Prohibir celulares para tapar el fracaso: el nuevo relato del oficialismo formoseño

La diputada provincial Estela "Barby" Escobar, ponderó la convocatoria legislativa del bloque justicialista y sus aliados para avanzar en una ley que prohíba el uso de celulares y herramientas digitales en los establecimientos educativos. Una iniciativa que, lejos de resolver problemas reales, parece diseñada para desviar la atención de una crisis educativa cada vez más evidente.

Escobar intentó presentar el acompañamiento de un sector minoritario de la oposición como una muestra de "madurez institucional" y "sana convivencia democrática", incluso recordando coincidencias previas como el aval a la reforma constitucional impulsada por el oficialismo.

Sin embargo, la realidad dista mucho de ese relato: la mayoría de los espacios opositores y, sobre todo, sectores vinculados al ámbito educativo, ya manifestaron su rechazo a una medida que consideran improcedente e inconducente.

El trasfondo del debate es mucho más profundo que el uso de un dispositivo en el aula. Los problemas estructurales del sistema educativo formoseño no comienzan ni terminan con los celulares.

Docentes y referentes del sector vienen señalando desde hace años una combinación de factores críticos: salarios deprimidos, designaciones atravesadas por criterios políticos, desarticulación del Estatuto Docente, deterioro de la carrera profesional, falta de infraestructura, ausencia de personal auxiliar y un clima de creciente maltrato institucional hacia quienes sostienen el sistema en condiciones adversas.

A esto se suma una crítica recurrente y cada vez más extendida: la utilización del sistema educativo como herramienta de construcción política. Para muchos sectores, la escuela dejó de ser un espacio de formación para convertirse en una estructura funcional al aparato partidario, donde la lógica de la "unidad básica" desplaza el objetivo central de educar.

En ese contexto, la propuesta de prohibir celulares aparece como una respuesta simplista frente a una realidad compleja.

Desde distintos sectores docentes fueron contundentes: "prohibir no es educar". Mientras en el mundo se debate cómo integrar la tecnología al aprendizaje, en Formosa se insiste en eliminarla del aula. Lejos de formar ciudadanos preparados para el siglo XXI, esta lógica refuerza un modelo educativo desconectado de la realidad.

Desde una mirada pedagógica, especialistas coinciden en que el problema no es el dispositivo en sí, sino el uso que se hace de él.

El celular puede ser una herramienta potente para el acceso a la información, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades digitales. Negar su presencia en la escuela implica renunciar a formar estudiantes críticos en un entorno atravesado por la tecnología.

También se advierten riesgos en términos de equidad. En muchos hogares, el celular es el único medio de acceso a internet. Prohibirlo en el ámbito escolar no solo limita oportunidades de aprendizaje, sino que profundiza desigualdades. A esto se suma su función como herramienta de comunicación ante situaciones de emergencia, un aspecto que no puede ser ignorado.

Otro punto central es la falta de diagnóstico serio. La distracción en el aula no puede explicarse únicamente por la presencia de teléfonos. Metodologías obsoletas, contenidos poco atractivos y problemáticas sociales inciden de manera directa en el proceso educativo. En lugar de abordar estas cuestiones, el oficialismo opta por una medida de impacto inmediato pero escasa efectividad real.

El debate, además, expone una oportunidad perdida: la alfabetización digital. En una sociedad donde la información circula de manera constante, enseñar a usar la tecnología de forma responsable es una tarea central de la escuela. Prohibirla, en cambio, implica resignar ese rol formativo y profundizar el atraso.

Finalmente, detrás de la iniciativa también se percibe un componente político difícil de ignorar. En medio de un sistema educativo con indicadores preocupantes, el foco en los celulares funciona como una cortina de humo que evita discutir los problemas estructurales. Una estrategia conocida: instalar debates superficiales para no dar respuestas de fondo.

Así, mientras se habla de prohibiciones, el sistema educativo sigue arrastrando déficits históricos. Y la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿se busca mejorar la educación o simplemente administrar su crisis sin tocar los intereses que la sostienen?