Neme y Narváez denunciaron que el Ministerio de la Comunidad "estafó y revictimizó" a la madre de una niña víctima de abuso

Según expusieron las abogadas, a la familia se le habría quitado el módulo habitacional que Belén estaba ampliando —con servicios y mejoras realizadas con esfuerzo propio— para trasladarla a otro módulo en condiciones precarias, sin agua corriente, y además con una deuda de energía eléctrica superior a $1.800.000, correspondiente a la persona que ocupaba anteriormente esa vivienda.

Traslado forzado y pérdida de pertenencias

Neme y Narváez señalaron que el traslado se produjo de manera forzada y en un contexto de extrema vulnerabilidad. De acuerdo a lo denunciado, Belén y sus hijas fueron reubicadas de manera compulsiva, sin poder retirar la mayoría de sus pertenencias del domicilio original.

Entre los elementos que, según indicaron, no fueron devueltos se encuentran muebles, un tanque y un motor de agua adquiridos por la familia, e incluso la bicicleta de la niña, que —afirman— continúa en la vivienda anterior.

Las abogadas calificaron la situación como un "trueque forzado de módulos", donde el Estado se habría quedado con los bienes de la familia y, a cambio, les habría entregado una vivienda inhabitable y con una deuda ajena.

Deuda millonaria y reclamo a REFSA

Uno de los puntos más graves de la denuncia es la deuda eléctrica de $1.800.000, que el Ministerio pretendería que Belén pague a REFSA, pese a que —según Neme— no le corresponde legalmente, ya que fue generada por un ocupante anterior.

Por este motivo, Neme exigió públicamente a la empresa eléctrica la reconexión inmediata del servicio, y al Gobierno provincial que se haga cargo de la deuda y repare el daño ocasionado.

Persecución y contexto judicial

Las abogadas también sostuvieron que la familia se encuentra en una situación de hostigamiento institucional, y que el traslado y la falta de respuestas serían consecuencia directa de haber denunciado la violación de la menor, ya que según Belén y los vecinos el Pastor Violador trabajaría para Blanca Denis, referente junto a Marcelo Sosa del espacio al cual estaba afiliado juez Sergio Felipe Cañete, quién también ecubrió el crimen del oficial Inspector Federico Romero, que investigaba el caso de la droga allado en la camioneta particular de Blanca Denis y Edgar Perez.

En este marco, cuestionaron la actuación del juez Sergio Felipe Cañete, quien interviene en la causa y fue señalado por las denunciantes como el magistrado que dispuso alegremente la libertad del imputado.

Neme recordó además que se trata de un juez con antecedentes polémicos en otras causas de narcotráfico vinculados a personajes del poder político provincial, de alto impacto, lo que —según expresó— agrava la desconfianza social en el accionar del Poder Judicial.

"No es un error, es abuso de poder"

Para Neme y Narváez, lo ocurrido no puede explicarse como una falla administrativa, sino como una decisión política que revictimiza:

"No solo no protegieron a la madre y a la niña, sino que las castigaron, las despojaron de su vivienda y ahora pretenden cargarles una deuda que no es suya. Esto es abuso de poder".

Las abogadas exigieron al Ministerio de la Comunidad que restituya el módulo original o garantice una vivienda digna, devuelva las pertenencias retenidas y cese toda forma de persecución contra la familia.

Mientras tanto, Belén continúa sin servicios básicos, con una deuda impagable y sin respuestas concretas de los organismos del Estado, en una situación que vuelve a exponer —según las denunciantes— la fragilidad de las víctimas frente a un sistema que debería protegerlas.