Crece el conflicto en la Justicia de Formosa: judiciales volvieron a parar y denuncian aumentos privilegiados para magistrados mientras les niegan mejoras salariales
La Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) realizó un nuevo paro parcial y marchó hasta el Superior Tribunal de Justicia, con una importante participación de trabajadores de la capital y el interior provincial. El gremio reclama diferencias salariales adeudadas y cuestiona los incrementos que, según denuncia, recibieron magistrados y funcionarios sin alcanzar a los empleados. También advierte que los descuentos por huelga condicionan la participación y rechaza que el STJ negocie con otra organización sindical mientras sus reclamos continúan sin respuesta.

El conflicto salarial en el Poder Judicial de Formosa continúa profundizándose y vuelve a colocar bajo cuestionamiento a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ), señaladas por los trabajadores por una política de incrementos remunerativos que, según denuncian, beneficia especialmente a magistrados y funcionarios, mientras los empleados reclaman recomposiciones pendientes.
Este miércoles 28 de octubre, la Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) concretó una nueva jornada de protesta, con un paro parcial desde las 10 de la mañana, mantenimiento de guardias mínimas y una movilización desde el edificio de Tribunales hasta la sede del máximo tribunal provincial.
La medida tuvo un acatamiento que la conducción sindical calificó como "importante" , con la participación de trabajadores de distintas dependencias judiciales, incluidos representantes del interior de la provincia.
La secretaria general del gremio, Fátima Gutiérrez , confirmó que el conflicto continúa sin una respuesta satisfactoria por parte del STJ y anticipó nuevas acciones para exigir soluciones.
Detrás de la protesta aparece una discusión que excede el reclamo salarial: cómo se distribuyen los recursos dentro del Poder Judicial y por qué, según el sindicato, los incrementos más significativos no alcanzan a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales.
Denuncian aumentos desproporcionados para magistrados y funcionarios
Uno de los principales motivos del conflicto es el cuestionamiento sindical a los incrementos remunerativos que habrían recibido magistrados y funcionarios judiciales.
AJUFSA denuncia la existencia de un "incremento encubierto y desproporcionado" que no se habría trasladado a los tres escalafones de empleados.
El reclamo pone bajo la lupa las diferencias de ingresos dentro de la estructura judicial, especialmente entre los integrantes de la máxima conducción y los trabajadores de categorías inferiores.
En anteriores manifestaciones, la conducción sindical sostuvo que las remuneraciones de ministros del Superior Tribunal superarían los 25 millones de pesos , mientras que el salario de un auxiliar judicial rondaría los 1,4 millones de pesos .
Estas cifras fueron difundidas por el gremio y requieren su correspondiente contraste con las liquidaciones oficiales. Sin embargo, reflejan la magnitud de la desigualdad salarial que AJUFSA viene denunciando públicamente.
La discusión es especialmente sensible porque los trabajadores reclaman conocer los criterios utilizados para distribuir los aumentos dentro de un organismo financiado con recursos públicos.
Si existen partidas que mejoran considerablemente los ingresos de magistrados y funcionarios, corresponde que las autoridades expliquen su fundamento, su alcance y por qué no producen una recomposición equivalente para el resto del personal.
Reclaman diferencias salariales correspondientes a agosto y septiembre
El segundo eje del conflicto es una diferencia que el sindicato considera pendiente en la liquidación del Complemento Asistencial correspondiente a agosto y septiembre .
Según explicó la organización gremial, los trabajadores consideran que no recibieron la totalidad de la recomposición que les correspondía.
La controversia motivó reuniones con integrantes del Servicio Financiero del Poder Judicial, quienes explicaron los criterios aplicados para liquidar los últimos incrementos.
Sin embargo, AJUFSA manifestó su disconformidad con esas explicaciones y resolvió avanzar hacia la judicialización del reclamo.
La situación presenta una particularidad institucional: trabajadores de la Justicia provincial deben recurrir a mecanismos judiciales para reclamar diferencias salariales frente a las autoridades del propio Poder Judicial.
Mientras tanto, la falta de acuerdo prolonga un conflicto que ya lleva varias jornadas de protesta.
Los descuentos salariales también condicionan las medidas de fuerza
Otro punto de tensión es la decisión del Superior Tribunal de Justicia de aplicar descuentos proporcionales sobre los haberes de quienes participan de los paros.
Gutiérrez reconoció que esa medida influye sobre los niveles de adhesión, porque muchos trabajadores deben evaluar el impacto económico de dejar de prestar servicios durante determinadas horas.
La dirigente sostuvo que el sindicato respeta las decisiones individuales y que no pretende generar mayores dificultades económicas a los empleados.
Pese a ese escenario, consideró que la participación registrada este miércoles fue significativa.
El conflicto por los descuentos ya tuvo una respuesta institucional del STJ, que mediante la Resolución 496/26 rechazó un planteo de reconsideración presentado por AJUFSA.
El Tribunal sostuvo que los descuentos por horas no trabajadas no constituyen una sanción disciplinaria, sino una consecuencia de la suspensión de tareas durante una huelga.
El gremio, por su parte, cuestiona el efecto de esas medidas sobre el ejercicio del derecho constitucional de protesta.
El sindicato denuncia falta de respuestas y cuestiona al Superior Tribunal
Después de la movilización, Fátima Gutiérrez expresó su satisfacción por la participación de trabajadores de la capital y el interior.
"La marcha se desarrolló de acuerdo a lo esperado, con una participación numerosa y con la presencia de compañeros del interior provincial", manifestó.
La dirigente confirmó que AJUFSA presentará un nuevo petitorio ante el Superior Tribunal de Justicia y reiteró la disposición del sindicato a dialogar.
Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta concreta a sus principales demandas.
El reclamo adquiere mayor relevancia porque se dirige a la conducción del organismo encargado de garantizar el funcionamiento de la Justicia provincial.
La ausencia de una solución negociada prolonga las medidas de fuerza y mantiene abierto un conflicto que involucra tanto la situación económica de los empleados como el funcionamiento de las dependencias judiciales.
Polémica por una mesa de trabajo con otro sindicato
La tensión se incrementó después de que el Superior Tribunal anunciara la conformación de una mesa de trabajo con otra organización sindical que representa a trabajadores del sector.
La iniciativa tiene como finalidad analizar una propuesta de mejora en uno de los conceptos que integran las remuneraciones judiciales.
Sin embargo, AJUFSA rechazó tanto el mecanismo de incremento propuesto como la elección de los interlocutores.
Gutiérrez cuestionó que el otro sindicato participe de una instancia de negociación colectiva que, según su interpretación, excedería sus facultades de representación.
"Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de incremento que está planteando el otro sindicato", sostuvo.
Además, anticipó que AJUFSA responderá formalmente a la resolución del STJ que dispuso esa instancia.
El planteo abre una nueva discusión sobre la representación sindical y los mecanismos utilizados para negociar las condiciones salariales dentro del Poder Judicial.
No obstante, las objeciones de AJUFSA no establecen por sí mismas que la participación de la otra organización sea ilegal; esa cuestión dependerá del alcance de las respectivas personerías y de la normativa aplicable.
Una Justicia que debe explicar cómo distribuye sus recursos
La continuidad del conflicto obliga a examinar un aspecto fundamental de la administración pública: la transparencia en el uso de los recursos presupuestarios.
Las remuneraciones judiciales, los complementos salariales y las decisiones que modifican los ingresos de magistrados, funcionarios y empleados son asuntos de interés público.
Por ello, resulta razonable exigir información clara sobre los incrementos aplicados, sus fundamentos administrativos y el impacto que tienen sobre cada escalafón.
La independencia del Poder Judicial no debería confundirse con ausencia de rendición de cuentas sobre la administración de fondos públicos.
Las autoridades judiciales tienen la oportunidad de responder con documentación verificable a las acusaciones del sindicato, explicar los criterios de distribución salarial y abrir canales efectivos de negociación.
Mientras esas respuestas no lleguen, el conflicto continuará alimentando cuestionamientos sobre las prioridades presupuestarias de la conducción judicial.
AJUFSA definirá nuevas medidas este viernes
Tras la movilización de este miércoles, el sindicato confirmó que realizará una nueva asamblea con radio abierta el viernes 30 de octubre, frente al Tribunal de Familia , ubicado sobre la calle Saavedra.
Durante ese encuentro, los trabajadores analizarán los pasos a seguir en noviembre, mes en el que se conmemora el Día del Empleado Judicial, el día 16.
La conducción gremial anticipó que mantendrá su reclamo por las diferencias salariales y por una distribución de los incrementos que considere equitativa.
La continuidad de las protestas muestra que el conflicto está lejos de resolverse.
Mientras AJUFSA denuncia aumentos desproporcionados para magistrados y funcionarios, los empleados judiciales siguen reclamando diferencias salariales, enfrentan descuentos por participar de las huelgas y esperan respuestas del Superior Tribunal de Justicia.
La cuestión central sigue pendiente: que las autoridades expliquen de manera transparente cómo se distribuyen los recursos salariales del Poder Judicial y establezcan una instancia de diálogo capaz de ofrecer soluciones concretas.
Porque una administración de Justicia que exige el cumplimiento de derechos y obligaciones también debe garantizar procedimientos claros, transparencia y respuestas fundadas frente a los reclamos de sus propios trabajadores.










