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El muerto se asusta del degollado: García critica la ayuda a jubilados y expone la hipocresía del modelo

Critica la ayuda a jubilados, pero calla sobre el origen del problema. Las declaraciones de García no solo apuntan contra una asistencia concreta, sino que dejan al descubierto la contradicción de un discurso que evita asumir responsabilidades propias.

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García critica patrimonios ajenos mientras esquiva explicar el propio

En un nuevo capítulo del relato oficialista, el diputado provincial Hugo "Cacho" García —histórico, ultrafavorecido y multimillonario dirigente del esquema de poder que gobierna Formosa desde hace más de cuatro décadas— cuestionó duramente la ayuda de $50.000 que el PAMI otorgará a jubilados que perciben la mínima, destinada a mitigar el impacto de las abultadas boletas de energía eléctrica en la provincia.

El muerto se asusta del degollado.

Lejos de poner el foco en la crítica situación que atraviesan miles de adultos mayores, García eligió apuntar contra la gestión impulsada por el diputado nacional Atilio Basualdo y referentes del PAMI en El Colorado, como Horacio "Peco" Ziessenis. Calificó la medida como un "teatro político" y acusó —paradójicamente— al Gobierno nacional de utilizar la necesidad de los jubilados con fines electorales, algo que ellos hacen descaradamente todos los días con los recursos del Estado y con todas las instituciones públicas.

Sin embargo, sus declaraciones omiten un dato central: el peso determinante que tienen las decisiones del gobierno provincial y el entramado político y corrupción que rodea a REFSA en la conformación de las tarifas eléctricas que hoy ahogan a los formoseños.

El relato se derrumba: García acusa sin autoridad moral

En ese marco, resulta cuanto menos llamativo que el legislador descarte cualquier responsabilidad de la empresa provincial o del propio Ejecutivo, atribuyendo exclusivamente al Gobierno nacional el aumento en los costos de la energía.

Más aún cuando quienes integran la estructura de decisión —tanto en representación del Estado como de los accionistas privados— fueron designados a dedo, sin inversión real alguna, y todos son amigos, socios o parientes del gobernador Gildo Insfrán.

La postura de García no solo simplifica una problemática compleja, sino que además busca desviar el eje del debate. Mientras cuestiona una asistencia concreta que impactará directamente en el bolsillo de los jubilados, evita abordar el verdadero problema: los cuadros tarifarios locales, los costos de distribución y la ausencia de mecanismos transparentes de revisión, como las audiencias públicas que nunca se convocan.

Habla de patrimonios ajenos quien jamás pudo explicar el propio

Acusa lo que antes aplaudía y calla su sobre su propio multimillonario patrimonio que debería explicar. García, preso de su falta de autoridad moral

Pero el discurso oficialista va aún más allá. García intentó trasladar la discusión al terreno personal, con insinuaciones sobre el patrimonio de Basualdo que no solo resultan inconducentes, sino que exponen con crudeza una contradicción difícil de ocultar.

Escándalo de hipocresía: denuncia lo que lo define y critica lo que él practica

Resulta difícil tomar en serio las acusaciones de quien, tras más de cuatro décadas en la función pública y sin antecedentes laborales privados conocidos, pretende erigirse en juez del patrimonio ajeno sin haber dado nunca explicaciones claras sobre el propio.

Más que una denuncia, sus palabras parecen una proyección: señalar en otros lo que nunca pudo explicar en sí mismo.

Critica hoy lo que durante años toleró —e incluso avaló— cuando formaba parte del mismo espacio político, dejando en evidencia un doble estándar que debilita cualquier intento de cuestionamiento.

Habla de moral quien no puede sostenerla

Paradójicamente, quien hoy se indigna por una ayuda directa a los jubilados forma parte de un modelo que, tras décadas de gestión, no ha resuelto las inequidades estructurales en el acceso a servicios esenciales ni ha garantizado condiciones justas para los usuarios.

En este contexto, el verdadero debate queda relegado: ¿cómo se construyen las tarifas en Formosa?, ¿qué rol juega la provincia en su determinación?, ¿quiénes integran el directorio de REFSA y bajo qué criterios?, ¿y por qué, ante una crisis evidente, se cuestiona una asistencia concreta en lugar de discutir soluciones de fondo?

Las declaraciones de García, lejos de aportar claridad, terminan confirmando lo que intentan ocultar: un modelo que, frente a sus propias responsabilidades, elige acusar para no rendir cuentas.

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