MORDAZA EN EL CASO IAN: NEME DENUNCIÓ "CENSURA PREVIA", DESAFIÓ LA PROHIBICIÓN JUDICIAL Y ANTICIPÓ QUE APELARÁ

¿Proteger a Ian o impedir que se conozca lo que Ian habría sufrido mientras estaba bajo responsabilidad del Estado?

Esa es la pregunta que quedó instalada después de la controvertida resolución de la Justicia de Clorinda que restringe declaraciones y difusión de contenidos vinculados con el caso del niño de 11 años cuya situación permanece judicializada.

La abogada Gabriela Neme salió públicamente a repudiar la medida, la calificó como un acto de "censura previa" , anunció que será apelada y anticipó que, personalmente, no piensa guardar silencio.

"Nos quieren silenciar, pero no nos vamos a callar" , desafió.

La controversia adquiere una dimensión que excede largamente el enfrentamiento entre una abogada y un juzgado: dependiendo del alcance concreto de la resolución, también puede involucrar principios esenciales de libertad de expresión y libertad de prensa , particularmente si la restricción pretendiera impedir informar sobre actuaciones de funcionarios e instituciones públicas y no solamente preservar la identidad, imagen e intimidad del menor.

"YO SOY LA QUE NO VOY A CUMPLIR"

Neme comunicó su posición mediante un video publicado en sus redes sociales.

Según explicó, la prohibición alcanza también a Elena, madre de Ian, y a la abogada Ethel Ailín Narváez.

La letrada señaló que recomendará a ambas respetar provisoriamente la resolución mientras avanzan las presentaciones judiciales.

Ella, en cambio, anunció una postura diferente.

"Vamos a apelar las tres, pero yo soy la que no voy a cumplir. Y la espero, señora jueza. Y la espero, señor fiscal" , manifestó.

Neme sostiene que la medida constituye una restricción previa incompatible con garantías constitucionales y anunció que llevará la discusión a las instancias correspondientes.

¿PROTEGER LA INTIMIDAD DEL NIÑO O SILENCIAR EL CASO?

Aquí aparece la cuestión jurídica y periodística más delicada.

Nadie debería discutir el derecho de Ian —como el de cualquier niño— a que sean protegidas su intimidad, dignidad e identidad frente a exposiciones capaces de provocarle un daño.

Pero una cosa es proteger al menor y otra completamente distinta sería utilizar esa protección para impedir que periodistas, abogados, familiares o ciudadanos puedan denunciar y discutir públicamente la actuación de organismos estatales .

La protección integral de la infancia y la libertad de expresión no deberían convertirse artificialmente en derechos enemigos.

El desafío de la Justicia consiste precisamente en compatibilizarlos mediante medidas estrictamente necesarias y proporcionales.

Por eso Neme cuestionó lo que calificó como "falta de proporcionalidad" de la resolución.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Para proteger a Ian es necesario silenciar las denuncias sobre aquello que presuntamente le ocurrió?

EL ESTADO TENÍA QUE PROTEGERLO

La abogada invocó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las garantías reconocidas internacionalmente a la infancia.

Y apuntó contra una contradicción que considera central.

Ian estuvo bajo responsabilidad de instituciones estatales creadas precisamente para proteger niños vulnerables.

Sin embargo, su madre y sus representantes vienen denunciando presuntos episodios de maltrato, castigos, violencia y sobremedicación durante su institucionalización.

También cuestionaron que no se hubiera escuchado adecuadamente al niño cuando reclamaba no regresar.

Todas esas acusaciones deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades competentes.

Pero silenciar su difusión no reemplaza la obligación de esclarecerlas .

Si las denuncias son falsas, una investigación seria deberá demostrarlo.

Y si existieron irregularidades, deberá determinarse quiénes fueron responsables.

NEME: "QUIEREN SILENCIAR A IAN"

La abogada fue todavía más dura al responsabilizar a la jueza Nadia Caballero y a la asesora de menores interviniente.

"Quieren silenciarnos para que la gente no se entere de las atrocidades que viven los niños en los hogares de menores" , denunció Neme.

También reclamó públicamente la destitución de ambas funcionarias , a quienes cuestiona por la forma en que actuaron durante el caso.

Se trata de acusaciones gravísimas que, justamente por su gravedad, deberían recibir respuestas institucionales concretas.

Porque la mejor respuesta frente a una denuncia pública no debería ser el silencio.

Deberían ser expedientes transparentes, investigaciones independientes, controles efectivos y explicaciones verificables .

PRIMERO NO LO ESCUCHARON; AHORA, SEGÚN NEME, NO QUIEREN QUE SE HABLE

La polémica resulta todavía más sensible por los antecedentes inmediatos.

Neme había denunciado que Ian llegó a Tribunales después de escapar de una residencia y que la expectativa de su madre era que pudiera ser escuchado personalmente por la magistrada.

Según su versión, esa entrevista no se concretó en las condiciones esperadas.

Ahora aparece una resolución que limita la posibilidad de realizar declaraciones públicas sobre el caso.

Por eso, desde la perspectiva planteada por Neme, la secuencia resulta explosiva:

primero reclamaban que escucharan al niño; ahora denuncian que pretenden impedir que otros hablen públicamente sobre lo que ocurrió con él.

LA PRENSA NO PUEDE SER CONVERTIDA EN EL PROBLEMA

Este punto merece especial atención.

Los medios tienen una obligación reforzada cuando informan sobre menores: preservar su dignidad, evitar exposiciones innecesarias, no divulgar información sensible capaz de perjudicarlos y extremar los cuidados periodísticos.

Pero esas obligaciones no deberían significar una prohibición automática de investigar al poder.

Informar sobre la actuación de un juzgado, un organismo de minoridad, funcionarios públicos o instituciones estatales no equivale necesariamente a vulnerar la intimidad de un niño.

Y allí está la frontera que cualquier restricción judicial debería respetar cuidadosamente.

Porque si una medida destinada legítimamente a proteger a un menor termina impidiendo investigar, cuestionar o difundir posibles irregularidades cometidas por funcionarios públicos, el remedio puede convertirse en algo mucho más grave: una mordaza sobre un asunto de indudable interés público.

¿DÓNDE ESTUVO LA MISMA URGENCIA PARA INVESTIGAR?

La actuación judicial deja además otra pregunta incómoda.

Si existió rapidez para disponer restricciones sobre las publicaciones, ¿existió idéntica contundencia para esclarecer cada una de las denuncias realizadas sobre lo sucedido dentro de las instituciones de minoridad?

¿Se investigaron exhaustivamente los presuntos maltratos?

¿Se determinaron responsabilidades?

¿Se analizaron las medicaciones administradas?

¿Se escuchó adecuadamente a Ian?

¿Se estableció por qué escapaba y por qué manifestaba que no quería regresar?

Estas son las respuestas que la sociedad necesita.

Porque ninguna resolución que limite publicaciones puede contestarlas.

"EL BIEN TIENE QUE VENCER AL MAL"

Neme cerró su pronunciamiento convocando públicamente a acompañar el reclamo por Ian.

"Levantemos la voz todos juntos por Ian" , pidió.

Y reiteró:

"No nos vamos a callar. Los niños tienen derechos y tenemos que levantar la voz para defenderlos".

La discusión judicial seguramente continuará con las apelaciones anunciadas.

Será entonces responsabilidad de los tribunales superiores determinar si la resolución cuestionada constituye una protección legítima y proporcional de los derechos del niño o si alguno de sus alcances excede ese objetivo y afecta indebidamente otros derechos constitucionales.

Mientras tanto, una cuestión debería quedar fuera de toda discusión:

la intimidad de Ian debe ser protegida. Su integridad también.

Y proteger su intimidad no puede convertirse en sinónimo de impedir que se investigue qué hicieron —o dejaron de hacer— las instituciones públicas que tenían la obligación de cuidarlo.

Porque proteger a un niño no significa silenciar su historia. Mucho menos silenciar a la prensa que pregunta qué hizo el Estado cuando ese niño pidió ayuda.