GRAVÍSIMA PERSECUCIÓN POLÍTICA, POLICIAL Y JUDICIAL: Apuntan al poder por el hostigamiento a Bélen la madre de Uma

La provincia de Formosa vuelve a quedar envuelta en un escándalo institucional de extrema gravedad. Esta vez, las denuncias apuntan directamente a un presunto entramado de persecución política, policial y judicial contra Belén, madre de Uma, la menor de 9 años abusada sexualmente por un falso pastor señalado por militar políticamente para el sector de la ex diputada provincial Blanca Denis.

El violador continúa libre e impune, mientras la familia de la víctima asegura vivir bajo constantes amenazas, hostigamientos y maniobras intimidatorias. El caso tomó dimensión nacional luego de ser expuesto con crudeza en el Senado de la Nación, durante las jornadas impulsadas en el marco del pedido de intervención federal a la provincia de Formosa.

En ese ámbito, la doctora Ailín Narváez realizó una explosiva disertación donde vinculó los casos de Uma y Xiomara con sectores del poder político provincial, denunciando mecanismos de protección, encubrimiento e impunidad. En sus declaraciones, mencionó directamente a la ex diputada Blanca Denis y al concejal Marcelo Sosa, señalando la existencia de una estructura política que operaría para silenciar denuncias y proteger a determinados sectores.

La tensión escaló aún más cuando, horas antes del nuevo episodio denunciado en el Lote 110, el concejal Marcelo Sosa —quien además enfrenta denuncias por violencia de género— salió públicamente a atacar e insultar a las doctoras Gabriela Neme y Ailín Narváez, así como también a "Bety", una vecina que había declarado ante el Senado sobre las condiciones de vulnerabilidad, impunidad y zona liberada par el narcotráfico en ese barrio.

Sosa incluso amenazó con llevarlas ante la Justicia, en lo que distintos sectores interpretaron como un intento de intimidación pública contra quienes expusieron los casos a nivel nacional.

Pero el episodio más alarmante ocurrió posteriormente, cuando una supuesta "patota" integrada por policías de civil y vehículos sin identificación intentó irrumpir nuevamente en horas de la noche en el precario módulo donde viven Belén, Uma y otros dos menores.

Según denunciaron testigos y dirigentes opositores, el operativo se habría realizado sin orden judicial, con motos sin patente y camionetas blancas no identificadas, en un procedimiento que fue calificado como "ilegal" y "abiertamente intimidatorio".

La situación solo se desactivó tras la llegada de las doctoras Gabriela Neme y Ailín Narváez, junto al concejal Mattia Canepa, quienes exigieron explicaciones y evitaron lo que denunciaron como un posible allanamiento irregular o un nuevo acto de amedrentamiento contra una madre que ya vive aterrorizada por la impunidad que rodea el caso de su hija.

La gravedad institucional de lo ocurrido genera fuertes interrogantes:

¿Quién ordenó el operativo?
¿Por qué actuaban agentes sin identificación?
¿Por qué se hostiga a la víctima mientras el acusado permanece libre?
¿Quién protege políticamente a los responsables?

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de las instituciones provinciales y alimenta las denuncias sobre el uso del aparato estatal para disciplinar, perseguir y silenciar a quienes denuncian abusos vinculados al poder.

En cualquier democracia plena, un operativo nocturno sin orden judicial, con personal no identificado y presuntas amenazas contra víctimas y testigos, constituiría un escándalo de proporciones. En Formosa, para muchos, parece haberse transformado en una práctica naturalizada bajo el amparo del poder político.