La administración Jofré, bajo fuego: el diputado Pablo Sosa irrumpió violentamente con una patota en la Municipalidad y amenazó a inspectores para recuperar la moto de su hijo

"La administración de Jorge Jofré bajo fuego del sector más violento e inescrupuloso de El Modelo Formoseño"

La administración del intendente Jorge Jofré volvió a quedar en el centro de una fuerte confrontación con dirigentes de un sector del oficialismo provincial. Esta vez, la controversia dejó el terreno de los discursos, los operativos de desgastes, el desfinanciamiento presupuestario y los cuestionamientos políticos para trasladarse a las propias dependencias municipales, donde el diputado provincial Pablo Sosa fue denunciado por amenazas, insultos y agresiones contra trabajadores del área de Tránsito, para recuperar la moto secuestrada a su hijo, que cruzó un semaforo en rojo, sin casco, sin papaeles de la moto y sin carnet de conducir.

El episodio adquiere particular gravedad por la condición institucional del denunciado: un legislador provincial que, precisamente por su responsabilidad pública, debería respetar las normas y los procedimientos administrativos, no intentar imponer su autoridad política sobre quienes tienen la obligación de hacerlos cumplir.

Según la denuncia formulada por el director de Tránsito, Orlando Ortiz, Sosa ingresó violentamente a las instalaciones municipales acompañado de una patota y exigió la inmediata devolución de una motocicleta que había sido retenida a su hijo, durante un procedimiento de control.

Lo que no cambia es la cuestión central: ningún parentesco con un funcionario puede justificar un trato privilegiado ante una infracción de tránsito.

"No sabés con quién puta te metés, soy funcionario"

La frase pronunciada por Pablo Sosa constituye el momento más comprometedor del episodio.

"NO SABÉS CON QUIÉN PUTA TE METÉS, SOY FUNCIONARIO", se escucha en el registro audiovisual difundido sobre el incidente.

La expresión reflejaría una utilización intimidatoria de su condición de funcionario público.

Porque el problema no sería solamente una discusión por una motocicleta.

Sería la pretensión de utilizar un cargo político para obtener un tratamiento diferente del que recibe cualquier vecino cuando incumple las normas.

¿Qué debería hacer un inspector municipal cuando un legislador o su hijo invoca su investidura para exigir que se revierta un procedimiento?

La respuesta institucional debería ser inequívoca: cumplir la ley y dejar constancia de cualquier amenaza o presión recibida.

El director de Transporte, Fabián Olivera, expresó públicamente su solidaridad con Ortiz y con los inspectores municipales, y repudió el comportamiento patoteril del soberbio diputado.

Pero el episodio ya plantea un interrogante político de enorme importancia: ¿los funcionarios provinciales consideran que las normas municipales también se aplican a ellos y a sus familiares?

La ofensiva política contra Jofré y el episodio que agravó la tensión

El incidente ocurrió en un contexto de enfrentamiento creciente entre sectores del justicialismo provincial y la administración de la Capital.

Un día antes, el concejal Marcelo Sosa, identificado con la agrupación 17 de Octubre, había vuelto a cuestionar la gestión de Jofré en el Concejo Deliberante, esta vez acompañando los reclamos salariales impulsados por el ex diputado Gildista y dirigente sindical Coqui Zarza.

El reclamo por mejores salarios es legítimo. Sin embargo, la discusión política también debería incluir la distribución de la coparticipación provincial, los recursos disponibles para la Municipalidad capitalina y la situación de los empleados de las demás comunas formoseñas.

La coincidencia temporal entre los cuestionamientos de Marcelo Sosa, Coqui Zarza, lel recrudecimientos de los ataques injuriantes del sicario mediático Evelio Rios, y el episodio protagonizado por Pablo Sosa profundizó las tensiones entre ambos espacios políticos.

El caso Mateo: el costo irreparable de la irresponsabilidad vial

El episodio también obliga a recordar una tragedia reciente que todavía conmueve a Formosa.

Mateo Romero, un niño de apenas seis años, murió atropellado por un motociclista , sin casco ni carnet de conducir y en estado de ebriedad en Colonia Casco Cué, jurisdicción de Pirané.

Su familia denunció posteriormente que el motociclista recuperó la libertad a las pocas horas por ser familiar de un importante dirigente de Gildo insfrán y cuestionó la falta de explicaciones judiciales.

Los padres de Mateo organizaron una movilización para reclamar justicia y buscaron hacer llegar su pedido al gobernador Gildo Insfrán, durante su visita a Pirané por la final de la Copa que lleva su nombre.

El padre del niño, Rodrigo Romero, aseguró que el gobernador pasó sin detenerse ni mirar los carteles. También denunció que la intendenta Yéssica Palacios había intentado disuadir a la familia de realizar la manifestación y que la policía les impidió manifestarse pacificamente.

La comparación entre ambos episodios no implica equiparar una infracción administrativa con un siniestro fatal.

Pero sí permite formular una pregunta que las autoridades deberían responder:

¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando un legislador es denunciado por patotear a inspectores para recuperar la motocicleta de su hijo, mientras una familia que perdió a su hijo reclama desesperadamente que se haga cumplir la ley?

La seguridad vial no puede depender de apellidos, relaciones políticas ni influencias personales.

Jorge Ibáñez y la disputa por la sucesión de Insfrán dentro del oficialismo

El conflicto también expone las tensiones políticas alrededor de la agrupación 17 de Octubre y del ministro de Economía provincial, Jorge Ibáñez, que conduce y financia las actividades de la agrupación.

Desde sectores vinculados al jofrismo se cuestiona el "multimillonario" despliegue territorial de Marcelo Sosa y se reclama conocer el origen de los recursos que permiten financiar sus operativos denominados "Marcelo Limpia tu Barrio".

Maquinaria, combustible, personal y materiales representan costos concretos

La gravedad de las acusaciones exige respuetas del gobierno de Gildo Insfrán.

El contraste entre el discurso de unidad y los enfrentamientos internos

Mientras el gobernador Gildo Insfrán insiste discursivamente en una falaz UNIDAD del justicialismo y pide evitar apresuramientos en la discusión sucesoria, los enfrentamientos y las embestidas de dirigentes del propio oficialismo provincial contra la administración de Jorge Jofré, adquieren una intensidad cada vez mayor.

Los ataques a la administración de Jofré aparece como el principal escenario de la disputa, por la susesión de Insfrán.

Pero existe una diferencia fundamental entre cuestionar una gestión y presionar o patotear a sus trabajadores.

La crítica política es legítima. La intimidación contra empleados públicos, no lo es.

Un diputado puede discutir una multa, pero no puede utilizar su investidura para imponer una decisión que privilegie a su hijo, por la fuerza.

La Justicia -si existiera- debería esclarecer los hechos y el diputado dar explicaciones

El episodio protagonizado por Pablo Sosa exige respuestas concretas.

Y, el Estado debe garantizar que los trabajadores municipales puedan cumplir sus funciones sin sufrir represalias, ni verse obligados a hacer la vista gorda ante infracciones de los hijos de los funcionarios.

La investidura legislativa no es un salvoconducto para desconocer las normas municipales.

En una provincia donde una familia todavía reclama justicia por la muerte de un niño atropellado, el respeto a las reglas de tránsito no debería ser objeto de negociaciones políticas.

Y mucho menos de amenazas.

La confrontación entre sectores del oficialismo y la administración de Jorge Jofré podrá continuar en el Concejo Deliberante, en los medios o en el debate público.

Pero hay un límite que ninguna interna debería atravesar:

los trabajadores municipales no pueden convertirse en blanco de intimidaciones por cumplir con su deber, y ningún funcionario ni su hijo debería pretender privilegios por el cargo que ocupa.