Con una orden judicial lograron encontrar a Ian: denuncian ocultamiento, hostigamiento a su madre y graves irregularidades en el sistema de protección de menores

El caso de Ian volvió a poner en el centro de la polémica el cuestionado accionar de los organismos provinciales encargados de la protección de la niñez, luego de que la madre del menor, Elena, lograra finalmente y encontrar a su hijo tras una semana de incertidumbre, denuncias de ocultamiento y una orden judicial que debió ser ejecutada en medio de fuertes enfrentamiento con José Quiroga regente del sistema de Minoridad.

Acompañada por las doctoras Gabriela Neme y Ailín Narváez, la mujer pudo verlo por un par de horas a Ian que estaba totalmente dopado, luego de siete días durante los cuales, según denunciaron, las autoridades provinciales no informaron dónde se encontraba alojado el niño, su estado de salud, ni permitieron el contacto con su madre.

Las denunciantes sostienen que el menor permaneció aislado de su entorno familiar mientras se sucedían denuncias públicas, presentaciones judiciales y pedidos de información que, aseguran, no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria.

Según relataron, el momento del reencuentro estuvo marcado por nuevos episodios de tensión.

Tanto Elena como sus representantes legales denunciaron que José Quiroga, señalado como responsable del lugar donde se encontraba alojado Ian, intentó impedir autoritaria y patoterilmente el contacto entre madre e hijo pese a la existencia de una orden judicial que autorizaba expresamente el encuentro.

Las acusaciones sostienen que el funcionario mantuvo una actitud intimidatoria y buscó obstaculizar el cumplimiento de la resolución judicial, situación que habría requerido la intervención de profesionales y autoridades hospitalarias para garantizar el acceso de la madre al menor.

En ese sentido, destacaron la actuación de la asistente social, de profesionales médicos y del secretario del hospital, Wilson Caballero, quienes intervinieron para hacer efectiva la orden judicial y permitir finalmente el encuentro.

Pero las denuncias no terminan allí.

Las abogadas sostienen que Ian habría sido trasladado sedado y que presentaba un estado preocupante al momento de ser encontrado, situación que, afirman, deberá ser esclarecida por la Justicia.

Además, reclaman que el menor pueda mantener conversaciones privadas con su madre, sin la presencia de personas vinculadas a organismos estatales o cooperativas que, según denunciaron, continúan interviniendo en los encuentros.

"¿Qué temen que Ian siga contando?", plantearon públicamente las representantes legales, al exigir que se garantice la libertad de comunicación entre el niño y su madre.

El conflicto tiene antecedentes que ya habían generado fuerte repercusión pública.

Días atrás, la doctora Gabriela Neme presentó un Habeas Corpus reclamando que las autoridades provinciales informaran el paradero del menor y permitieran a Elena mantener contacto con su hijo.

En aquella presentación, la abogada lanzó duras acusaciones contra responsables de la Dirección de Niñez y cuestionó severamente el funcionamiento del sistema de protección de menores en la provincia.

Neme ya había acusado de "DELINCUENTES" a los responsables de la dirección de niñez, y al MODELO FORMOSEÑO, de ABUSO Y PROSTITUCIÓN DE MENORES, cuando denunció que "no nos quieren dar información y mientras tanto hay un niño de 11 años siendo golpeado, privado de comida, abusado y obligado a bañarse con agua fría".

También denunció presuntos malos tratos, castigos y abusos sufridos por Ian durante su permanencia bajo tutela estatal y advirtió sobre la necesidad de una intervención urgente de la Justicia para proteger la integridad física y emocional del niño.

Las nuevas revelaciones vuelven a abrir interrogantes sobre las razones por las cuales se mantuvo durante días sin información clara sobre el paradero del menor, las condiciones en las que permaneció alojado y la actuación de los organismos encargados de garantizar su protección.

Mientras tanto, Elena continúa reclamando que se respeten sus derechos como madre y que se garantice el bienestar de Ian sin interferencias, hostigamientos ni obstáculos administrativos.

El caso, que ya se encuentra judicializado, promete sumar nuevos capítulos y coloca nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de las instituciones provinciales encargadas de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Más allá de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia, una pregunta continúa sin respuesta: ¿cómo fue posible que una madre tuviera que recurrir a una orden judicial para saber dónde estaba su hijo y poder abrazarlo después de siete días de incertidumbre?