Escándalo en Clorinda: Gendarmería desactivó un retén municipal por cobros ilegales en plena ruta nacional
La fuerza federal levantó un bloqueo sobre una ruta nacional y notificó al intendente interino Ariel Caniza por una práctica que vulnera la libre circulación. Transportistas y vecinos respaldaron la intervención.

La ciudad de Clorinda quedó en el centro de un fuerte conflicto institucional luego de que efectivos de Gendarmería Nacional Argentina intervinieran para desactivar un retén municipal instalado sobre una ruta nacional, donde se cobraban aranceles considerados ilegales.
El procedimiento se desarrolló en las últimas horas, cuando patrullas de la fuerza federal detectaron la presencia de personal municipal apostado sobre la traza nacional, impidiendo el paso de camiones de gran porte. Según confirmaron fuentes oficiales de Gendarmería con asiento en la ciudad, el operativo no contaba con autorización correspondiente y vulneraba el derecho constitucional a la libre circulación.
De acuerdo a lo informado, bajo la gestión del intendente interino Ariel Caniza, el municipio implementaba un esquema de cobro a transportistas que simplemente transitaban por la ruta, sin realizar actividades de carga o descarga dentro del ejido urbano. Esta práctica fue calificada por la fuerza federal como irregular y fuera del marco normativo vigente.
En ese contexto, Gendarmería procedió a levantar el bloqueo y notificó personalmente al jefe comunal sobre la ilegalidad del accionar. La normativa establece que los municipios solo pueden aplicar tasas a aquellos transportes que operen dentro de su jurisdicción, pero no a quienes circulan por rutas nacionales.
El episodio no solo expuso tensiones entre jurisdicciones, sino que también dejó al descubierto un sistema de recaudación que, según trascendió, se venía aplicando desde hace tiempo de manera arbitraria. Ante esta situación, el Gobierno Nacional habría impartido directivas claras para garantizar el libre tránsito y evitar nuevas obstrucciones.
La intervención fue bien recibida por transportistas, quienes venían denunciando estas prácticas, y por vecinos de Clorinda que manifestaron su preocupación por los manejos de la actual gestión municipal. El caso abre ahora un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de las facultades municipales y el respeto a las normativas nacionales en materia de circulación y transporte.
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