La Policía desmintió a Radio Parque, pero… ¿terminó confirmando el blindaje y encubrimiento del caso Caldera? Críticas al rol militante y propagandístico de la fuerza provincial

La utilización selectiva de la rigurosidad informativa de una Policía provincial acostumbrada a desinformar

La publicación original hacía referencia a un robo ocurrido en la localidad gobernada por Mario Brignole, basada —según explicó el medio— en información obtenida de fuentes consideradas confiables y difundida sin intención maliciosa.

Sin embargo, la respuesta oficial fue inmediata y desproporcionada.

La Policía provincial emitió un comunicado desmintiendo parte de la información publicada y, casi en simultáneo, distintos medios y páginas alineadas con el oficialismo comenzaron una ofensiva coordinada contra Radio Parque y sus periodistas.

Entre ellos volvieron a aparecer páginas vinculadas al operador oficialista Evelio Ríos, señaladas desde hace tiempo por sectores opositores como usinas de difamación política y operaciones contra medios independientes o dirigentes críticos al gobierno provincial.

Pero más allá de la polémica puntual sobre el hecho de inseguridad, desde Radio Parque remarcaron algo central:
el episodio efectivamente ocurrió y nunca fue negado en su totalidad por la propia Policía.

"El robo existió. Si hubo diferencias respecto a dimensiones o detalles específicos, pedimos disculpas por cualquier error involuntario", señalaron desde el medio.

Sin embargo, el verdadero eje del cuestionamiento apunta a otro aspecto mucho más profundo:
la utilización selectiva de la rigurosidad informativa por parte de la Policía provincial.

Porque mientras la fuerza sale rápidamente a desmentir publicaciones de medios independientes, jamás actúa con el mismo celo frente a campañas de difamación, injurias o ataques provenientes de medios oficialistas contra opositores, periodistas o ciudadanos críticos del poder provincial.

El vergónzoso caso Caldera

"Sabemos que no todo lo que la Policía NO desmiente es verdad. Porque nunca desmienten las operaciones y mentiras de los medios oficialistas contra quienes no se subordinan al poder", cuestionan desde sectores críticos.

Pero además, el episodio volvió a poner en el centro del debate un tema mucho más grave:
el comportamiento de la Policía provincial frente al escandaloso caso protagonizado porAntonio Caldera en Ingeniero Juárez.

Allí, lejos de actuar con el mismo nivel de rigurosidad y transparencia, la fuerza provincial fue acusada de encubrimiento, censura y blindaje político.

Las preguntas siguen siendo las mismas y hasta hoy permanecen sin respuesta oficial clara:

¿Por qué la camioneta de Caldera fue retirada del lugar sin peritajes visibles ni preservación adecuada de la escena, y sin la intervección de ningún juez?

¿Por qué el parte policial jamás informó en qué condiciones manejaba el intendente?

¿Por qué nunca se comunicaron resultados de alcoholemia ni estudios toxicológicos?

¿Por qué no se habló de los disparos, disturbios y agresiones posteriores al choque?

¿El conductor fue demorado?
¿Se secuestró el arma?
¿Hubo actuaciones contravencionales o penales concretas?

Y quizás la pregunta más delicada:

¿por qué la Policía decidió borrar comentarios, restringir usuarios y censurar preguntas de ciudadanos en sus redes sociales oficiales cuando comenzaron a crecer los cuestionamientos públicos?

Para numerosos sectores políticos y periodísticos, el problema ya no pasa solamente por un hecho policial puntual, sino por el rol institucional que viene asumiendo la fuerza de seguridad provincial.

"En lugar de informar, la Policía eligió proteger políticamente", sostienen desde distintos espacios críticos.

La contradicción se volvió todavía más evidente porque mientras la fuerza policial exige "rigurosidad periodística" a medios independientes, evita responder preguntas elementales sobre uno de los escándalos institucionales más graves ocurridos en el oeste provincial en los últimos años.

Y aunque el debate sobre un robo en El Colorado pueda parecer menor frente a otros temas de enorme gravedad institucional, el episodio volvió a desnudar algo mucho más profundo:
la creciente percepción de que la Policía provincial dejó de funcionar únicamente como fuerza de seguridad para convertirse también en una herramienta de control político, blindaje institucional y defensa narrativa del poder formoseño.

Mientras tanto, las imágenes grabadas por vecinos de Ingeniero Juárez siguen circulando en redes sociales mostrando una realidad que ningún comunicado oficial logró desmentir ni minimamente:
que el poder político provincial todavía tiene capacidad para controlar partes policiales, discursos institucionales y redes sociales, pero NO para borrar lo que miles de ciudadanos ya vieron con sus propios ojos.