"INSFRÁN LOGRÓ LO QUE QUERÍA: DESTRUIR NUESTRAS EMPRESAS": Paoltroni paralizó 25 años de trabajo y denunció persecución, aprietes y asfixia económica en Formosa

Una noticia empresarial terminó convertida en una de las denuncias políticas más fuertes realizadas en los últimos tiempos contra el Gobierno de Formosa.

El senador nacional Francisco Paoltroni anunció públicamente que, después de 25 años de actividad empresarial, se vio obligado a cesar temporalmente las operaciones de sus firmas para ordenar su situación económica y afrontar los compromisos pendientes.

Pero Paoltroni no atribuyó la decisión a una crisis comercial ordinaria, una caída de ventas o una simple dificultad financiera.

Señaló directamente al poder político.

"Después de 25 años de trabajo, no tenemos otra alternativa que cesar las actividades", comenzó diciendo en un mensaje dirigido a clientes, empleados y proveedores.

Y enseguida lanzó la acusación central:

"La persecución política y los ataques nos han llevado al límite, al ahogo financiero, al ahogo económico".

"Insfrán logró lo que quería"

El tramo políticamente más explosivo llegó cuando Paoltroni responsabilizó personalmente al gobernador Gildo Insfrán por la situación.

"Insfrán logró lo que quería. Insfrán logró lo que quería: destruir nuestras empresas".

No es una acusación menor.

Paoltroni es actualmente senador nacional, pero antes de llegar a la política construyó durante décadas su actividad dentro del sector agropecuario y comercial.

Por eso, el anuncio de que sus empresas deben detenerse después de un cuarto de siglo adquiere una dimensión que trasciende su enfrentamiento político con Insfrán.

Si las razones son las que denuncia, la discusión pasa a ser institucional: ¿puede un empresario opositor desarrollar normalmente sus actividades económicas en Formosa sin que su enfrentamiento político con el Gobierno interfiera en ellas?

Paoltroni asegura que no.

Ahora corresponde que las instituciones involucradas expliquen su actuación.

Multas, embargos, presiones y animales secuestrados: las graves acusaciones

El senador detalló una sucesión de episodios que, según su versión, fueron estrangulando económicamente a sus empresas.

Habló de "multas que nos han inventado", de embargos atribuidos al Gobierno provincial y de presiones relacionadas con su actividad comercial.

También denunció "persecución en los remates a los clientes vendedores" y "aprietes a los clientes compradores", además de lo que describió como "miles de formas de presión y de amenazas".

Entre las situaciones que mencionó, destacó una especialmente grave:

"Todavía hay un cliente que desde marzo le secuestraron 300 animales y no se los devuelven".

Cada una de estas afirmaciones requiere documentación y esclarecimiento. Si existieron multas y embargos, deberá conocerse qué organismo los dispuso, mediante qué expediente, por qué infracciones o deudas, qué posibilidades de defensa existieron y cuál es actualmente su situación judicial.

Lo mismo ocurre con los 300 animales que Paoltroni afirma que permanecen secuestrados.

Porque ante acusaciones de semejante gravedad existen dos posibilidades que deben despejarse: o fueron procedimientos legales debidamente fundamentados, o existió una utilización arbitraria de herramientas estatales contra una actividad privada.

Y la diferencia entre una cosa y la otra es enorme.

"Siete embargos de AFIP en tres días"

Paoltroni agregó otro dato llamativo.

Según relató:

"Son siete embargos de AFIP en tres días. Jamás nos había sucedido una situación igual".

En este punto también será necesario determinar el origen, fecha, monto y fundamento de cada medida. Además, la referencia del senador a "AFIP" debe contextualizarse: el organismo nacional fue reemplazado institucionalmente por ARCA en 2024, aunque coloquialmente todavía suele utilizarse la denominación anterior.

Lo relevante de su denuncia es que Paoltroni presenta todos estos episodios como partes de un mismo proceso de "ahogo financiero" que terminó haciendo inviable, al menos temporalmente, la continuidad normal de sus empresas.

"En Formosa no dejan trabajar"

El mensaje dejó rápidamente de referirse exclusivamente a su situación particular.

Paoltroni extendió su denuncia al funcionamiento económico y político de toda la provincia.

"En Formosa no dejan trabajar, en Formosa te matan, te asfixian. Esto es lo que sufrió toda la población de mi provincia".

La expresión es extremadamente dura y debe entenderse en el contexto de la denuncia política formulada por el senador.

Pero detrás de la hipérbole aparece un debate que Formosa debería poder discutir sin consignas partidarias: qué condiciones encuentra el sector privado para invertir, producir, contratar trabajadores y desarrollarse con autonomía del Estado provincial.

Ese interrogante cobra todavía mayor dimensión cuando las denuncias no aparecen aisladas.

En los últimos tiempos productores y referentes rurales también vienen planteando públicamente dificultades para producir y comercializar, problemas de infraestructura y cuestionamientos a determinadas intervenciones del Estado.

Eso no demuestra por sí mismo la existencia de una persecución organizada. Pero sí vuelve razonable exigir respuestas concretas en lugar de reducir cada cuestionamiento a una disputa entre oficialismo y oposición.

Una empresa que se detiene significa mucho más que Paoltroni

Existe, además, una cuestión que debería estar por encima de las diferencias partidarias.

Cuando una empresa con 25 años de actividad suspende operaciones, el problema no afecta exclusivamente a su propietario.

Detrás existen empleados, familias, proveedores, productores, transportistas, compradores, vendedores y clientes.

Y en una provincia donde el peso del empleo público y de las transferencias estatales es determinante, cada actividad privada que se reduce debería constituir una señal de alarma.

Formosa necesita más empresas, no menos.

Más inversión privada.

Más productores.

Más generación genuina de empleo.

Más personas capaces de desarrollarse económicamente sin necesitar una relación de dependencia con el Estado.

Por eso, independientemente de la identidad política de Paoltroni, el cese de una empresa de 25 años no debería festejarlo ningún gobierno.

Paoltroni prometió pagar: "Vamos a honrar todas nuestras deudas"

En medio del duro anuncio, el senador buscó transmitir tranquilidad a quienes mantienen relaciones comerciales con sus firmas.

Aseguró que la paralización permitirá ordenar las cuentas y que su intención es cumplir las obligaciones asumidas.

"Quiero dar tranquilidad a todos nuestros clientes: vamos a honrar todas nuestras deudas y poner orden en esta situación".

Ese compromiso será ahora determinante.

La evolución comercial de las empresas permitirá establecer el alcance real de la crisis anunciada, mientras que las denuncias políticas deberán transitar otro camino: documentación, expedientes y Justicia.

Una denuncia que Paoltroni asegura haber llevado al Senado

El legislador recordó que sus cuestionamientos contra el Gobierno formoseño no comenzaron con la crisis de sus empresas.

"Lo he denunciado en el Senado durante estos dos años y medio como senador", afirmó.

Y lamentó no haber encontrado, según sus palabras, "eco ni apoyo suficiente para ponerle fin a la tiranía".

Finalmente, volvió a destacar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como contrapeso institucional frente a los gobiernos provinciales que buscan perpetuarse.

La referencia no aparece en el vacío: la Corte ya declaró inconstitucional en 2024 la cláusula de la Constitución formoseña que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador, al considerar que resultaba incompatible con los principios republicanos.

¿Persecución política o procedimientos legales? El Gobierno debería responder punto por punto

Aquí aparece el desafío principal.

Paoltroni formuló acusaciones concretas.

No alcanza con responder que se trata de un opositor a Insfrán.

Si las multas fueron legítimas, que se exhiban sus fundamentos.

Si los embargos corresponden a obligaciones incumplidas, que se explique cuáles.

Si las intervenciones en remates tuvieron fundamento legal, que se conozcan los expedientes.

Si existió el secuestro de los 300 animales denunciado, que se informe quién lo ordenó, por qué y cuál es su situación actual.

Y si las acusaciones de presiones y amenazas son falsas, el Gobierno tiene todo el derecho a desmentirlas y aportar elementos que contradigan al senador.

Lo que no debería ocurrir es que semejante denuncia desaparezca detrás de la pelea política.

Una pregunta que excede a Paoltroni e Insfrán

La confrontación entre Francisco Paoltroni y Gildo Insfrán es conocida.

Pero reducir todo el episodio a esa disputa sería perder de vista el problema central.

Después de 25 años, un empresario que además ocupa una banca en el Senado anuncia que debe detener sus empresas y asegura que el poder político provincial lo llevó al "ahogo financiero".

Eso exige respuestas.

Porque el interrogante que queda flotando ya no es únicamente qué ocurrió con las empresas de Francisco Paoltroni.

Es mucho más profundo:

¿QUÉ GARANTÍAS TIENE EN FORMOSA UN PRODUCTOR O EMPRESARIO PARA INVERTIR, CRECER Y COMPETIR CUANDO NO FORMA PARTE DEL PODER O SE ENFRENTA POLÍTICAMENTE CON ÉL?

Paoltroni dio su respuesta de la manera más dramática posible:

"En Formosa no dejan trabajar".

Ahora le corresponde al Gobierno provincial explicar, con documentos y hechos, por qué esa acusación sería falsa.

Porque una provincia que pretende desarrollarse necesita seguridad jurídica, reglas previsibles y empresarios dispuestos a invertir.

Y, fundamentalmente, necesita que producir, trabajar y progresar nunca dependa de estar políticamente de acuerdo con quien gobierna.