Pablo Sosa se cree dueño del Namqom: desafió a Jofré y advirtió que hasta el intendente deberá pedirle permiso para entrar al barrio

De diputado provincial a supuesto dueño de la puerta de entrada al barrio

El diputado provincial del Partido Justicialista Pablo Sosa volvió a quedar en el centro de la controversia política después de ratificar públicamente una exigencia tan llamativa como cuestionable: que el intendente Jorge Jofré y las autoridades de la Municipalidad de Formosa tengan que pedirle permiso para ingresar al barrio Namqom .

Durante una entrevista en el programa Algo Está Pasando , conducido por el periodista Fernando López , el legislador no solamente confirmó sus declaraciones anteriores, sino que dejó en claro que no se trataba de una expresión desafortunada producto de un momento de enojo.

"Cuando vienen al barrio me van a tener que pedir permiso a mí. Eso sí yo dije. Y me hago cargo de eso" , manifestó.

Cuando le preguntaron si mantenía esa posición, respondió sin vacilar: "Yo lo sostengo totalmente" .

Y cuando la consulta fue todavía más precisa —si el propio intendente Jorge Jofré debía solicitarle autorización para ingresar al Namqom—, su respuesta fue categórica: "Totalmente que sí" .

La contundencia de sus palabras deja planteado un interrogante institucional: ¿desde cuándo un diputado provincial puede atribuirse la facultad de autorizar o impedir el ingreso de autoridades municipales a un barrio de la ciudad?

"Yo soy el presidente del barrio": la justificación de Sosa

Para fundamentar su exigencia, el legislador apeló a su condición de referente indígena y presidente barrial.

"Cuando van a entrar al barrio tienen que pasar por mí porque yo soy el presidente del barrio" , sostuvo.

Sin embargo, ser presidente de una organización barrial no equivale a ejercer autoridad territorial sobre un sector de la ciudad , ni otorga por sí mismo facultades para condicionar el ingreso de funcionarios públicos que cumplen tareas dentro de sus competencias legales.

La representación comunitaria es legítima y merece respeto. Las organizaciones de los pueblos originarios tienen derecho a participar, ser escuchadas y exigir que las intervenciones estatales respeten sus derechos colectivos.

Pero representar a una comunidad no significa convertirse en propietario político del barrio , ni transformar una función de representación en un poder personal de autorización sobre cada visita o actividad municipal.

La diferencia es fundamental: coordinar con los referentes comunitarios es una práctica institucional razonable; exigir obediencia a un dirigente político como condición general de ingreso es otra cosa muy distinta .

Comparó al Namqom con su propia casa

Durante la entrevista, los conductores cuestionaron el alcance de sus afirmaciones y le señalaron que su planteo podía interpretarse como una apropiación del barrio.

Lejos de modificar su postura, Sosa comparó el ingreso de funcionarios municipales al Namqom con la entrada de una persona a una vivienda particular.

"Es como si fuese que yo vaya a su casa y quiera entrar sin permiso" , argumentó.

La comparación resulta profundamente discutible.

Un barrio no es la vivienda particular de un diputado. Allí viven familias, trabajadores, adultos mayores, jóvenes y niños que tienen derechos propios, independientemente de sus preferencias políticas o de su relación con cualquier dirigente.

El Namqom tampoco puede ser reducido a la voluntad individual de quien afirma presidir una organización barrial.

Los vecinos tienen derecho a recibir servicios, obras, mantenimiento, asistencia y prestaciones municipales conforme a la normativa vigente, sin que esos derechos queden sujetos al consentimiento personal de un legislador.

El escándalo de Tránsito y una nueva confrontación con la Municipalidad

Las declaraciones adquieren una dimensión política todavía mayor porque se producen después del enfrentamiento registrado en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa , donde Sosa fue señalado en una denuncia por presuntas amenazas contra inspectores municipales durante un conflicto relacionado con una motocicleta secuestrada.

En aquel episodio, el legislador quedó envuelto en una fuerte polémica por su comportamiento frente a trabajadores municipales.

Posteriormente, Sosa denunció públicamente haber sufrido destrato y discriminación por su pertenencia a un pueblo originario, acusaciones que también merecen ser esclarecidas.

Ahora, en lugar de contribuir a descomprimir el conflicto institucional, el diputado vuelve a colocar su autoridad personal en el centro de la discusión , esta vez frente al propio intendente de la ciudad.

La pregunta es inevitable: ¿pretende Sosa una coordinación respetuosa con la Municipalidad o reclama una facultad de autorización que no ha demostrado tener?

La representación indígena merece respeto, no personalismos

La controversia exige distinguir dos cuestiones que no deben confundirse.

Por un lado, las comunidades originarias tienen derechos reconocidos constitucionalmente , entre ellos el respeto de su identidad cultural, sus instituciones y las formas de participación que correspondan. Esos derechos no pueden ser ignorados por ninguna autoridad.

Por otro, ningún dirigente puede convertir automáticamente su representación comunitaria en un poder individual para controlar el acceso a todo un barrio .

La coordinación de obras y actividades con las autoridades comunitarias puede ser necesaria y beneficiosa. Pero eso no significa que un diputado provincial pueda imponer, por su sola declaración, una autorización personal obligatoria al intendente.

Precisamente por respeto a los vecinos del Namqom, resulta indispensable evitar que la representación de una comunidad se confunda con el ejercicio de un poder político individual.

Una aclaración que no despejó la polémica

Durante la entrevista, Sosa explicó que esperaba que las autoridades municipales conversaran previamente con él para coordinar las actividades.

"No le va a quitar nada venir a decirme: ‘Bueno, Pablo, vamos a entrar al barrio a hacer un trabajo o vamos a entrar al barrio a inaugurar’" , manifestó.

También aseguró: "Yo no le voy a ir a pegar al intendente ni a agredirle" .

Estas aclaraciones permiten entender que el legislador reclama un reconocimiento institucional a su representación barrial. Sin embargo, no eliminan la contradicción entre pedir diálogo y sostener que las autoridades deben contar con su permiso para ingresar .

Si su planteo se limita a exigir información previa y coordinación con la comunidad, debería expresarlo en esos términos.

Porque informar no es pedir permiso, coordinar no es someterse y representar no es mandar sobre todos los vecinos .

Namqom no puede convertirse en territorio de exclusividad política

El nuevo episodio deja una discusión de fondo que excede las diferencias entre Pablo Sosa y Jorge Jofré.

¿Quién decide sobre la prestación de servicios públicos en un barrio? ¿Las instituciones competentes, con participación de sus vecinos y organizaciones, o un dirigente que reclama para sí la última palabra?

El municipio tiene responsabilidades legales frente a los habitantes de toda la ciudad, incluido el Namqom. Esas obligaciones deben ejercerse respetando los derechos de las comunidades originarias y los procedimientos que correspondan.

Pero ni la investidura de diputado provincial ni la presidencia de una organización barrial constituyen, por sí solas, un título de propiedad política sobre un territorio .

Pablo Sosa podrá reclamar diálogo, participación y respeto. Lo que debe explicar es qué norma, mandato comunitario o atribución institucional le permitiría exigir que hasta el intendente tenga que pedirle autorización personal para entrar al barrio .

Porque el Namqom pertenece a sus vecinos y a su comunidad, no a la voluntad individual de ningún político .