LOS "CAFECITOS" DE $48,8 MILLONES: LA PROVEEDORA SERÍA ESPOSA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO Y OTRO EXPEDIENTE SACUDE A LA GESTIÓN CANIZA

La administración del intendente Ariel Caniza vuelve a quedar bajo fuertes cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos . Esta vez no se trata solamente de una denuncia política o de una declaración opositora: existe una Orden de Pago Presupuestaria de la propia Municipalidad de Clorinda que merece explicaciones detalladas.

El documento exhibido, correspondiente al ejercicio 2025, identifica el expediente D-27-25 y el Decreto N° 1060/25. Bajo el concepto "Servicios de Ceremonial" , registra un "Anticipo del 30%" por exactamente $14.640.000 , proveniente de Rentas Generales.

El destinatario consignado es Ana Carolina Bobadilla y la autorización, fechada el 28 de mayo de 2025, lleva una firma atribuida en el documento al intendente Jorge Ariel A. Caniza.

Hay un dato matemático particularmente significativo: si $14,64 millones representan efectivamente el 30% , el monto total de la operación asciende a $48,8 millones .

Casi 49 millones de pesos en servicios protocolares .

¿QUIÉN ES LA PROVEEDORA?

La segunda documentación aportada agrega otro elemento.

La constancia de inscripción de ARCA correspondiente a Bobadilla registra como actividad principal "Servicios personales N.C.P." . También aparecen como actividades secundarias la venta minorista de productos farmacéuticos y de herboristería, productos cosméticos y de tocador, perfumería y "servicios de espectáculos artísticos N.C.P.".

El domicilio fiscal consignado es España 960, Clorinda .

Pero el dato políticamente más delicado proviene de la investigación que  sostiene que Bobadilla sería esposa del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Marcelo Fernández , y que ambos tendrían dos hijos.

Esa relación familiar no queda acreditada por las dos imágenes documentales aportadas y, por lo tanto, corresponde presentarla como información atribuida al medio hasta contar con documentación independiente que la confirme.

Pero si el vínculo se confirma, la situación exige respuestas inmediatas.

¿Participó Fernández directa o indirectamente del procedimiento? ¿Se apartó de cualquier intervención? ¿La relación fue informada formalmente? ¿Qué controles se realizaron para prevenir un eventual conflicto de intereses? ¿Quiénes fueron los demás oferentes? ¿Cómo se determinó el precio?

Y, fundamentalmente:

¿qué servicios concretos justificaron una contratación de $48,8 millones?

NO ES UN EPISODIO AISLADO

El problema para la gestión Caniza es que este expediente aparece sobre una administración que ya acumula denuncias y cuestionamientos por otras contrataciones municipales .

En septiembre, una denuncia penal llegó a la Justicia Federal. La presentación impulsada por Juan Cruz Fernández y patrocinada por Juan Sebastián Montoya pidió investigar a Caniza y a otras personas por presuntos delitos que incluyen incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, defraudación, encubrimiento y lavado de activos. 

La denuncia federal comprende una docena de hechos relacionados con obras, contrataciones y manejo de fondos municipales. Entre los puntos cuestionados aparecen presuntos mecanismos de fraccionamiento de operaciones y adjudicaciones cuyos precios los denunciantes consideran alejados de valores de mercado. 

La responsabilidad penal, por supuesto, deberá determinarla la Justicia. Una denuncia no constituye una condena.

Pero la acumulación de expedientes controvertidos transforma la transparencia de las contrataciones municipales en un asunto público central .

CONTRATACIONES Y VÍNCULOS FAMILIARES: UN ANTECEDENTE QUE AGRAVA LAS PREGUNTAS

Este tampoco sería el primer cuestionamiento referido a proveedores relacionados familiarmente con funcionarios municipales.

En junio se difundieron documentos sobre contrataciones directas por servicios de sonido, publicidad y edictos adjudicadas a una firma atribuida a Lidia Susana Roa, hermana del director de Comunicación municipal Emilio Roa . La información publicada señaló contrataciones por distintos montos y sostuvo que las erogaciones relacionadas con sonorización y servicios conexos habían alcanzado cifras millonarias. El concejal oficialista Fernando Lagraña defendió entonces la legalidad de las contrataciones. 

Por eso el caso Bobadilla no debería responderse simplemente diciendo que una persona vinculada familiarmente a un funcionario puede contratar con el Estado.

La cuestión es otra.

¿Cómo se contrató? ¿A qué precio? ¿Existió competencia? ¿Quién decidió? ¿Qué se entregó? ¿Quién certificó la prestación? ¿Y qué mecanismos se aplicaron para evitar conflictos de intereses?

DE LOS PRESUNTOS SOBREPRECIOS AL PATRIMONIO BAJO LA LUPA

La denuncia federal fue todavía más lejos y solicitó investigar la evolución patrimonial vinculada al intendente.

Según la presentación, un inmueble identificado por los denunciantes como perteneciente al grupo familiar de Caniza habría experimentado una importante transformación edilicia durante su gestión, pasando de una construcción precaria a un edificio de varias plantas. Los denunciantes pidieron que se determine el costo de la obra y se contraste con los ingresos lícitos declarados. 

Otros cuestionamientos contra la administración municipal son anteriores. Ya se habían producido reclamos de concejales para acceder a documentación sobre compras municipales, al punto de acudir al Superior Tribunal de Justicia ante la falta de entrega de información que reclamaban. 

El Concejo Deliberante, además, registra oficialmente entre su documentación de 2026 la elevación de las rendiciones de cuentas municipales de 2025 al Tribunal de Cuentas provincial.

AHORA APARECEN LOS "CAFECITOS" MILLONARIOS

Y en ese contexto aparece una orden de pago por $14,64 millones como anticipo del 30% para "Servicios de Ceremonial" .

No es una cifra menor.

Si la documentación corresponde a una contratación total de $48,8 millones, la Municipalidad debería poder explicar con absoluta precisión qué se contrató, durante cuánto tiempo, para qué actividades, qué cantidades se presupuestaron y cómo se llegó a ese valor .

También debería transparentar el expediente completo: pedido de contratación, presupuestos, oferentes, adjudicación, facturas, certificaciones, órdenes de pago y comprobantes de las prestaciones realizadas.

Y si efectivamente la beneficiaria es esposa del secretario de Gobierno, debería aclararse documentalmente qué participación tuvo —o no tuvo— ese funcionario en todo el circuito administrativo .

LA PREGUNTA QUE CANIZA DEBE RESPONDER

El problema ya no consiste en un expediente aislado.

Son denuncias por sobreprecios, cuestionamientos a obras públicas, contrataciones señaladas por posibles vínculos familiares, reclamos de acceso a documentación y una causa presentada ante la Justicia Federal .

Todos estos antecedentes exigen algo elemental en cualquier administración pública:

máxima transparencia.

Caniza tiene derecho a defender su gestión y las personas denunciadas mantienen plenamente su presunción de inocencia.

Pero los clorindenses tienen un derecho igualmente elemental: saber adónde fue cada peso de sus impuestos.

Por eso, frente a los documentos que ahora aparecen, las respuestas deberían darse con expedientes abiertos sobre la mesa.

¿Qué recibió Clorinda a cambio de casi $49 millones en "Servicios de Ceremonial"?

¿Cómo se eligió a la proveedora?

¿Qué relación tiene con funcionarios municipales y cómo se administró un eventual conflicto de intereses?

Y, sobre todo:

¿EN LA MUNICIPALIDAD DE CLORINDA LAS CONTRATACIONES SE DECIDEN POR PRECIO Y COMPETENCIA O EL NEGOCIO TERMINA DEMASIADAS VECES CERCA DEL PODER?

La respuesta ya no puede ser política.

Tiene que estar en los papeles.