EL JUEZ QUE CONDENÓ A PERIODISTAS FUE CONCEJAL, ACTIVO DIRIGENTE GILDISTA Y CONTINÚA AFILIADO AL PJ
Omar Padilla, juez de Las Lomitas que condenó a cuatro integrantes de "Hambre de Futuro" a cinco días de arresto, tiene un pasado político que profundiza la controversia: fue concejal de Las Lomitas, dirigente justicialista, SIGUE AFILIADO AL PJ, y durante 2024 realizó declaraciones públicas de respaldo al gobernador Gildo Insfrán. El propio STJ lo había excluido en 2014 de la lista de conjueces por la incompatibilidad derivada de su cargo público; once años después, el mismo Superior Tribunal lo designó juez de Paz. Ahora su sentencia contra periodistas vuelve inevitable una discusión sobre independencia judicial, imparcialidad y libertad de prensa.
La condena contra cuatro periodistas de LA NACION y LN+ acaba de sumar un elemento que convierte una resolución judicial ya polémica en un problema institucional todavía más profundo.
El juez que firmó la sentencia NO es un magistrado sin antecedentes políticos conocidos .
Omar Padilla fue concejal de Las Lomitas.
Fue identificado públicamente como dirigente justicialista.
Participó de actividades políticas, y ahún hoy sigue AFILIADO EL PJ.
Y pocos meses antes de convertirse en juez expresaba públicamente su respaldo al proyecto provincial encabezado por Gildo Insfrán.
Ahora, desde el Poder Judicial, es el magistrado que condenó a cuatro periodistas que llegaron al oeste formoseño para realizar entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria.
La pregunta resulta inevitable:
¿QUÉ GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD OFRECE UN SISTEMA JUDICIAL CUANDO un dirigente que hasta pocos meses antes exteriorizaba públicamente su alineamiento político pasa a ocupar un juzgado y termina interviniendo en un expediente que afecta directamente a periodistas que investigaban la realidad provincial?
No corresponde presumir que su pasado político determine automáticamente cada decisión judicial.
Pero tampoco corresponde esconderlo.
Mucho menos frente a una sentencia que ya provocó un escándalo nacional por sus implicancias para la libertad de prensa.
EL PROPIO SUPERIOR TRIBUNAL DOCUMENTÓ QUE ERA CONCEJAL
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No es una acusación opositora.
No es una interpretación periodística.
Está escrito en documentación oficial del Poder Judicial de Formosa.
En 2014, Omar Padilla integraba la lista de conjueces de la Tercera Circunscripción Judicial mientras simultáneamente ejercía como concejal de la Municipalidad de Las Lomitas .
La situación llegó al Superior Tribunal de Justicia.
Y el STJ resolvió que su condición de concejal resultaba incompatible con integrar aquella lista debido a que se encontraba ejerciendo un cargo público.
La resolución fue concreta:
Padilla fue excluido de la lista de conjueces.
El antecedente resulta extraordinariamente significativo frente a lo que ocurrió once años después.
EN 2024 SEGUÍA EXPRESANDO PÚBLICAMENTE SU ALINEAMIENTO POLÍTICO
El pasado político de Padilla tampoco era una historia lejana cuando llegó al Poder Judicial.
Durante 2024 todavía aparecía públicamente identificado como dirigente justicialista y realizaba declaraciones inequívocas de respaldo al proyecto político provincial.
En julio de aquel año cuestionó políticamente al entonces intendente Atilio Basualdo y reivindicó el alineamiento de las comunidades con el proyecto encabezado por Insfrán.
Una de sus frases resulta especialmente relevante frente al debate actual:
"Nosotros tenemos quién nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro Gobernador".
En noviembre de 2024 volvió a participar de actividades vinculadas a Unidad Justicialista de Las Lomitas y destacó el acompañamiento y la gestión del gobernador Gildo Insfrán.
Es decir, no estamos hablando exclusivamente de una militancia perdida en un pasado remoto.
Esas expresiones públicas fueron realizadas menos de un año antes de su designación como juez .
CINCO MESES DESPUÉS, EL STJ LO CONVIRTIÓ EN JUEZ
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El 26 de marzo de 2025 ocurrió el salto institucional.
Mediante la Resolución 184/25, el Superior Tribunal de Justicia designó a Omar Padilla como juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas .
El propio STJ sostuvo entonces que se encontraba "plenamente capacitado" y reunía el perfil necesario para ejercer el cargo con "eficiencia, prudencia y dedicación".
Dos días después prestó juramento ante las máximas autoridades del Poder Judicial provincial.
La secuencia merece ser observada con atención:
2014: concejal de Las Lomitas.
2014: el STJ lo excluye de la lista de conjueces por incompatibilidad con su cargo público.
2024: aparece públicamente como dirigente justicialista y reivindica el liderazgo político de Gildo Insfrán.
Marzo de 2025: el STJ lo designa juez de Paz.
2026: desde ese cargo condena a cuatro periodistas que investigaban y entrevistaban en territorio formoseño.
Son hechos que no prueban por sí solos parcialidad judicial.
Pero constituyen antecedentes de indudable interés público cuando se analiza una decisión que afecta directamente la libertad de prensa.
EL COMERCIAL ASEGURA QUE CONTINÚA AFILIADO AL PJ
La investigación publicada por El Comercial agrega un elemento todavía más sensible: sostiene que Padilla continúa afiliado al Partido Justicialista .
Esa afirmación merece una aclaración indispensable.
Su condición histórica de concejal y dirigente justicialista está documentada. Sus expresiones públicas de respaldo al proyecto político provincial también.
Sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hemos podido verificar mediante un padrón partidario oficial de acceso público si su afiliación formal continúa actualmente vigente.
La cuestión debería ser aclarada.
Y el propio Poder Judicial tiene razones institucionales para hacerlo.
Porque una cosa es haber tenido militancia partidaria antes de asumir.
Otra discusión completamente diferente es determinar si un magistrado mantiene actualmente una afiliación política y si esa situación resulta compatible con las normas que regulan la función judicial.
DEL JUSTICIALISMO AL JUZGADO QUE TERMINÓ CONDENANDO PERIODISTAS
Aquí aparece el núcleo del problema.
Padilla condenó a Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, integrantes del equipo "Hambre de Futuro", a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno.
Los periodistas habían llegado a la comunidad San José para realizar entrevistas y filmaciones.
La sentencia consideró que infringieron el artículo 73 del Código de Faltas.
Y entre los fundamentos utilizados apareció una cuestión que encendió todas las alarmas institucionales: la ausencia de una supuesta acreditación para ejercer periodismo.
ADEPA reaccionó con extrema preocupación y recordó un principio elemental:
en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo.
EL PROBLEMA YA NO ES SOLAMENTE PADILLA
Sería demasiado sencillo reducir todo a una persona.
La pregunta de fondo alcanza al sistema que permitió esta secuencia.
Porque fue el Superior Tribunal de Justicia el que en 2014 constató oficialmente que Padilla era concejal y dispuso excluirlo de la lista de conjueces debido a la incompatibilidad existente.
Fue también el Superior Tribunal el que once años después decidió designarlo juez de Paz.
Y esa designación se produjo apenas meses después de que Padilla apareciera públicamente reivindicando el liderazgo político de Gildo Insfrán.
Por eso, la discusión no puede terminar preguntando únicamente qué hizo Omar Padilla.
También corresponde preguntar:
¿QUÉ CRITERIOS UTILIZÓ EL SUPERIOR TRIBUNAL PARA EVALUAR SU DESIGNACIÓN?
¿Se analizaron sus antecedentes políticos recientes?
¿Se evaluó suficientemente la apariencia de independencia que debe acompañar al ejercicio de la magistratura?
¿Existe actualmente alguna vinculación partidaria formal?
¿Y qué mecanismos existen para evitar que la proximidad política erosione la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial?
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO SOLAMENTE DEBE EXISTIR: TAMBIÉN DEBE PODER VERSE
Este principio es fundamental.
Un juez no pierde automáticamente su capacidad para administrar Justicia porque anteriormente haya participado en política.
Tampoco puede presumirse parcialidad exclusivamente por una militancia pasada.
Pero cuanto más reciente, pública y explícita haya sido esa actividad política, mayor es la necesidad institucional de despejar cualquier duda sobre independencia e imparcialidad.
Y cuando ese mismo magistrado adopta posteriormente una decisión que restringe derechos fundamentales y provoca el rechazo de entidades nacionales vinculadas a la libertad de prensa, sus antecedentes adquieren una relevancia pública evidente.
No se trata de condenar a Padilla por haber sido justicialista.
Se trata de exigir que la Justicia no funcione como prolongación de ningún partido político .
EL FALLO CONTRA LOS PERIODISTAS HACE EXPLOTAR UNA DISCUSIÓN QUE FORMOSA YA NO PUEDE EVITAR
El caso trasciende ampliamente a cuatro trabajadores de prensa.
Porque la pregunta que queda flotando es profundamente institucional:
¿Dónde termina la política y dónde comienza la Justicia en Formosa?
Un dirigente político puede abandonar la militancia y convertirse legítimamente en magistrado si cumple las condiciones legales correspondientes.
Pero precisamente por eso resulta indispensable una separación clara, verificable y transparente entre ambas etapas.
Cuando esa frontera se vuelve borrosa, la confianza pública se destruye.
Y cuando quien estuvo públicamente alineado con un proyecto político termina firmando una sentencia contra periodistas que investigaban la provincia gobernada por ese mismo espacio, corresponde extremar las garantías y las explicaciones.
FORMOSA NECESITA RESPUESTAS, NO SILENCIO
Omar Padilla tiene derecho a defender jurídicamente su sentencia.
El Superior Tribunal tiene la responsabilidad institucional de revisar las cuestiones que lleguen a su competencia.
Los periodistas tienen derecho a recurrir.
Y la sociedad tiene derecho a conocer toda la historia.
Porque esta discusión ya no pasa solamente por determinar si cuatro periodistas deberán pagar una multa o cumplir cinco días de arresto.
Está en juego algo mucho más profundo:
la confianza en que quien administra Justicia responde exclusivamente a la Constitución y a la ley, y no a lealtades políticas presentes o pasadas.
El antecedente político de Padilla está documentado.
Su respaldo público a Gildo Insfrán durante 2024 está documentado.
Su designación por el Superior Tribunal en marzo de 2025 está documentada.
Y su sentencia contra cuatro periodistas también está documentada.
Ahora corresponde despejar la pregunta que este escándalo instaló inevitablemente:
¿JUSTICIA INDEPENDIENTE O UNA FRONTERA CADA VEZ MÁS DIFUSA ENTRE EL PODER POLÍTICO Y EL PODER JUDICIAL EN FORMOSA?
