establecimientos más pequeños para identificar una emergencia y garantizar una respuesta coordinada.

GIPSY, IASEP y los problemas de gestión que también necesitan explicaciones

A las denuncias sobre especialidades y servicios hospitalarios se suman conflictos administrativos y laborales que ya alcanzaron estado público.

GIPSY S.A., prestadora gastronómica vinculada con hospitales provinciales, comunicó a sus trabajadores que abonaría solamente la mitad de los salarios de septiembre.

En su comunicado del 1 de octubre, la empresa atribuyó la situación a pagos provinciales correspondientes a abril que, según afirmó, todavía no habían sido acreditados.

La existencia y el alcance de esa deuda deben establecerse mediante documentación contractual y contable.

También persisten reclamos de afiliados al IASEP sobre dificultades para acceder a determinados especialistas, prestadores y prestaciones, particularmente en localidades del interior.

Son conflictos de naturaleza diferente.

Pero todos merecen respuestas administrativas concretas, porque la continuidad y la calidad de los servicios sanitarios dependen también de una gestión eficiente de los recursos humanos, financieros y contractuales.

¿Con qué parámetros Insfrán afirma que Formosa tiene el mejor sistema del país?

El Gobierno provincial puede exhibir hospitales construidos, tecnología incorporada y prestaciones de alta complejidad.

Esas inversiones forman parte del desarrollo de la infraestructura sanitaria y no deben desconocerse.

Sin embargo, la afirmación de que Formosa posee el mejor sistema público del país exige mucho más que una enumeración de obras.

Requiere indicadores comparativos.

Tiempos de atención.

Disponibilidad de especialistas.

Cobertura de guardias.

Resultados de tratamientos.

Acceso territorial.

Mortalidad evitable.

Y capacidad para resolver emergencias.

Las estadísticas nacionales de años recientes muestran, además, que Formosa registró tasas de mortalidad infantil y materna superiores al promedio argentino.

Estos datos no permiten evaluar por sí solos la calidad actual de cada hospital, pero sí demuestran que la proclamación de excelencia absoluta necesita fundamentos más rigurosos.

La pregunta que el Ministerio debe responder

Si la unidad coronaria de Emergencias del Hospital Central efectivamente dejó de funcionar, el Gobierno debe explicar cuándo ocurrió, qué capacidad se perdió o trasladó y cómo se garantiza la atención de los pacientes cardíacos.

Si no existe disponibilidad de reumatología pediátrica, debe informar qué alternativas concretas ofrece a las familias.

Y si ambas denuncias son incorrectas, corresponde que las autoridades exhiban la nómina de especialistas, las estructuras de servicio y los circuitos asistenciales que permitan desmentirlas.

La transparencia sanitaria no debería depender de la presión de los médicos ni de las denuncias periodísticas.

Después de más de treinta años de Gildo Insfrán al frente de la Gobernación, los ciudadanos tienen derecho a conocer no solamente cuánto se invirtió en infraestructura, sino también cómo funcionan los servicios.

Porque en un infarto cada minuto importa.

Y para un niño con una enfermedad reumatológica compleja, el acceso oportuno a un especialista puede resultar decisivo para su tratamiento y su futuro.

¿DE QUÉ SIRVE PROCLAMAR "EL MEJOR SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DEL PAÍS" SI LOS MÉDICOS DENUNCIAN LA PÉRDIDA DE UNA UNIDAD CORONARIA Y LA AUSENCIA DE UNA ESPECIALIDAD PEDIÁTRICA ESENCIAL?

La respuesta no puede ser otro discurso.

Debe ser información pública, verificable y acompañada de soluciones concretas.

Porque la salud pública no se mide por la grandilocuencia de sus anuncios.

Se mide por la capacidad de atender a cada paciente, con los profesionales adecuados y en el momento en que los necesita.