"DECANOS TRUCHOS": AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO FRAUDE ELECTORAL EN LA UNaF
Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Martínez fueron emplazados a presentar documentación que acredite su condición de "Profesores por Concurso", requisito indispensable para haber podido competir legalmente por los decanatos en las elecciones realizadas el 13 de diciembre de 2024.

La crisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) sumó un nuevo y explosivo capítulo con el avance de la denominada causa de los "Decanos Truchos", una investigación que apunta contra Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Martínez por presuntas irregularidades vinculadas a las elecciones celebradas el 13 de diciembre de 2024 en distintas facultades de la casa de estudios.
Los tres funcionarios universitarios están acusados de haber accedido a sus cargos de decanos mediante la utilización de documentación presuntamente apócrifa o irregular, vinculada al requisito legal de ser "Profesores por Concurso", condición exigida por la normativa universitaria para poder ser candidatos.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que Olmedo, Sanabria y Martínez fueron formalmente emplazados a presentar la documentación respaldatoria que acredite fehacientemente dicha condición. Sin embargo, dentro del ámbito universitario crecen las sospechas de que los acusados intentarán recurrir a distintas maniobras dilatorias para evitar que el tema llegue rápidamente a una definición institucional y judicial.
La denuncia generó un fuerte impacto dentro de la denominada "Línea Azul", espacio político universitario al que pertenecen los decanos cuestionados. Incluso sectores internos reconocen en privado que ninguno de los tres habría reunido los requisitos legales necesarios para competir en las elecciones desarrolladas en la Facultad de Humanidades, la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) y la Facultad de Recursos Naturales.
El caso de Rafael Olmedo y María Rosa Sanabria aparece particularmente delicado. Antiguos empleados de la UNaF aseguran que ninguno de ellos habría accedido jamás a la carrera docente mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, lo que impediría considerarlos formalmente "Profesores por Concurso".
De confirmarse esta situación, no solo quedarían seriamente comprometidas sus designaciones docentes, sino también la legitimidad de sus candidaturas y de las elecciones en las que resultaron proclamados decanos.
La situación de Carlos Martínez tampoco escapa a la polémica. Según distintas fuentes universitarias, su ascenso académico dentro de la Facultad de Recursos Naturales habría sido meteórico y plagado de cuestionamientos. Incluso trascendió que años atrás participó en un concurso docente integrado por miembros cercanos a su entorno político y académico.
Sin embargo, pese a esos presuntos vínculos favorables, Martínez habría obtenido la peor calificación entre los postulantes que participaron del concurso, un dato que alimenta aún más las críticas respecto de su trayectoria y capacidad académica.
Dentro de la universidad crece además la sospecha de que en las últimas horas sectores cercanos a los funcionarios denunciados estarían trabajando contrarreloj para "emprolijar" antecedentes administrativos y despegarse de las cuestionadas elecciones celebradas en diciembre pasado, que algunos sectores califican directamente como "clandestinas".
La causa amenaza con transformarse en uno de los mayores escándalos institucionales de la historia reciente de la UNaF, ya que no solo pone bajo sospecha la legitimidad de tres decanatos, sino también el funcionamiento de mecanismos internos de control académico y administrativo.
Mientras tanto, el expediente avanza en medio de un clima político extremadamente tenso, con una universidad atravesada por disputas de poder, judicialización creciente y fuertes alineamientos políticos internos y externos con el gobierno provincial.
En los pasillos universitarios ya nadie oculta que el futuro institucional y judicial de Olmedo, Sanabria y Martínez aparece cada vez más comprometido.
Y, según distintas versiones, algunos de ellos ya habrían comenzado a buscar respaldo político fuera del ámbito universitario, recurriendo a despachos oficiales del poder provincial para intentar resistir el avance de una investigación que amenaza con derrumbar toda una estructura de poder construida durante años dentro de la UNaF.
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