El "mejor sistema sanitario del país" cerró octubre entre muertes, marchas por justicia, denuncias de mala praxis y propaganda política
El Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama, terminó en Formosa atravesado por el dolor de familias que reclaman justicia, cuestionamientos a la atención hospitalaria y denuncias por falta de médicos, insumos y equipamiento. Mientras el Gobierno de Gildo Insfrán exhibía operativos sanitarios acompañados de propaganda partidaria, en General Belgrano, Laguna Blanca, Naineck y Pirané se multiplicaban los reclamos. La final de la denominada "Copa Gildo Insfrán" sumó una nueva controversia por denuncias de represión contra familiares de un niño de seis años que exigían justicia.
Octubre debía ser el mes de la concientización, la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres. Sin embargo, en Formosa terminó convertido en un período de profundos cuestionamientos al funcionamiento del sistema sanitario provincial, marcado por tragedias familiares, movilizaciones populares y denuncias que desmientes el discurso oficial sobre la calidad de la salud pública.
El contraste resulta particularmente significativo frente a las reiteradas afirmaciones del gobernador Gildo Insfrán, quien ha presentado al sistema sanitario formoseño como el mejor del país.
Mientras la comunicación gubernamental difundía imágenes de operativos médicos, campañas preventivas y actividades institucionales, distintas comunidades del interior provincial salían a las calles para reclamar explicaciones por fallecimientos que las familias atribuyen a presuntas negligencias médicas, demoras en las derivaciones y deficiencias estructurales de los establecimientos sanitarios.
El Mes Rosa terminó así con una contradicción difícil de ignorar: la promoción oficial de la prevención convivió con familias que denunciaban no haber recibido una atención adecuada cuando más la necesitaban.
General Belgrano: la muerte de Bauti expuso las denuncias sobre la atención hospitalaria
Uno de los episodios que mayor conmoción provocó fue la muerte de Juan Bautista Brites, conocido como Bauti, un niño de apenas cinco años que falleció el 10 de octubre después de sufrir una lesión en una pierna y recibir atención en distintos establecimientos sanitarios.
Según denunciaron sus familiares, el pequeño fue atendido inicialmente en el hospital de General Belgrano, donde le realizaron curaciones y lo enviaron a su domicilio. Posteriormente sufrió una grave hemorragia y debió ser trasladado primero a Laguna Blanca y luego a Formosa capital, donde finalmente falleció.
La familia sostiene que existieron graves mala praxis en la atención inicial y demoras inexplicables e injustificable que comprometieron sus posibilidades de supervivencia.
La causa judicial se tramita como homicidio culposo, pero existe la casi certeza que la investigación no avanzará, que nuevamente primara el encubrimiento y -como invariablemente sucede en El Modelo Formoseño- se blindara de impunidad a los profesionales vinculadas con el fallecimiento.
La tragedia desencadenó movilizaciones de vecinos, pedidos de justicia y reclamos formales de intervención del hospital.
La familia también denunció falta de insumos, problemas en la organización de las guardias y deficiencias en los procedimientos de derivación de pacientes.
Los abogados quie interviene como abogados de la familia, cuestionaron la atención recibida por el niño y sostuvieron públicamente que su muerte podría haberse evitado.
En medio de la indignación, el intendente Hermes Acosta difundió la incorporación de profesionales médicos al establecimiento. Sin embargo, familiares cuestionaron el anuncio y aseguraron que varios de los profesionales presentados ya prestaban servicios en la localidad, y los demás no eran médicos.
El interrogante permanece abierto: ¿por qué tuvieron que producirse una muerte, movilizaciones y pedidos formales de intervención para que las autoridades anunciaran medidas destinadas a fortalecer la atención sanitaria, que tampoco sucedieron?
Laguna Blanca y Naineck: los reclamos por Sol y Franco
La conmoción sanitaria también alcanzó a Laguna Blanca y Colonia Pastoril, en la zona de Naineck, donde familiares y allegados de Sol Genez y Franco Antonelli reclamaron justicia después del siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 86.
A la tragedia vial se sumaron denuncias de familiares sobre la atención hospitalaria posterior, particularmente por el funcionamiento del equipamiento médico, por los tiempos de derivación y porque en Formosa capital no había cama para recibirlo en el Hospital público.
Entre los cuestionamientos se encuentra la situación del tomógrafo del hospital de Laguna Blanca, que, según las denuncias, no se encontraba operativo cuando se necesitaba evaluar la gravedad de las lesiones.
Estas acusaciones requieren una urgente reconstrucción precisa de la atención brindada, pero plantean un problema de fondo: la disponibilidad efectiva de equipamiento de diagnóstico y de recursos para responder a emergencias graves en el interior provincial.
No alcanza con inaugurar hospitales o exhibir propaganda en actos oficiales. Lo verdaderamente importante es que los equipos funcionen, que existan profesionales capacitados para utilizarlos y que los pacientes reciban atención oportuna.
Pirané: la Copa Gildo Insfrán terminó atravesada por otro pedido de justicia
El cierre de octubre sumó un episodio especialmente sensible en Pirané, donde el 31 de octubre se desarrollaron las instancias finales del Torneo de la Amistad, denominado "Copa Gildo Insfrán", una competencia de fútbol femenino organizada por el Partido Justicialista de Formosa.
La jornada quedó atravesada por el reclamo de familiares de Mateo, un niño de seis años que murió atropellado en un camino de la colonia Casco Cué, jurisdicción de Pirané.
De acuerdo con las denuncias de la familia, el conductor involucrado circulaba en estado de ebriedad, intentó escapar y posteriormente recuperó su libertad en circunstancias que motivaron fuertes cuestionamientos al procedimiento policial y judicial.
Los familiares intentaron aprovechar la presencia del gobernador en la final del torneo que ridículamente lleva su nombre para visibilizar carteles reclamando justicia.
Pero fueron objeto de represión por parte de efectivos policiales cuando pretendían hacer visible su reclamo. Una verguenza que -en un estado democrático sero- deberia requier una investigación que permita establecer cómo actuaron los uniformados y quiénes impartieron las órdenes.
La controversia adquiere una dimensión institucional que excede el acontecimiento deportivo.
Una familia que perdió a un niño tiene derecho a manifestarse pacíficamente, reclamar justicia y exigir explicaciones a las autoridades, sin sufrir intimidaciones ni restricciones arbitrarias.
La promoción del deporte femenino cuya Copa lleva el nombre del Gobernador , no debería convertirse en un escenario donde los reclamos de familiares de víctimas queden desplazados por la imagen política de los funcionarios.
El Mes Rosa, entre la prevención del cáncer y la propaganda partidaria
Otro de los cuestionamientos que dejó octubre estuvo relacionado con la utilización de actividades sanitarias para exhibir imágenes y consignas vinculadas con el oficialismo provincial.
Las imágenes difundidas muestran una unidad móvil sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano acompañada por carteles con fotografías del gobernador Gildo Insfrán , además de símbolos del PJ, propaganda de El Modelo Formoseño y mensajes electorales del partido.
Entre los elementos utilizados para ambientar el operativo aparecen globos rosados, asociados con la campaña de prevención del cáncer de mama, junto a cartelería de promoción política y carteleria con la foto de Gildo Insfrán.
La prevención del cáncer de mama debe tener como protagonistas a las mujeres, los profesionales de la salud, los controles médicos y el acceso a diagnósticos oportunos, no a los dirigentes políticos ni a la propaganda de Gildo Insfrán.
En una campaña de prevención, el verdadero indicador de éxito no debería ser la cantidad de fotografías oficiales, sino cuántas mujeres accedieron a controles, cuántas recibieron resultados a tiempo y cuántas pudieron completar los estudios y tratamientos necesarios.
Denuncias por desplazamientos de médicos y designaciones cuestionadas
A las controversias por las muertes y los operativos sanitarios se agregan denuncias sobre el manejo de los recursos humanos dentro del sistema público de salud.
En distintas localidades se han planteado cuestionamientos por el desplazamiento de profesionales médicos y la asignación de funciones de conducción o atención a personal a enfremeros con títulos de Licenciados, cuya formación y habilitación profesional los denunciantes desacreditan .
Entre las críticas aparecen señalamientos sobre designaciones de licenciadas en enfermería vinculadas políticamente con el oficialismo y presuntas decisiones administrativas que habrían relegado criterios técnicos.
Es indispensable distinguir entre las competencias profesionales: la enfermería cumple una función esencial en cualquier sistema sanitario, pero sus incumbencias no sustituyen automáticamente las atribuciones propias del ejercicio de la medicina, y menos la de la conducción de Centros de Salud.
La afiliación política de un trabajador tampoco constituye, por sí sola, una irregularidad. Lo que debe garantizarse es que cada función sanitaria sea desempeñada por personal debidamente habilitado y seleccionado conforme a criterios de idoneidad.
El Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Juan Carlos Atencia, tiene la responsabilidad de responder a estos cuestionamientos y explicar cómo se garantiza la cobertura profesional, especialmente en los establecimientos del interior.
Un sistema sanitario que necesita respuestas, no solamente anuncios
El Gobierno provincial sostiene desde hace años una política de comunicación centrada en la infraestructura hospitalaria, los operativos de atención, la gratuidad de los servicios y la inversión pública en salud.
Sin embargo, los acontecimientos de octubre muestran la necesidad de contrastar esos anuncios con indicadores verificables sobre el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.
La cantidad de médicos disponibles por guardia, los tiempos de respuesta de las ambulancias, la in existencia de insumos básicos, el mal funcionamiento de los equipos de diagnóstico y la in capacidad para resolver emergencias constituyen parámetros indispensables para evaluar la calidad de la atención.
Las denuncias de familiares exponen la existencia de mala praxis, que no pueden ser desestimadas mediante comunicados oficiales o campañas publicitarias.
Cuando varias comunidades reclaman por problemas similares, corresponde que las autoridades expliquen qué controles realizan, qué deficiencias detectaron y cuáles son las medidas concretas para corregirlas.
La transparencia exige, además de las investigaciones administrativas, garantizar que las familias puedan acceder a la documentación vinculada con la atención de sus seres queridos.
Octubre terminó, pero las familias siguen esperando justicia
El Mes Rosa concluyó con una sucesión de imágenes profundamente contrastantes.
Por un lado, los operativos sanitarios, las fotografías oficiales, los globos rosados y las consignas partidarias.
Por otro, las marchas por Bauti en General Belgrano, los reclamos por Sol y Franco en Laguna Blanca y Naineck, y la familia de Mateo intentando visibilizar su pedido de justicia en Pirané.
Son situaciones diferentes, con responsabilidades diferentes , pero que coinciden en una demanda central: respuestas institucionales, transparencia y protección efectiva de la vida.
La discusión sobre si Formosa tiene el "mejor sistema sanitario del país" no puede resolverse con eslóganes ni fotografías de funcionarios. Debe sostenerse con resultados, estadísticas confiables, controles independientes y experiencias concretas de los pacientes.
El gobernador Gildo Insfrán y las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano tienen la obligación de responder públicamente a los cuestionamientos, facilitar las investigaciones y garantizar las mejoras que correspondan.
Porque detrás de cada reclamo hay familias que esperan explicaciones y comunidades que necesitan confiar en sus hospitales.
Octubre terminó. Las campañas y los actos oficiales quedaron atrás. Pero las preguntas por las muertes, las negligencias y las deficiencias sanitarias, la prepotencia represiva de la policía militante y el mal funcionamiento de la Justicia, siguen abiertas. Y ninguna consigna política puede reemplazar las respuestas que esas familias merecen.
