La doble moral del poder: Brignole intentó escrachar a un opositor y expuso la hipocresía y contradicciones del oficialismo

Cuando un funcionario oficialista decide exponer públicamente a un dirigente opositor para sacar miserables réditos políticos de un tema tan sensible, no solo está vanalizando el tema, sino corriendo el riesgo que se convierta en un boomerang que termine exponieno la doble vara, la mendacidad del relato y la hipocresía del poder en Formosa.

 La violencia de género merece respuestas serias, investigaciones independientes y garantías para todas las personas involucradas; no actos de propaganda ni condenas anticipadas.

El problema no es únicamente el mensaje. También importa quién lo emite y con qué nivel de coherencia. La credibilidad de cualquier discurso institucional depende de que los mismos principios se apliquen sin excepciones, independientemente del cargo, la pertenencia política o la cercanía con el poder.

Cuando la condena pública parece reservarse para los adversarios, mientras las denuncias que involucran a integrantes del propio espacio reciben un tratamiento diferente o quedan envueltas en el silencio, se instala una percepción de doble estándar que debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

En el frustrado ataque de Brignole a Zieseniss, quedó expuesto la impunidad y la protección politica del Gobierno provincial que ha tolerado impunemente durante años la presencia en sus filas de personajes con gravísimas denuncias de violencia de género, abuso y maltrato.

Entre ellos, se destacan los casos de Ramiro Fernández Patri, denunciado en 2019 por su exesposa Zaira Asseph por violencia de género.

Marcelo Sosa, concejal capitalino denunciado por su expareja Cinthia Aguirre por violencia, maltrato, abuso sexual y amenazas.

El exdiputado Jorge "Coqui" Zarza, con varias denuncias por violencia y un hijo detenido por el femicidio de su pareja, es otro ejemplo de cómo el aparato político oficialista opera como refugio para quienes enfrentan acusaciones de esta naturaleza.

El exintendente de Subteniente Perín, Diego Romero, acumula denuncias de su expareja por maltratos físicos, psicológicos y amenazas.

Rodolfo "Chito" Ríos – exconcejal del Partido Justicialista de Villa Dos Trece (Villa 213). En 2018 fue denunciado por su expareja, Mónica Teresa Álvarez, por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género. El caso tuvo repercusión nacional tras un informe del programa Periodismo Para Todos.

José Guillermo Silva — intendente de Tres Lagunas (PJ). En noviembre de 2024 fue detenido alcoholizado por efectivos de Gendarmería Nacional en la provincia de Corrientes, luego de que la mujer que lo acompañaba solicitara auxilio durante un control vial por lesiones en contexto de violencia de género, y en la intervección de la fuerza no solo se resistió a la autoridad, sino golpeó a una integrante de Gendarmería. Posteriormente cumplió prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, por disposición e la judicia de Corrientes.

Jorge Abel González, ministro de Gobierno de Formosa, denunciado por la exfuncionaria Silvia Tarantini por presunto abuso sexual, acoso laboral y maltrato institucional.

Antonio Caldera , intendente de Los Chiriguanos, que no solo fue denunciado por violencia de genero, sino por múltiples denuncias por episodios violentos y patoterismo.

La igualdad ante la ley exige exactamente lo contrario: que toda denuncia sea investigada con independencia, respetando el debido proceso y sin privilegios para nadie. Ni la pertenencia partidaria puede transformarse en un escudo, ni la condición de opositor debería convertir a alguien en destinatario de una condena judicial y mediática anticipada.

La discusión tampoco puede agotarse en los discursos oficiales sobre igualdad de género. Es legítimo que la ciudadanía exija coherencia entre las declaraciones públicas y las prácticas institucionales, incluyendo la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión, la transparencia en el tratamiento de las denuncias y el fortalecimiento de organismos que actúen con autonomía.

La lucha contra la violencia de género no debería utilizarse para acumular ventajas políticas ni para sacar réditos. Cuando una causa tan trascendente se convierte en un instrumento de disputa partidaria, quienes terminan perdiendo son las víctimas, la credibilidad de las instituciones y la confianza pública.

La verdadera fortaleza de un sistema democrático no se mide por la dureza de los discursos, sino por la capacidad de garantizar que todas las denuncias reciban el mismo tratamiento, con independencia judicial, respeto al debido proceso y una sola vara para todos.