ESCÁNDALO EN FORMOSA: el Gobierno y la Policía intentan justificar la censura y el encubrimiento del caso Antonio Caldera
Lejos de aclarar las gravísimas dudas generadas por el escandaloso episodio protagonizado por el presidente de la Comisión de Fomento de Los Chiriguanos, Antonio Caldera, el Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia, Trabajo y Seguridad de la provincia de Formosa y la Policía de Formosa difundieron un comunicado oficial que no hace más que profundizar la sensación de encubrimiento, censura y blindaje político alrededor del dirigente gildista.
El documento oficial intenta justificar tanto el cuestionado parte policial inicial como la decisión posterior de restringir, bloquear y eliminar comentarios en las redes sociales oficiales de la Policía, luego de las críticas masivas surgidas por el tratamiento del caso.
Todo ocurrió tras el violento episodio registrado durante la madrugada del sábado 9 de mayo de 2026 en Ingeniero Juárez, donde Caldera presuntamente, en total estado de ebriedad y bajo efectos de sustancias, terminó incrustando su camioneta Toyota SW4 contra una humilde vivienda aborigen y luego protagonizando disturbios y escenas de extrema violencia que quedaron registradas en videos viralizados por vecinos.
Sin embargo, el parte policial original evitó mencionar aspectos centrales del hecho: no identificó al conductor, no informó sobre posibles disparos, no habló de alcoholemia ni de análisis toxicológicos, tampoco aclaró si hubo demora preventiva, secuestro de armas o medidas judiciales concretas.
Frente a la indignación social, el gobierno provincial optó no por ampliar la información, sino por restringir la participación ciudadana y censurar comentarios críticos en las plataformas oficiales.
La polémica escaló aún más cuando la Policía intentó justificar esa decisión argumentando que buscaba evitar "situaciones de exposición, revictimización o difusión de información no verificada".
La explicación oficial, lejos de calmar las críticas, generó todavía más indignación.
Porque la pregunta que comenzó a repetirse masivamente en redes sociales fue inmediata:
¿La Policía no verificó nada?
¿No se hicieron estudios de alcoholemia?
¿No se realizaron análisis toxicológicos?
¿No se tomaron denuncias?
¿No hubo secuestro de armas?
¿No quedó nadie demorado?
¿O simplemente eligieron no informar para proteger políticamente al funcionario involucrado?
El comunicado oficial sostiene que:
"Diariamente brindamos información de los hechos de índole policial ocurridos en toda la provincia", y que las redes institucionales cuentan con "criterios de moderación orientados a preservar el respeto".
Pero para gran parte de la sociedad formoseña, el problema no fue la moderación, sino el uso de cuentas oficiales del Estado para ocultar información de interés público y blindar políticamente a uno de los hombres más cercanos al poder provincial.
"Cuando el involucrado pertenece al oficialismo, hablan de privacidad y revictimización. Si hubiese sido un opositor, ya tendrían nombre, foto, prontuario, reconstrucción del hecho y cadena provincial", cuestionaron usuarios en redes sociales.
La comparación no es menor
Muchos dirigentes y periodistas recordaron que, en otros casos protagonizados por ciudadanos comunes u opositores políticos, la Policía provincial no dudó en exponer identidades, fotografías y detalles personales incluso por hechos mucho menores.
Por eso, para numerosos sectores, el comunicado terminó confirmando precisamente aquello que intentaba negar: que existe un sistema de protección política e impunidad selectiva para determinados funcionarios vinculados al círculo íntimo del poder provincial y al gobernador Gildo Insfrán.
El escándalo ya no gira únicamente alrededor del violento episodio vial protagonizado por Caldera, sino también sobre el funcionamiento de un aparato estatal que parece más preocupado por controlar el relato y censurar críticas que por garantizar transparencia institucional y rendición de cuentas.
Mientras tanto, las preguntas centrales continúan sin respuesta:
¿Se realizó el test de alcoholemia?
¿Hubo análisis toxicológicos?
¿Se secuestró algún arma?
¿Existe imputación formal?
¿O la impunidad vuelve a imponerse cuando el involucrado pertenece al poder?
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