"SOMOS ARGENTINOS, QUEREMOS SER ESCUCHADOS": comunidades wichís exigieron a Insfrán y Jorge González la inmediata libertad de los 18 originarios detenidos

"Somos argentinos".

Con una frase tan elemental como contundente, un referente wichí resumió en diálogo con Radio Parque 89.3 el reclamo que las comunidades originarias del oeste formoseño decidieron dirigir directamente al gobernador Gildo Insfrán y al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González.

Las comunidades reclaman la inmediata libertad de 18 mujeres y hombres originarios que permanecen detenidos en el marco del conflicto desatado después de meses de protestas por una demanda educativa: conseguir una respuesta para que sus jóvenes puedan continuar el nivel secundario.

La nota, firmada por caciques y referentes de distintas comunidades y presentada, según explicaron, en el destacamento policial de Lote 8, no se limita a pedir la libertad de los detenidos.

También exige el cese de situaciones que califican como persecución e intimidación, el retiro del operativo policial de las comunidades y la apertura de un verdadero canal de diálogo con el Gobierno provincial.

"Solicitamos la inmediata liberación"

El documento enviado a las autoridades provinciales comienza con un pedido urgente.

Los caciques, referentes e integrantes de distintas comunidades solicitan "la inmediata liberación de las 18 mujeres y hombres" detenidos en el marco de la manifestación realizada para reclamar la creación de un anexo de educación secundaria.

La comunidad sostiene que el objetivo de las protestas fue conseguir una solución educativa para jóvenes que deben recorrer largas distancias para continuar sus estudios.

Y detrás de los 18 detenidos, advierten, quedaron familias enteras.

Según explicaron, entre las personas privadas de su libertad hay madres y padres que fueron separados de sus hijos, provocando una situación particularmente delicada en hogares donde también existen adultos mayores que necesitan acompañamiento.

"Esta situación genera en los niños y en los ancianos de las familias un profundo estado de temor, angustia e incertidumbre", señalaron.

"No queremos persecución"

El reclamo dirigido a Insfrán y González contiene además una definición política de enorme peso.

"NO QUEREMOS PERSECUCIÓN, QUEREMOS DIÁLOGO, RESPETO Y UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL".

Las comunidades pidieron que se respeten plenamente los derechos de los pueblos originarios y que el Gobierno atienda el motivo original de la protesta.

También reclamaron que "cese toda situación de persecución o intimidación" contra quienes participaron de las manifestaciones y solicitaron la retirada del operativo policial dispuesto en las comunidades.

Para los firmantes resulta "inadmisible" que un reclamo educativo y comunitario haya derivado en un escenario caracterizado —según denuncian— por temor, persecución y presencia policial permanente.

Las acusaciones sobre eventuales abusos, persecuciones o intimidaciones deben ser investigadas y contrastadas con las actuaciones policiales y judiciales. Pero el reclamo político que formulan las comunidades es inequívoco: quieren que el Estado provincial vuelva al diálogo y dé una respuesta educativa.

"Ninguna autoridad viene a dialogar con la gente"

Durante la entrevista con Radio Parque, el referente wichí agregó otro cuestionamiento.

Según afirmó, después de la presentación de la nota ninguna autoridad provincial se habría acercado a dialogar con las comunidades.

"Ninguna autoridad de la provincia viene a visitar o dialogar con la gente. Ninguna autoridad. Todos están calladitos", cuestionó.

Además, aseguró que las familias todavía reclaman información clara sobre la situación procesal de los detenidos.

El dirigente llegó a sostener que desconocen de qué se los acusa y afirmó que habitualmente se les arman "causas inventadas".

Esta última constituye una acusación del entrevistado, no un hecho judicialmente acreditado. Precisamente por su gravedad, corresponde que las autoridades informen cuáles son las imputaciones concretas, qué juzgado interviene y cuál es la situación procesal individual de cada detenido.

Una pregunta que Insfrán todavía debe responder

Más allá de las responsabilidades penales que eventualmente pudieran surgir por hechos concretos ocurridos durante las protestas, existe una pregunta política que continúa intacta:

¿CÓMO UN RECLAMO POR EDUCACIÓN TERMINÓ CON 18 INTEGRANTES DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DETENIDOS?

Porque el conflicto no comenzó con la Policía.

Comenzó mucho antes.

El propio Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Formosa acaba de señalar que las comunidades llevaban seis meses reclamando ser atendidas, principalmente por cuestiones relacionadas con la educación de sus hijos.

Entonces corresponde preguntar qué ocurrió durante esos seis meses.

¿Quién recibió a las comunidades?

¿Qué respuesta ofreció Educación?

¿Hubo una mesa de diálogo?

¿Qué solución se propuso para los estudiantes?

¿Por qué el conflicto llegó hasta este punto?

La Iglesia también reclamó la liberación

El pronunciamiento de los caciques ya no está aislado.

El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Formosa expresó públicamente su solidaridad con las comunidades y calificó la detención de los 18 originarios como "excesiva y abusiva".

Además, pidió una pronta resolución que permita su excarcelación y reclamó expresamente respuestas tanto de la Justicia como del Poder Ejecutivo.

La Iglesia fue todavía más lejos al advertir que una causa judicial que solamente contemple el derecho al libre tránsito y olvide los derechos de las comunidades a "la seguridad, la educación, el agua potable y el buen vivir" sería una justicia "pobre y parcializada".

La coincidencia resulta significativa.

Por un lado, los caciques y referentes reclaman diálogo y liberación.

Por otro, la Pastoral Aborigen pide exactamente lo mismo.

El reclamo continuará en las calles

El referente entrevistado por Radio Parque anticipó que las comunidades continuarán movilizándose para reclamar la libertad de quienes permanecen detenidos.

"Esa es la opinión de las comunidades, en todas las comunidades. Para que liberen a los hermanos que están en Formosa y en Lomitas", expresó.

Y luego dirigió el mensaje directamente hacia la máxima autoridad provincial:

"También el gobernador tiene que ver, tiene que ocuparse de esa parte, porque nosotros estamos en la provincia de Formosa. Somos argentinos".

La frase desnuda una sensación mucho más profunda que el conflicto puntual.

Las comunidades están reclamando sentirse parte de un Estado que, según sostienen, no las escucha cuando piden educación pero sí aparece con toda su estructura coercitiva cuando el conflicto escala.

Insfrán y González tienen ahora la palabra

Las responsabilidades por los incidentes deberán establecerse institucionalmente. Si hubo delitos durante las protestas, corresponde investigarlos con todas las garantías constitucionales. Si hubo excesos policiales, también deberán determinarse responsabilidades.

Pero ninguna causa penal responde la pregunta original:

¿qué solución educativa tendrán los jóvenes?

La Pastoral Aborigen pidió escucha y diálogo porque considera que toda comunidad merece ser recibida con respeto y que, precisamente cuando existen diferencias, es cuando más necesario resulta buscar caminos de entendimiento.

Ahora el reclamo llegó directamente hasta Gildo Insfrán y Jorge González.

"NO QUEREMOS PERSECUCIÓN. QUEREMOS DIÁLOGO, RESPETO Y UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL".

Son palabras de las propias comunidades.

Y después de 18 detenciones, familias separadas y días de tensión, el Gobierno provincial tiene delante dos caminos: continuar administrando un reclamo educativo como un conflicto policial o sentarse finalmente a escuchar y ofrecer una solución.

Porque detrás de los expedientes, los operativos y las disputas políticas siguen estando los jóvenes wichís que originaron todo este conflicto por una razón mucho más sencilla:

quieren estudiar.