El Caso Ian dejó hace tiempo de ser solamente una disputa entre adultos.

Es un examen al funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger a un niño de 11 años.

Y el último episodio obliga a formular la pregunta más elemental de todas:

¿ALGUIEN VA A ESCUCHAR FINALMENTE A IAN?

La abogada Gabriela Neme confirmó a El Comercial que la causa pasó ahora al Juzgado de Familia N.º 1 de Corrientes y que la madre del niño viajó a esa provincia luego de conocerse una nueva fuga. La defensa pretende que la Justicia correntina escuche directamente al menor y revise las circunstancias en las que llegó hasta esta situación.

No es un detalle menor.

Es otra alarma.

Y llega después de una sucesión de acontecimientos que exige respuestas institucionales.

UN NIÑO QUE ESCAPA DOS VECES NO PUEDE SER TRATADO COMO UN DATO DEL EXPEDIENTE

La primera fuga produjo una conmoción en Formosa.

Ian había permanecido institucionalizado desde octubre de 2025. A comienzos de septiembre logró salir de la residencia estatal en la que estaba alojado y reencontrarse con su madre. La familia y sus abogadas denunciaron entonces presuntos golpes, castigos, baños con agua fría y sobremedicación durante su paso por el sistema de minoridad.

Son denuncias de la defensa , no hechos establecidos definitivamente por una sentencia judicial, y deben ser tratadas como tales. Distintos medios que reconstruyeron el expediente advierten precisamente que no existe hasta ahora una resolución definitiva que permita dar por acreditadas públicamente todas esas acusaciones.

Pero que todavía deban investigarse no disminuye su gravedad .

Obliga a investigarlas.

Y obliga, fundamentalmente, a escuchar al protagonista.

LA JUSTICIA FORMOSEÑA DIJO QUE LO PROTEGÍA; LA DEFENSA DENUNCIA QUE NO LO ESCUCHÓ

Después de la primera fuga se produjo una controversia central.

La Justicia provincial sostuvo que Ian fue escuchado personalmente antes de decidir su egreso de la residencia y otorgar provisoriamente su guarda a la abuela materna en Corrientes. Esa versión fue recogida por medios que reconstruyeron la decisión judicial.

Gabriela Neme sostiene exactamente lo contrario.

Según la abogada, la madre aceptó entregar nuevamente al niño bajo la expectativa de que finalmente compareciera ante la magistrada y pudiera explicar qué estaba viviendo, por qué había escapado y por qué se negaba a regresar al hogar , pero esa entrevista —según la versión de la defensa— nunca ocurrió. Radio Nacional recogió públicamente esa denuncia el 24 de septiembre.

Esta contradicción no puede quedar perdida entre comunicados.

¿Fue escuchado o no?

¿En qué fecha?

¿Durante cuánto tiempo?

¿Con qué profesionales presentes?

¿Existe registro de esa audiencia?

¿Qué manifestó el niño?

Naturalmente, las respuestas deben preservarse dentro del expediente para proteger su intimidad.

Pero institucionalmente debe poder establecerse si su derecho a ser oído fue efectivamente garantizado .

DESPUÉS VINO LA GUARDA CON LA ABUELA

La jueza de Menores de Clorinda, Nadia Soledad Caballero, dispuso que Ian dejara la residencia estatal y quedara provisoriamente bajo el cuidado de su abuela materna, residente en Corrientes.

La defensa tampoco estuvo de acuerdo.

Neme sostuvo que la decisión alejaba al niño aproximadamente 200 kilómetros de su madre y sus hermanas y denunció que no se había considerado adecuadamente su voluntad. 

Otra vez:

la defensa puede tener razón o puede no tenerla.

Eso debe resolverlo la Justicia sobre la base de pruebas, informes profesionales y garantías procesales.

Pero ahora ocurrió algo que vuelve imposible minimizar la controversia:

IAN VOLVIÓ A ESCAPAR.

Esta vez no de un hogar estatal formoseño.

Ahora, según la información difundida por El Comercial , mientras estaba bajo la guarda dispuesta judicialmente en Corrientes.

Entonces la discusión cambia de dimensión.

¿QUÉ ESTÁ INTENTANDO DECIR IAN?

No corresponde que periodistas, políticos ni abogados interpreten psicológicamente a un niño desde afuera.

Mucho menos reemplazar la evaluación profesional que necesita.

Pero dos fugas constituyen hechos suficientemente serios como para justificar una evaluación urgente y especializada.

La respuesta no puede consistir simplemente en decidir nuevamente dónde colocar al niño .

Hay que determinar qué quiere expresar.

Qué teme.

Qué necesita.

Qué vínculos considera seguros.

Qué ocurrió durante su institucionalización.

Por qué huyó la primera vez.

Y por qué volvió a hacerlo.

IAN NO ES UN EXPEDIENTE QUE HAY QUE TRASLADAR DE UN DOMICILIO A OTRO.

Es un niño.

Y toda la maquinaria judicial existe, supuestamente, para protegerlo a él.

LA CAUSA SALIÓ DE FORMOSA: AHORA CORRIENTES TIENE UNA RESPONSABILIDAD ENORME

El traslado de la causa al Juzgado de Familia N.º 1 de Corrientes abre una instancia decisiva.

La defensa está reclamando precisamente que la nueva Justicia interviniente haga aquello que sostiene que no ocurrió adecuadamente en Formosa:

escuchar a Ian.Pero escuchar no significa preguntarle automáticamente dónde quiere vivir y convertir su respuesta en una sentencia.

El derecho del niño a ser oído exige que su opinión sea considerada de acuerdo con su edad y madurez, dentro de una evaluación integral de su interés superior.

Eso implica profesionales independientes.

Evaluaciones serias.

Ausencia de presiones.

Y una investigación completa de cada denuncia.

LAS DENUNCIAS CONTRA EL SISTEMA DE MINORIDAD NO PUEDEN QUEDAR TAPADAS POR EL CAMBIO DE JURISDICCIÓN

Éste es otro punto fundamental.

Que Ian ya no esté alojado en la residencia formoseña no borra lo ocurrido anteriormente .

La defensa denunció presuntos malos tratos, castigos y sobremedicación.

También cuestionó el aislamiento que habría sufrido durante su institucionalización.

Radio Nacional confirmó públicamente que Neme viene reclamando una revisión de lo sucedido dentro del sistema de protección y de la actuación de los operadores judiciales.

Esas acusaciones necesitan respuestas.

¿Existe investigación administrativa sobre la residencia?

¿Se identificó al personal que estuvo a cargo del niño?

¿Se revisaron historias clínicas?

¿Quién indicó la medicación?

¿Qué fármacos recibió?

¿En qué dosis?

¿Con qué diagnóstico?

¿Quién controlaba el tratamiento?

¿Fueron investigadas las denuncias de maltrato?

El Estado no puede limitarse a trasladar a un menor y considerar cerrado el problema.

TAMPOCO TODO LO QUE DENUNCIA LA DEFENSA PUEDE DARSE POR PROBADO

Existe una responsabilidad periodística adicional.

Neme llegó a denunciar públicamente hipótesis todavía más graves relacionadas con una supuesta red de explotación de menores. Radio Nacional reprodujo una de esas declaraciones. Sin embargo, la información pública disponible no permite afirmar que esa hipótesis haya sido acreditada judicialmente .

Hay que decirlo claramente.

Porque defender a Ian también significa no transformar su historia en terreno para afirmaciones imposibles de sostener con pruebas.

Las denuncias deben investigarse.

Los responsables, si los hubiera, deben responder.

Pero la gravedad de una acusación no reemplaza la obligación de demostrarla .

Y EN MEDIO DE TODO APARECIÓ EL SILENCIO

El caso tuvo otro componente polémico.

Durante septiembre, una resolución judicial impuso restricciones a la difusión de imágenes, audios, datos y contenidos capaces de identificar al niño o exponer su intimidad.

Proteger la identidad y privacidad de un menor es una obligación.

Eso no debería discutirse.

Ian no puede convertirse en material de exposición mediática.

Pero proteger su intimidad tampoco significa que desaparezca el derecho de la sociedad a preguntar cómo funcionaron las instituciones públicas que tuvieron la responsabilidad de cuidarlo.

Una cosa es proteger el rostro, el domicilio, la historia clínica y la intimidad del niño.

Otra muy diferente sería pretender que no pueda investigarse qué hicieron los funcionarios, operadores, instituciones y magistrados responsables de su protección .

A IAN HAY QUE PROTEGERLO. AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO HAY QUE CONTROLARLO.

DOS FUGAS SON DOS ALARMAS

La primera fuga debía haber provocado una revisión integral.

Ahora existe una segunda.

Y esta vez la respuesta institucional debería evitar repetir automáticamente aquello que ya produjo conflictos.

No se trata de entregar el niño a quien grite más fuerte.

Ni a la madre porque lo reclama.

Ni a la abuela porque una resolución lo dispuso.

Ni a una institución porque administrativamente resulte más sencillo.

Se trata de construir una solución profesional y judicial que tenga como centro el interés superior de Ian , incluyendo seriamente su propia voz.

LA JUSTICIA DE CORRIENTES TIENE AHORA LA OPORTUNIDAD DE HACER ALGO ELEMENTAL: ESCUCHAR

La nueva intervención judicial puede convertirse en un punto de inflexión.

Escuchar al niño con las garantías correspondientes.

Ordenar evaluaciones independientes.

Revisar antecedentes.

Examinar la documentación proveniente de Formosa.

Determinar qué ocurrió durante la institucionalización.

Analizar las circunstancias de ambas fugas.

Evaluar los vínculos familiares.

Y resolver sin presiones políticas, mediáticas ni familiares.

Porque después de todo lo ocurrido hay algo que resulta difícil de aceptar:

TODOS HABLAN SOBRE IAN. TODOS RESUELVEN SOBRE IAN. TODOS DISCUTEN SOBRE IAN.

PERO LA PREGUNTA QUE SIGUE ATRAVESANDO TODO EL CASO ES SI LAS INSTITUCIONES ESTÁN ESCUCHANDO REALMENTE A IAN.

El Gobierno de Formosa y su sistema de protección también tienen cuentas pendientes.

No porque las denuncias de la familia deban aceptarse automáticamente como verdad.

Sino porque un niño permaneció durante meses bajo tutela estatal, escapó del dispositivo y su defensa formuló acusaciones gravísimas sobre aquello que habría sufrido mientras el Estado tenía la obligación de protegerlo. 

Eso exige respuestas.

No propaganda.

No silencios.

No guerras políticas.

Respuestas.

IAN ESCAPÓ UNA VEZ DEL SISTEMA ESTATAL. AHORA VOLVIÓ A ESCAPAR BAJO LA GUARDA DISPUESTA POR LA JUSTICIA. ANTES DE VOLVER A DECIDIR POR ÉL, HAY UNA OBLIGACIÓN ELEMENTAL: ESCUCHARLO.

Y después investigar absolutamente todo.

Porque en un expediente de niñez, proteger al Estado de las preguntas nunca puede ser más importante que proteger al niño.