CONEJERO TOCÓ LOS PRIVILEGIOS DEL PODER Y DESATÓ LA FURIA GILDISTA: cuestionó los sueldos millonarios y lo convirtieron en enemigo del Modelo

La relación entre el Gobierno de Gildo Insfrán y el obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, dejó hace tiempo de parecer una simple diferencia de opiniones.

Lo que comenzó con cuestionamientos del prelado a la realidad social y salarial de Formosa fue seguido por respuestas de importantes dirigentes del oficialismo y ahora por una publicación de la agencia estatal de noticias que coloca directamente al obispo en el centro de una controversia social.

El origen inmediato de esta escalada resulta particularmente incómodo para un Gobierno que reivindica permanentemente la justicia social: Conejero cuestionó públicamente la enorme distancia existente entre lo que perciben legisladores y lo que cobran trabajadores formoseños.

Durante su homilía de Año Nuevo, el obispo puso como ejemplo remuneraciones de diputados y senadores de entre ocho y diez millones de pesos frente a empleados que, según señaló, no alcanzaban los $300.000 o $400.000. También cuestionó la situación de familias que no logran afrontar servicios básicos.

No fue una denuncia contra una religión.

No fue un llamado partidario.

Fue una pregunta sobre desigualdad.

Y esa pregunta pareció tocar un nervio particularmente sensible del poder.

"¿Eso es justicia social?"

El planteo de Conejero apuntó directamente a una contradicción.

¿Cómo puede hablarse de justicia social cuando existen semejantes diferencias entre quienes ocupan las estructuras superiores del Estado y quienes trabajan en municipios, cooperativas o sectores de menores ingresos?

El cuestionamiento adquirió todavía mayor significado porque el propio Gobierno provincial reivindica oficialmente la justicia social como fundamento de su acción política.

Incluso en documentos institucionales del Gobierno de Formosa se define a la Doctrina Social de la Iglesia como "un pilar de la ideología justicialista" y se la vincula expresamente con el denominado Modelo Formoseño.

Entonces aparece una contradicción difícil de ignorar:

si la Doctrina Social de la Iglesia constituye un pilar ideológico del Modelo Formoseño, ¿por qué genera semejante reacción que el máximo representante de la Iglesia Católica en Formosa cuestione la desigualdad salarial?

De la respuesta política al ataque personal

El cuestionamiento de Conejero no quedó sin respuesta.

Tras aquella homilía, dirigentes oficialistas reaccionaron públicamente. Entre ellos aparecieron el ministro Jorge González y la entonces diputada nacional Graciela Parola, en una controversia que llegó incluso a cuestionar el conocimiento que el obispo tenía de la realidad provincial.

Pero el enfrentamiento alcanzó otro nivel durante el reciente acto oficial en homenaje al general José de San Martín.

Allí, Parola lanzó una durísima diatriba política contra el Gobierno nacional y sectores opositores y aludió a un "trasnochado cura local desde el púlpito de alguna iglesia".

El contexto político hizo evidente a quién estaba dirigida la descalificación.

Y allí se produjo una escena institucionalmente difícil de justificar.

Un homenaje a San Martín terminó convertido en escenario para ajustar cuentas con un obispo que había cuestionado públicamente privilegios salariales de la dirigencia.

El Gobierno reivindica la Doctrina Social, pero confronta con el obispo

La paradoja resulta todavía mayor porque el oficialismo provincial utiliza recurrentemente conceptos asociados a la Iglesia para fundamentar su propia concepción de justicia social.

El discurso institucional del Gobierno ha sostenido expresamente que la Doctrina Social de la Iglesia constituye uno de los pilares ideológicos del justicialismo formoseño.

Pero cuando Conejero habla precisamente de pobreza, salarios, desigualdad y distribución, la coincidencia doctrinaria parece terminar.

Mientras el obispo habla en términos incómodos para el poder, deja de ser una voz religiosa respetable y pasa a convertirse discursivamente en adversario político.

Ese doble estándar merece ser señalado.

Porque la Doctrina Social de la Iglesia no puede resultar válida únicamente cuando sirve para legitimar un discurso gubernamental.

"El Obispo nos dio la espalda"

El último capítulo llegó este miércoles 26 de agosto.

La agencia oficial AGENFOR, dependiente del esquema comunicacional del Gobierno provincial, publicó una nota con un título particularmente contundente:

"El Obispo nos dio la espalda": Una familia formoseña fue desalojada y agradeció la asistencia del Gobierno provincial.

La publicación relata el caso de Esther Yaharí y su familia, quienes aseguran haber vivido durante décadas en un inmueble cuya ocupación había sido permitida originalmente por el Obispado.

Según el testimonio publicado por AGENFOR, posteriormente el inmueble fue vendido y, después de un proceso judicial, la familia terminó desalojada. Yaharí cuestionó directamente a Conejero por no haberle brindado una solución y destacó posteriormente la asistencia recibida del Gobierno provincial.

Es una denuncia que merece ser escuchada.

La familia tiene derecho a contar su historia.

El Obispado tiene derecho a ofrecer su versión.

Y corresponde conocer documentalmente quién era propietario, cuáles eran los derechos de ocupación existentes, quién realizó la venta, quién promovió el desalojo, qué resolvió exactamente la Justicia y cuáles fueron las obligaciones jurídicas de cada parte.

Eso sería periodismo.

Una coincidencia temporal demasiado llamativa para ignorarla

Lo que merece análisis político es otra cosa.

La publicación de AGENFOR apareció después de meses de enfrentamientos entre referentes oficialistas y Conejero y pocos días después de la nueva descalificación pública lanzada contra él.

Eso no demuestra por sí solo que exista una operación coordinada.

Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable.

Pero la secuencia temporal y el tratamiento editorial sí permiten formular preguntas legítimas.

¿Por qué una agencia estatal decide titular una problemática habitacional directamente con una acusación personal contra el obispo?

¿Por qué el eje comunicacional termina contraponiendo a Conejero, que "dio la espalda", con un Gobierno provincial que aparece solucionando la vulnerabilidad de la familia?

¿Por qué este caso adquiere semejante exposición justamente cuando el obispo está enfrentado públicamente con importantes figuras del oficialismo?

La coincidencia no prueba una operación.

Pero obliga a mirar críticamente el uso político de la comunicación estatal.

La Justicia ordenó el desalojo

Existe además un detalle que no puede desaparecer detrás de la construcción comunicacional.

Según la propia publicación oficial, existió un expediente judicial de desalojo, intervención de la Defensoría Oficial, notificaciones y finalmente actuación de oficiales de Justicia.

Por eso resulta simplificador reducir todo el episodio a que "el obispo desalojó una familia".

Hubo un proceso judicial.

Y para determinar responsabilidades es necesario conocerlo.

Mucho menos puede afirmarse, sin evidencia adicional, que el Gobierno haya utilizado a la Justicia para producir deliberadamente el desalojo con el objetivo de atacar posteriormente a Conejero.

Esa sería una acusación extraordinariamente grave y necesita pruebas extraordinariamente sólidas.

Lo que sí puede cuestionarse es cómo el aparato comunicacional estatal utiliza políticamente el resultado del conflicto.

Primero aparece el problema; después, el Gobierno como salvador

La narrativa de AGENFOR construye un contraste muy claro.

Por un lado aparece la familia denunciando abandono por parte del Obispado.

Por otro, el Gobierno provincial aparece proporcionando la respuesta que la familia necesitaba.

Es legítimo que el Estado asista a una familia vulnerable.

De hecho, es su obligación hacerlo.

Lo discutible es convertir esa asistencia en una herramienta comunicacional para golpear a una figura que mantiene un enfrentamiento público con el Gobierno.

Porque ayudar a una familia no debería necesitar un enemigo.

Mucho menos cuando ese enemigo termina siendo el obispo que meses antes había preguntado por los salarios de los pobres.

La metáfora de las muletas

La secuencia recuerda una vieja crítica al clientelismo político: presentar como generosidad del gobernante aquello que constituye una obligación del Estado.

La asistencia habitacional no pertenece a Gildo Insfrán.

No pertenece al PJ.

Pertenece a las responsabilidades institucionales del Estado provincial.

Por eso, utilizarla para construir una comparación moral entre "quien abandonó" y "quien salvó" merece una mirada crítica.

Especialmente cuando la agencia que construye esa narrativa es estatal y no partidaria.

¿Cuál fue realmente el "pecado" de Conejero?

Vale entonces volver al comienzo.

¿Qué hizo Conejero para convertirse en destinatario recurrente de semejantes respuestas?

Cuestionó que existieran trabajadores con ingresos de $300.000 o $400.000 mientras legisladores percibían cifras varias veces millonarias.

Pidió mirar la realidad.

Habló de familias angustiadas por los servicios.

Y reclamó una justicia social "real, concreta", no simplemente proclamada.

Se puede estar de acuerdo o no.

El Gobierno puede refutar sus números.

Puede explicar las remuneraciones legislativas.

Puede mostrar estadísticas salariales.

Puede debatir sobre las responsabilidades nacionales y provinciales.

Lo que resulta mucho más difícil de defender es responder al cuestionamiento social mediante la descalificación personal.

Cuando la doctrina sirve hasta que incomoda

Allí está probablemente la mayor contradicción política.

El Modelo Formoseño afirma oficialmente que la Doctrina Social de la Iglesia es un pilar de su concepción justicialista.

Conejero habla de desigualdad.

Habla de salarios.

Habla de trabajadores.

Habla de pobreza.

Habla del bien común.

Y la respuesta política termina siendo tratarlo como un adversario.

Entonces la pregunta resulta inevitable:

¿La Doctrina Social de la Iglesia es realmente un principio o solamente una referencia conveniente mientras no cuestione al poder?

Se puede cuestionar al obispo; perseguirlo discursivamente es otra cosa

Conejero no está por encima de la crítica.

Ningún obispo lo está.

Si el Obispado actuó incorrectamente en el conflicto habitacional denunciado por la familia Yaharí, corresponde investigarlo, explicarlo y reclamar responsabilidades.

Si sus afirmaciones económicas son equivocadas, corresponde refutarlas.

Pero existe una enorme diferencia entre responder argumentos y construir un enemigo.

Y cuando ministros, legisladores, dirigentes partidarios y medios financiados por el Estado comienzan a converger reiteradamente sobre una misma figura crítica, la cuestión deja de ser simplemente religiosa.

Se transforma en un problema político.

¿Cipayo por hablar de los salarios?

El Gobierno provincial suele reivindicar que su proyecto está construido alrededor de la justicia social.

Conejero decidió poner esa afirmación frente al espejo de los salarios.

Y allí apareció el conflicto.

Por eso, detrás de las descalificaciones, existe una pregunta mucho más sencilla que todavía merece una respuesta:

¿ES JUSTICIA SOCIAL QUE QUIENES ESTÁN EN LA CÚSPIDE DEL PODER COBREN MILLONES MIENTRAS EXISTEN TRABAJADORES QUE SOBREVIVEN CON $300.000 O $400.000?

Esa fue, en esencia, la provocación de Conejero.

No necesitó proscribir a nadie.

No necesitó presentarse a elecciones.

No necesitó construir un partido político.

Simplemente hizo una pregunta.

Y la virulencia de algunas respuestas demuestra cuánto puede incomodar una pregunta cuando toca directamente los privilegios del poder.

CUANDO CONEJERO HABLA DE LOS POBRES, EL OFICIALISMO REIVINDICA LA "DOCTRINA SOCIAL". CUANDO PREGUNTA POR LOS PRIVILEGIOS DE LA POLÍTICA, LO CONVIERTEN EN ENEMIGO DEL MODELO.

Ese contraste, más que cualquier discurso, es el que el Gobierno provincial debería explicar.