¿Quién dio la orden?": Pablo Basualdo sorprendió a un comisario vigilando a su familia y denunció persecución policial en Las Lomitas

La denuncia realizada por el intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo , vuelve a colocar bajo una gravísima sospecha el comportamiento de integrantes de la Policía de Formosa frente a una de las familias que se convirtió en uno de los principales focos de oposición política al gobierno de Gildo Insfrán.

Esta vez no se trata solamente de una acusación verbal.

El joven jefe comunal difundió un video en el que muestra un automóvil que, según denuncia, venía siguiendo y vigilando los movimientos de su familia. En las imágenes, Basualdo se aproxima al vehículo y confronta personalmente al hombre que se encuentra en su interior, a quien identifica como el comisario inspector Hugo Martín Orquera .

Según el intendente, no habría sido un encuentro casual.

"Lo identifiqué y confronté después de verlo siguiendo y vigilando a nuestra familia desde su vehículo particular, de día y de noche", denunció.

Pero la acusación más inquietante llegó inmediatamente después.

Basualdo aseguró haberlo encontrado "tomando imágenes y registrando los movimientos de la casa de mi padre Atilio Basualdo, incluso grabando a mi hermanita de apenas 3 años" .

El episodio requiere mucho más que una explicación administrativa. Exige determinar qué hacía allí un funcionario policial, por qué registraba imágenes, si actuaba por decisión propia o cumpliendo instrucciones y, fundamentalmente, quién habría ordenado una eventual tarea de vigilancia sobre una familia vinculada directamente con la principal oposición política de Las Lomitas.

"La Policía debería cuidarnos, no perseguirnos"

Pablo Basualdo fue todavía más contundente al describir lo sucedido.

"La Policía de la Provincia, que debería cuidarnos, se ha convertido en el brazo ejecutor de delitos, persecución, hostigamiento, espionaje y de hacer los trabajos sucios contra quienes piensan diferente", disparó.

Y agregó una acusación políticamente explosiva:

"Esto no es propio de una democracia. Son prácticas propias de una dictadura: utilizar la fuerza del Estado para vigilar, perseguir y amedrentar".

La gravedad de semejante denuncia obliga a separar los hechos comprobados de las responsabilidades que todavía deben establecerse. Pero precisamente por eso corresponde una investigación independiente.

No alcanza con negar.

Si el hombre señalado pertenece efectivamente a la Policía provincial, debe explicarse qué hacía reiteradamente frente a la vivienda, por qué habría fotografiado a integrantes de la familia y si existía alguna orden judicial que justificara semejante actividad.

Porque una fuerza de seguridad no puede transformarse en una estructura de inteligencia política.

Y mucho menos puede normalizarse que dirigentes opositores o sus familiares sientan que son vigilados por quienes deberían garantizar su seguridad.

No es la primera denuncia: el antecedente del camión baleado

El nuevo episodio adquiere otra dimensión porque la historia entre los Basualdo y la Policía provincial acumula antecedentes particularmente graves.

El 28 de septiembre de 2024 , cuando Atilio Basualdo todavía era intendente de Las Lomitas, efectivos de la Policía de Formosa dispararon contra las cubiertas de un camión cisterna de su propiedad que transportaba agua.

La entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, denunció públicamente aquel mismo día que se trataba de una "represalia" contra Basualdo después de su acercamiento político a La Libertad Avanza.

La versión oficial provincial fue diferente: sostuvo que el conductor del camión intentó evadir un control y poner en peligro a los efectivos, motivo por el cual uno de los policías disparó contra una rueda. El procedimiento terminó incluso con actuaciones contra policías involucrados.

Es decir, existe controversia sobre las circunstancias y motivaciones de aquel episodio. Lo que no está en discusión es que la Policía provincial efectivamente disparó contra el camión de Basualdo .

Un mes después, policías formoseños siguiendo a Basualdo en Paraguay

Pero el antecedente que inevitablemente vuelve mucho más inquietante la nueva denuncia ocurrió apenas un mes después.

El sábado 26 de octubre de 2024 , Atilio Basualdo se encontraba en Asunción, Paraguay, cuando denunció que estaba siendo seguido por personas que se desplazaban en motocicletas.

La intervención de la Policía paraguaya terminó con la demora de Brian Matías Sebastián Genes y Alejandro Cesilio Portillo , quienes se identificaron como miembros de la Policía de Formosa y exhibieron sus credenciales.

El episodio dejó un dato particularmente difícil de minimizar: los propios organismos policiales formoseños reconocieron posteriormente que ambos efectivos habían viajado a Paraguay sin autorización , por lo que fueron sometidos a actuaciones administrativas y separados del servicio activo.

Medios paraguayos informaron además que los vehículos utilizados pertenecían al Ministerio de Gobierno de Formosa.

Atilio Basualdo formuló entonces una acusación todavía más grave: sostuvo públicamente que no se trataba solamente de una tarea de inteligencia, sino de un presunto intento de atentado contra su vida , y responsabilizó políticamente al gobierno provincial. Esa hipótesis fue una denuncia de Basualdo y no quedó establecida judicialmente como un hecho probado.

La versión oficial sostuvo, en cambio, que los policías habían viajado por motivos particulares y que no contaban con autorización institucional para salir del país.

Tres episodios y una pregunta que el Gobierno debe responder

Separados, cada uno de estos acontecimientos puede tener explicaciones particulares.

Pero observados en conjunto conforman una secuencia políticamente alarmante:

28 de septiembre de 2024: policías provinciales disparan contra un camión de Atilio Basualdo durante un procedimiento que posteriormente generó acusaciones cruzadas.

26 de octubre de 2024: dos integrantes de la Policía de Formosa son demorados en Asunción después de que Basualdo denunciara que lo estaban siguiendo. La propia fuerza reconoció posteriormente que habían viajado al Paraguay sin autorización.

Ahora: Pablo Basualdo denuncia que un comisario inspector sigue y registra los movimientos de su familia en Las Lomitas, incluso frente a la vivienda de Atilio Basualdo y alcanzando, según su acusación, a una niña de apenas tres años.

La pregunta, entonces, resulta inevitable:

¿Cuántas coincidencias deben acumularse antes de que exista una investigación verdaderamente independiente sobre lo que está ocurriendo alrededor de la familia Basualdo?

De la disputa política a una cuestión institucional

Atilio Basualdo pasó de integrar el esquema político provincial a convertirse en uno de los adversarios más duros del gobierno de Gildo Insfrán. Actualmente es diputado nacional por La Libertad Avanza y viene denunciando públicamente la concentración del poder y reclamando una transformación profunda del sistema político formoseño.

Su hijo Pablo conduce actualmente la Municipalidad de Las Lomitas.

Ese contexto político no demuestra por sí mismo que exista una orden estatal de persecución. Pero hace todavía más indispensable despejar cualquier sospecha.

Porque cuando un dirigente opositor denuncia vigilancia policial, la respuesta democrática no puede ser el silencio.

Cuando existen antecedentes de policías provinciales encontrados siguiendo al mismo dirigente incluso fuera del país, tampoco alcanza con presentar cada episodio como una anomalía individual.

Y cuando ahora el hijo de aquel dirigente afirma haber sorprendido a otro funcionario policial registrando los movimientos de su vivienda familiar, la reiteración merece una respuesta institucional mucho más seria que una explicación circunstancial .

¿Quién dio la orden?

La pregunta central ya no debería dirigirse únicamente al policía señalado en el video.

Hay que determinar si actuaba por cuenta propia.

Si existía alguna investigación formal.

Si había una orden judicial.

Qué organismo conocía esas actividades.

Quién solicitó las imágenes.

Y, en caso de que efectivamente estuviera realizando tareas de inteligencia sin autorización judicial, quién dio la orden .

Esas respuestas resultan indispensables tanto para la familia Basualdo como para la propia Policía de Formosa.

Porque si Orquera tiene una explicación legal para encontrarse allí, corresponde que sea conocida.

Pero si no existe una justificación institucional, la situación adquiere una gravedad extraordinaria.

La Policía no puede ser la policía de un partido

Las fuerzas de seguridad pertenecen al Estado, no a un gobierno ni a un partido político.

Sus integrantes están armados, poseen facultades que ningún ciudadano común tiene y manejan información sensible. Precisamente por eso, cualquier utilización política de esas estructuras resulta incompatible con una democracia republicana.

Formosa necesita una investigación capaz de despejar todas las sospechas.

No para proteger a Basualdo por ser opositor.

Tampoco para condenar anticipadamente a policías o funcionarios.

Sino porque ningún ciudadano —sea oficialista, opositor o completamente ajeno a la política— debería tener que preguntarse si el automóvil estacionado frente a su casa pertenece a alguien que está vigilándolo por pensar distinto .

Después del camión baleado, de los policías formoseños demorados en Paraguay y de esta nueva denuncia realizada por Pablo Basualdo, mirar hacia otro lado ya no contribuiría a despejar las sospechas.

Al contrario.

Las profundizaría.

Y cuando la sospecha que comienza a instalarse es que una fuerza de seguridad puede estar siendo utilizada para vigilar o intimidar adversarios políticos, lo que está en juego deja de ser solamente la seguridad de una familia: está en juego la calidad democrática de toda una provincia.