La Fiscalía de Estado salió a defender la "autonomía" de Formosa, pero la Corte vuelve a poner bajo examen el intento de Insfrán de ir por un noveno mandato

El Gobierno de Formosa comenzó a delinear públicamente su estrategia frente al nuevo frente judicial que amenaza uno de los pilares centrales de su construcción política: la posibilidad de que Gildo Insfrán vuelva a presentarse como candidato a gobernador en 2027 y busque un noveno mandato consecutivo.

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declarara competente para analizar la constitucionalidad de la cláusula transitoria incorporada a la nueva Constitución formoseña, la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, salió a responder.

"Cuando llegue la notificación de la Corte, estaremos a derecho y defenderemos la autonomía de Formosa", afirmó la funcionaria en declaraciones difundidas este viernes 21 de agosto por la agencia oficial AGENFOR.

La frase anticipa cuál será uno de los argumentos centrales del Gobierno provincial.

Autonomía.

Pero justamente allí comienza la discusión.

Porque nadie está cuestionando que Formosa sea una provincia autónoma ni que pueda dictar su propia Constitución. Lo que deberá resolver la Corte es algo bastante más específico: hasta dónde llega esa autonomía cuando las reglas provinciales entran en tensión con los principios republicanos establecidos por la Constitución Nacional.

"Defenderemos la autonomía"

Zabala confirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, la Fiscalía de Estado todavía no había recibido formalmente la notificación judicial.

Según explicó, esa comunicación debe realizarse a través del Juzgado Federal y, una vez concretada, la Provincia contestará dentro de los plazos establecidos.

La fiscal también pidió "prudencia" frente a las interpretaciones políticas y mediáticas y cuestionó lo que calificó como ejercicios de "futurología" respecto del desenlace del expediente.

En ese punto tiene razón desde el punto de vista estrictamente procesal: la Corte todavía no resolvió si Insfrán puede o no ser candidato en 2027.

Lo ocurrido hasta ahora es que el máximo tribunal aceptó tramitar el planteo dentro de su competencia originaria y corrió traslado de la demanda a Formosa por 60 días.

Pero tampoco se trata de una discusión surgida de la nada.

Existe un antecedente demasiado importante para ignorarlo.

La autonomía ya tuvo un límite en 2024

La discusión acerca de la autonomía provincial ya estuvo presente cuando la Corte analizó el anterior artículo 132 de la Constitución formoseña.

Y el 19 de diciembre de 2024, el máximo tribunal declaró inconstitucional el régimen que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador.

Aquel pronunciamiento obligó a Formosa a modificar su Constitución.

La Provincia lo hizo.

Pero allí apareció la nueva controversia.

La reforma estableció un límite de una reelección consecutiva, aunque simultáneamente incorporó una cláusula transitoria que dispone que el mandato que Insfrán y Eber Solís ejercían al momento de sancionarse la reforma debe considerarse como el "primer mandato" bajo el nuevo sistema.

Y eso abre una posibilidad políticamente extraordinaria:

que un gobernador que ocupa el cargo desde 1995 pueda presentarse en 2027 bajo una regla que computa su octavo mandato consecutivo como el primero.

Ocho mandatos y el contador vuelve a uno

Ahí está el verdadero corazón del conflicto.

Insfrán no llegó ayer a la Gobernación.

Gobierna Formosa ininterrumpidamente desde 1995 y previamente había ejercido durante ocho años como vicegobernador. Para 2027 habrá acumulado aproximadamente 40 años consecutivos dentro de la fórmula gubernamental provincial, 32 de ellos como gobernador.

Por eso resulta insuficiente reducir todo el debate a una supuesta intromisión de la Nación sobre la autonomía formoseña.

La pregunta que llegó a la Corte es mucho más concreta:

¿puede una provincia cumplir un fallo contra la reelección indefinida estableciendo un límite hacia adelante, pero simultáneamente colocar el contador en cero para quien ya acumuló ocho mandatos consecutivos?

Eso es lo que deberá determinar el máximo tribunal.

Autonomía no significa soberanía absoluta

El argumento de la autonomía provincial tiene respaldo constitucional.

Los artículos 5, 121 y 123 de la Constitución Nacional reconocen facultades propias de las provincias para organizar sus instituciones.

Pero esa autonomía no funciona fuera del orden constitucional federal.

El propio artículo 5 establece como condición que las constituciones provinciales se dicten "bajo el sistema representativo republicano".

Ese límite es fundamental.

Porque si autonomía significara que cada provincia pudiera establecer absolutamente cualquier mecanismo de permanencia en el poder sin posibilidad de control constitucional federal, entonces la exigencia republicana del artículo 5 quedaría prácticamente vaciada de contenido.

Precisamente esa tensión entre autonomía provincial y principios republicanos es la que vuelve a estar delante de la Corte.

El Gobierno pide no hacer "futurología"

La cautela reclamada por Zabala es razonable en otro aspecto: nadie puede afirmar seriamente hoy cuál será la sentencia definitiva.

Existe incluso un argumento jurídico que seguramente será utilizado por Formosa: quienes defienden la cláusula recuerdan que hubo disposiciones transitorias similares en anteriores reformas y sostienen que el nuevo texto sí establece finalmente un límite de una sola reelección.

Ese argumento tendrá que ser escuchado.

Pero también deberá confrontarse con una realidad política y constitucional imposible de borrar:

el beneficiario concreto de esa cláusula no es un gobernador que está terminando su primer período.

Es un gobernador que lleva ocho.

Y cuya reelección indefinida ya provocó una declaración de inconstitucionalidad de la propia Corte.

La discusión no es si Formosa puede tener Constitución propia

Presentar el conflicto exclusivamente como una batalla entre Buenos Aires y la autonomía formoseña puede resultar políticamente conveniente, pero simplifica excesivamente el expediente.

Nadie pretende que la Nación redacte la Constitución de Formosa.

Nadie discute que los formoseños tengan derecho a organizar sus instituciones.

Lo que se está discutiendo es si esa organización respeta los límites que la Constitución Nacional impone a todas las provincias para garantizar una forma republicana de gobierno.

Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas.

La autonomía protege a las provincias frente al centralismo.

No convierte a los gobernadores en poderes constituyentes ilimitados.

El oficialismo deberá explicar la paradoja

Cuando llegue formalmente la notificación, la Fiscalía de Estado tendrá 60 días para desarrollar sus argumentos.

Y seguramente serán mucho más extensos y sofisticados que una consigna política.

Pero habrá una contradicción que deberá explicar.

La Corte dijo que la reelección indefinida debía terminar.

Formosa reformó su Constitución y formalmente la terminó.

Sin embargo, mediante una disposición transitoria, el mismo gobernador que había sido reelegido ocho veces podría volver a presentarse una vez más.

Ese es el punto.

Porque si después de ocho mandatos consecutivos el actual período puede transformarse jurídicamente en el "primero", el debate inevitable será determinar qué efecto real tuvo entonces el límite establecido después del fallo de la Corte.

La Corte no decidió todavía, pero ya aceptó discutirlo

También corresponde separar los hechos de las interpretaciones.

La Corte no inhabilitó a Insfrán.

No anuló todavía la cláusula transitoria.

No resolvió que exista una novena candidatura inconstitucional.

Lo que hizo es declararse competente y abrir formalmente el proceso para decidirlo. La Provincia tendrá oportunidad de defender su posición.

Pero políticamente el paso es enorme.

Porque significa que la cláusula diseñada por la Convención Constituyente formoseña no quedó blindada por el simple hecho de haber sido incorporada a la Constitución provincial.

Será sometida al control de constitucionalidad del máximo tribunal del país.

La autonomía no puede convertirse en la excusa para eternizar un poder

Formosa tiene autonomía.

Debe defenderla.

Pero la autonomía pertenece a la provincia y a sus ciudadanos, no a un gobernador determinado.

Y esa diferencia resulta esencial.

Defender la autonomía provincial significa defender la capacidad de los formoseños de gobernarse conforme a sus instituciones.

No necesariamente defender el derecho político de una misma persona a continuar presentándose indefinidamente.

Por eso, detrás de las declaraciones de la fiscal Zabala aparece una discusión que excede largamente a Insfrán.

Es una discusión sobre República, periodicidad, alternancia y límites al poder.

La Provincia tendrá ahora 60 días para defender jurídicamente su cláusula.

Después hablará la Corte.

Y entonces se sabrá si aquella reforma que supuestamente vino a terminar con la reelección indefinida realmente estableció un límite o si, mediante una disposición transitoria, simplemente volvió el contador a cero para intentar que gobierne nuevamente el mismo de siempre.

Porque después de ocho mandatos consecutivos, el interrogante resulta inevitable:

¿Defender la autonomía de Formosa o defender la posibilidad de una novena candidatura de Gildo Insfrán?

Esa es la diferencia que el Gobierno provincial tendrá que explicar.