La Justicia respaldó nuevamente a la gestión de Parmetler: la Cámara Federal rechazó el planteo de Olmedo, Sanabria y Martínez contra el Consejo Superior de la UNaF

Un nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal de Resistencia volvió a inclinar la balanza judicial a favor de la validez de las decisiones institucionales adoptadas durante la gestión del rector Augusto Parmetler en la Universidad Nacional de Formosa.

En una sentencia dictada este 15 de septiembre de 2026, las juezas Patricia Beatriz García y María Virginia Ise rechazaron el recurso directo promovido por los decanos Carlos Aníbal Martínez, María Rosa Sanabria y Alfredo Rafael Olmedo contra la Universidad Nacional de Formosa.

El fallo tiene especial trascendencia porque los recurrentes buscaban cuestionar decisiones adoptadas por el Honorable Consejo Superior y frenar actuaciones administrativas iniciadas a partir de denuncias que involucran a los propios decanos.

La Cámara no acompañó sus argumentos.

Querían voltear las decisiones del Consejo Superior

Martínez, Sanabria y Olmedo habían acudido a la Justicia cuestionando la sesión extraordinaria del Consejo Superior realizada el 24 de abril de 2026.

Entre otros argumentos, sostuvieron que aquella sesión habría perdido el quórum necesario después del retiro de algunos consiliarios y cuestionaron la legitimidad de decisiones adoptadas posteriormente.

También habían solicitado una medida cautelar para suspender los efectos de resoluciones del Consejo Superior.

El planteo buscaba alcanzar, entre otras, las resoluciones mediante las cuales se dispuso correr traslado de denuncias, suspender preventivamente a los decanos involucrados y conformar una comisión especial para analizar los hechos denunciados y determinar sus consecuencias institucionales.

La Justicia, sin embargo, terminó rechazando el planteo.

La Cámara fue al acta y desmontó el argumento del quórum

Uno de los aspectos centrales de la sentencia está relacionado con lo ocurrido durante aquella sesión del 24 de abril.

Los decanos argumentaban que, tras retirarse algunos integrantes, el Consejo Superior había quedado sin el número necesario para continuar sesionando.

Pero la Cámara revisó las constancias y llegó a otra conclusión.

Según el fallo, la convocatoria había sido cursada a los integrantes del Consejo Superior y la sesión comenzó con 17 consiliarios presentes más el rector Augusto Parmetler.

Posteriormente, cuatro integrantes se retiraron.

Sin embargo, el tribunal señaló que, aun descontándolos, permanecían 14 integrantes, por lo que el Consejo continuaba contando con el quórum necesario para sesionar válidamente.

La sentencia también tuvo en cuenta que el retiro de esos consiliarios quedó registrado en el acta y que la sesión continuó con el quórum necesario.

Ese punto desarma uno de los principales argumentos utilizados para intentar declarar nulas las decisiones adoptadas posteriormente.

La Justicia consideró legítima la comisión que debe investigar

Pero el fallo contiene otro dato políticamente explosivo.

La Cámara analizó también los cuestionamientos formulados contra la creación de una Comisión Especial destinada a estudiar los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades.

Y tampoco encontró fundamentos para invalidarla.

El tribunal destacó que la conformación de esa comisión encontraba sustento en las facultades del Consejo Superior y que, además, su integración había sido ampliada con participación de suplentes y consiliarios abogados para analizar las denuncias y recomendar las medidas que eventualmente correspondieran.

Es decir, la Cámara no hizo lugar al intento de bloquear el funcionamiento del mecanismo administrativo encargado de analizar las denuncias.

Una lista de posibles delitos de enorme gravedad

La dimensión del conflicto queda expuesta en la propia sentencia.

Al describir las actuaciones que dieron origen a la controversia, la Cámara menciona que las constancias acompañadas daban cuenta de hechos denunciados que podrían eventualmente encuadrarse —según esas presentaciones— en figuras como:

• asociación ilícita;
• amenazas coactivas agravadas;
• extorsión;
• atentado y resistencia contra la autoridad, con agravantes;
• perturbación del orden de sesiones de un órgano nacional;
• usurpación de autoridad;
• abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos;
• fraude en perjuicio de la administración pública;
• falsedad documental.

La sentencia no declara culpables a los decanos de esos delitos. Lo que hace —y la diferencia es fundamental— es señalar que esas son las figuras mencionadas en las denuncias y concluir que la comisión encargada de analizarlas tiene fundamento dentro de las facultades del Consejo Superior.

Por lo tanto, la discusión sobre esos hechos deberá continuar por las vías administrativas y judiciales correspondientes.

No lograron frenar las investigaciones

Este punto resulta central para comprender el alcance político de la derrota.

Los tres decanos pretendían obtener una decisión judicial que invalidara actuaciones del Consejo Superior vinculadas con las denuncias formuladas en su contra.

La Cámara no se las concedió.

Incluso señaló que las resoluciones cuestionadas aparecían "suficientemente motivadas", de acuerdo con las constancias analizadas, y que respetaban los derechos y garantías de los accionantes, circunstancia que descartaba la arbitrariedad o ilegitimidad invocada.

Por eso, lejos de quedar desactivado el procedimiento administrativo, el pronunciamiento deja en pie el camino institucional para que las actuaciones continúen.

Otro capítulo judicial favorable a la conducción de la UNaF

La resolución constituye objetivamente un nuevo resultado judicial favorable para la gestión encabezada por Parmetler, porque mantiene la validez de decisiones tomadas por el máximo órgano colegiado de la Universidad frente al intento de tres decanos de dejarlas sin efecto.

Y vuelve a aparecer un elemento que atravesó otros conflictos judiciales recientes de la UNaF: la autonomía universitaria.

La Cámara recordó que las universidades nacionales poseen autonomía institucional y académica, y que el control judicial no habilita a los tribunales a reemplazar a las autoridades universitarias en cuestiones que corresponden al ámbito propio de sus atribuciones, salvo que exista arbitrariedad o ilegalidad que justifique esa intervención.

Ese principio vuelve a resultar determinante.

La Justicia puede controlar la legalidad de los actos universitarios.

Lo que no puede hacer es convertirse en un Consejo Superior paralelo.

La parte resolutiva no dejó margen

Después de analizar los cuestionamientos, la Cámara resolvió expresamente:

"RECHAZAR el recurso directo interpuesto en fecha 04/05/2026".

Además, impuso las costas del proceso en el orden causado. La decisión fue adoptada con los votos de las juezas García e Ise.

Para Olmedo, Sanabria y Martínez, el resultado representa otro serio revés en la estrategia destinada a impugnar judicialmente las decisiones del Consejo Superior.

Para la conducción de Parmetler, en cambio, significa un nuevo pronunciamiento que mantiene en pie la legalidad de actuaciones institucionales cuestionadas por sus adversarios.

Ahora deberán avanzar las investigaciones

La sentencia no determina si los hechos denunciados existieron ni establece responsabilidades penales.

Pero sí despeja un obstáculo importante: el intento de invalidar las actuaciones del Consejo Superior no prosperó.

Ahora corresponde que cada denuncia siga el camino que jurídicamente corresponda, garantizando tanto una investigación profunda como el derecho de defensa de todos los involucrados.

Porque si las acusaciones son falsas, deberán ser descartadas.

Pero si existen pruebas de irregularidades administrativas o delitos, tendrán que determinarse las responsabilidades correspondientes.

Lo que los decanos no consiguieron fue que la Cámara Federal anulara el procedimiento institucional mediante el cual esos hechos comenzaron a ser analizados.

La Justicia habló nuevamente: rechazó el recurso de Olmedo, Sanabria y Martínez, mantuvo en pie las actuaciones del Consejo Superior y dejó abierta la investigación de denuncias de enorme gravedad que ahora deberán llegar hasta las últimas consecuencias.