La Corte dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras: extranjeros podrán comprar campos sin los límites que regían desde 2011

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión de fuerte impacto sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales argentinas: revocó la sentencia que había frenado la derogación de la denominada Ley de Tierras y, como consecuencia, volvió a quedar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 dictado por el Gobierno de Javier Milei.

Ese artículo derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales , sancionada en 2011.

La legislación establecía límites concretos para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre ellos, fijaba un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales , además de otras restricciones por nacionalidad y titular.

Con la decisión de la Corte, esas restricciones dejan de operar mientras permanezca vigente la derogación dispuesta por el DNU.

La Corte no resolvió sobre el fondo

El punto jurídico central del fallo es que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no se pronunciaron sobre si la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia es constitucional o inconstitucional.

El máximo tribunal resolvió otra cuestión: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) , que había iniciado la acción judicial, no tenía legitimación suficiente para plantear el caso en los términos en que fue presentado.

La Corte dejó expresamente establecido que su decisión se limita al rechazo de la demanda por la falta de legitimación de la parte actora y por la ausencia de un "caso o controversia" en los términos constitucionales.

Por lo tanto, el fallo no constituye una declaración de constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 , aunque produce una consecuencia concreta: elimina el obstáculo judicial que impedía que la derogación de la Ley de Tierras tuviera efectos.

Qué establecía la Ley de Tierras

La Ley 26.737 había sido sancionada en diciembre de 2011 con el objetivo de regular la propiedad y posesión de tierras rurales en manos extranjeras.

Entre sus disposiciones establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% del territorio rural computable , y contemplaba mecanismos de control y registro para determinar la participación de personas físicas y jurídicas extranjeras.

El régimen también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales y estableció obligaciones para que las provincias aportaran información sobre superficies y propiedades rurales en manos extranjeras.

El artículo 154 del DNU 70/2023 , dictado pocos días después de la asunción de Javier Milei, derogó esa legislación.

La disputa llegó hasta la Corte

El CECIM La Plata acudió a la Justicia contra la decisión del Ejecutivo argumentando cuestiones vinculadas con la soberanía nacional.

La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras. Esa sentencia mantuvo frenada la aplicación de la medida hasta la intervención del máximo tribunal.

Ahora, la Corte revocó aquella decisión.

El CECIM cuestionó públicamente el fallo y sostuvo que la eliminación de las restricciones afecta la protección de la soberanía territorial. El Gobierno, en cambio, ha defendido la eliminación de restricciones sobre la propiedad como parte de su política de desregulación y fortalecimiento de los derechos de propiedad. La primera posición corresponde a los demandantes y la segunda al enfoque político impulsado por la administración nacional; ninguna de ellas fue resuelta sobre el fondo por la Corte en esta sentencia.

Un fallo con consecuencias concretas

La consecuencia inmediata de la sentencia es significativa: queda nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 y desaparecen los límites nacionales que esa norma imponía específicamente a la titularidad extranjera de tierras rurales .

La decisión adquiere además relevancia política porque durante 2026 el Gobierno había intentado avanzar en el Congreso con modificaciones sobre esta materia, pero terminó retirando ese capítulo ante la falta de respaldo legislativo suficiente.

El nuevo escenario se produjo finalmente por la vía judicial, aunque con una distinción fundamental: la Corte no declaró que la derogación sea constitucional ni se pronunció sobre la conveniencia de permitir la adquisición extranjera de tierras sin aquellos topes.

Lo que resolvió fue que quienes promovieron esta causa no estaban legitimados para hacerlo en esos términos.

Pero el efecto práctico de esa definición procesal es contundente: el principal freno judicial a la derogación cayó y la Ley de Tierras dejó de imponer los límites que rigieron sobre la propiedad rural extranjera desde 2011.